Primer año de una decisión histórica: despenalización del aborto en Colombia 21 de febrero de 2023 Profamilia —como organización líder en la defensa y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos — celebra el primer año de la decisión de la Corte Constitucional que permitió la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Esta representa un paso histórico para la garantía de los derechos de las mujeres y personas gestantes en el país y Latinoamérica, así como un avance trascendental hacia el reconocimiento de su autonomía y ciudadanía plena. Gracias a la Sentencia quienes, ante un embarazo no deseado, decidan abortar no van a ser judicializadas, ni criminalizadas por acceder a lo que hoy es considerado como un servicio de salud y un asunto de justicia social. De igual forma, la organización reconoce la expedición de la Resolución 051 de 2023, con la que el Ministerio de Salud regula la atención integral para ofrecer servicios de aborto en toda Colombia. Con esta resolución se reconoce que tanto mujeres como personas gestantes (hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias, entre otras) pueden acceder al servicio sin restricciones y reitera que, el aborto es un servicio esencial y urgente de salud que debe garantizarse y no suspenderse. Desde su promulgación, Profamilia ha garantizado la implementación de la Sentencia C-055 de 2022 en su red de más de 53 clínicas especializadas en salud sexual y reproductiva a nivel nacional.  En ese sentido, la Organización comparte con la opinión pública un análisis de lo que ha evidenciado en el primer año de la Sentencia, así como recomendaciones para avanzar hacia una sociedad que respete y garantice la aplicación de la jurisprudencia vigente en pro de los derechos y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes en el país.     Lo positivo: mayor acceso y compromiso Las mujeres, hombres trans y no binarias que deciden interrumpir el embarazo lo hacen tempranamente. Durante este primer año, el 97.2% de los abortos realizados a través de Profamilia, se hicieron antes de la semana 16 de gestación y de estos, el 86% antes de la semana 12 y solo un 1,1% de los procedimientos se realizaron después de las 24 semanas, bajo alguna de las causales de la Sentencia C-355 de 2006   Después de la Sentencia C-055, el acceso al aborto seguro ha mejorado. La Organización registró un aumento del 65,9% en los procedimientos. Esta información coincide con la evidencia de otros países (Uruguay, Francia, Portugal, España, Ciudad de México, en México) en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un aumento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye.   Profamilia ha fortalecido su servicio Mía, con el que se acompañan y realizan abortos autogestionados hasta la semana 12 de gestación a través de telemedicina. Con este servicio se ha llegado a mujeres que desean interrumpir sus embarazos en municipios de difícil acceso como: Leticia, en el Amazonas, Bahía Solano, en el Chocó, San Vicente del Caguán, en el Caquetá, Dibulla, en La Guajira, entre otros.   Distintas autoridades han cumplido sus obligaciones y reiterado su compromiso con el derecho al aborto. En agosto de 2022, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó que Colombia se retiraba oficialmente de la Declaración del Consenso de Ginebra -reconocida por su contenido contrario a la autonomía reproductiva y a la diversidad familiar- y reiteró que el país reconoce, respeta y protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas y que, de acuerdo con la Constitución Política y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral e indivisible de los derechos y la salud sexual y reproductiva.   La Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud garantiza el servicio para las mujeres migrantes en Colombia y se reconoce este derecho como un servicio esencial y urgente que nunca puede suspenderse. Se eliminan además los copagos y cuotas moderadoras en las EPS y centros médicos. Se reafirma que las menores de 14 años pueden decidir autónomamente sobre un aborto, sin permiso de sus padres y aun cuando su decisión sea contraria a la de ellos. En la resolución se insta a modernizar los protocolos como un avance para el bienestar de las mujeres y personas gestantes.   El pasado 2 de febrero de 2023, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 023 que tiene como objetivo garantizar el derecho al aborto sin barreras y promover el conocimiento y acceso a información sobre derechos y prevención de la maternidad y paternidad temprana, con lo cual no solo se impacta el derecho a la salud, sino que se fortalece al sector y se convierte en un referente para otras ciudades del país en el compromiso que deben asumir para garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud.   El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2022-2026 incluyó la garantía del derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en el marco de la formulación e implementación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos que debe actualizarse para los próximos 10 años, con esto es posible asegurar recursos que permitan impulsar la materialización de todas las medidas y acciones que aseguren la garantía del derecho al aborto en Colombia. Aun preocupa: persisten las barreras y la violencia A pesar de la Sentencia C-055 de 2022, Profamilia ha recibido usuarias, con menos de 24 semanas de gestación, que refieren haber encontrado barreras en profesionales de la salud que han limitado el derecho y servicio de aborto.   Por otra parte, las estadísticas de Profamilia sobre la prestación de servicios de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en su red de clínicas en todo el país revelan un preocupante aumento de la violencia sexual contra menores de 14 años, ya que de 2021 a 2022 se identifica un aumento de 47,3%. Este dato coincide, lamentablemente, con el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que indica que hubo un aumento del 23% para el año 2022 de los delitos sexuales contra menores de edad, con respecto al año anterior.   La legalización del aborto en Colombia ha evidenciado limitaciones en la calidad de los servicios, es fundamental eliminar toda forma de discriminación y violencia, formación y sensibilización del personal de salud, la eliminación del legrado como técnica principal y la clausura definitiva de los sitios donde se practican procedimientos inseguros.   ¿Qué retos existen?   Es necesario cumplir integralmente las órdenes de la Sentencia C-055 de 2022. Por eso es fundamental apoyar la aprobación de las iniciativas legislativas y de política pública que buscan la implementación y fortalecimiento de la Educación Integral en Sexualidad en todos las instituciones de educación del país, con el fin de prevenir las violencias basadas en género, promover el ejercicio seguro y responsable de la autonomía sexual y reproductiva, el conocimiento y empoderamiento en derechos, el acceso efectivo y oportuno a métodos anticonceptivos, así como la búsqueda de una sociedad con equidad de género.   Con el manejo del aborto como un asunto de salud pública, el país tiene la posibilidad de acabar con la muerte prevenible de 70 mujeres que cada año pierden la vida por abortos inseguros, así como reducir y evitar 132.000 complicaciones derivadas de este tipo de procedimientos. La legalización del aborto representa la oportunidad de poner en el centro la protección de la salud y la vida de las niñas y mujeres como el principal objetivo de toda la política pública en salud.   La eliminación de barreras en el acceso a servicios de aborto seguro debe ser una prioridad de las autoridades locales de salud, quienes tienen a su cargo la inspección, vigilancia y control del sistema de salud en sus jurisdicciones. Es necesario implementar mecanismos intersectoriales de seguimiento y monitoreo de barreras y acompañamiento técnico de los prestadores de salud para asegurar una implementación ordenada y sistematizada de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas regulatorias que se han venido expidiendo.   Las entidades territoriales, en todos sus niveles, deben asumir la iniciativa y el liderazgo de hacer realidad los derechos sexuales y reproductivos en sus jurisdicciones. El ejemplo del Concejo de Bogotá y su acuerdo sobre la eliminación de barreras para el aborto seguro es una muestra de cómo se pueden adoptar medidas locales orientadas a facilitar la implementación de los mandatos constitucionales y reglamentarios sobre el aborto con acciones. “Luego de un año es posible ver los avances que ha logrado el país en materia de autonomía reproductiva y derechos para las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, hay que pasar del texto a los hechos, garantizando que la Sentencia 055 de 2022 sea aplicada. El compromiso de Profamilia será siempre la prestación de servicios integrales, humanizados y seguros que permitan la toma de decisiones libres e informadas, hoy lo reiteramos. Aseguró Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia. "Colombia ha marcado una pauta para la región, las mujeres y personas gestantes merecen elegir la mejor decisión para ellas y sus familias. En IPPF estamos comprometidas a hacer crecer la marea verde para asegurar que todos los países tengan los mismos derechos para todas las personas, especialmente en Centroamérica y el Caribe" dijo Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe.   Contacto prensa: SECNewgate Julián Villabona Account Manager 3004521219 [email protected] Profamilia Christian Jimenez Director Nacional de Comunicaciones 3144566759 [email protected]              

La Federación Internacional de Planificación de la Familia de las Américas y el Caribe se enorgullece de dar la bienvenida a dos nuevas asociaciones miembro en Guadalupe y Bolivia.  La Asociación Guadalupeña para la Planificación Familiar (AGPF) y Colectivo Rebeldía se unen a la familia de la IPPF, que abarca 30 países de la región de las Américas y el Caribe y más de 120 países de todo el mundo Creada en 1965, la Association Guadeloupéenne pour le Planning Familial (AGPF), también conocida como La Maternite Consciente, supervisa el bienestar materno e infantil y gestiona los programas de inmunización, infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH y SIDA. Gestiona 5 clínicas, que ofrecen servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, pruebas de embarazo, pruebas de Papanicolaou, detección de ITS y asesoramiento previo y posterior al aborto. La AGPF también ofrece servicios educativos de divulgación sobre anticoncepción y salud sexual y reproductiva -SSR- en criollo, para promover el uso de los servicios clínicos, especialmente entre las personas migrantes de islas vecinas como Dominca, Haití y Santa Lucía, que con frecuencia desean utilizar los servicios de SSR, pero no pueden pagarlos. La organización ha sido un miembro afiliado de la IPPF a través de la Afiliación de Planificación Familiar del Caribe (CFPA) durante muchos años, y se convirtió en una Asociación Miembro de pleno derecho en noviembre de 2022.       Colectivo Rebeldía inició sus actividades en marzo de 1995. Un grupo de mujeres feministas se articularon para, desde sus rebeldías, incidir y ampliar el impacto de los sueños de dignidad y vida plena para todas las mujeres. Su misión, desde la rebeldía crítica y propositiva, recrea los feminismos a través de las libertades sexuales, los saberes, los diálogos y los conocimientos junto a mujeres y organizaciones empoderadas, transformando la sociedad, la economía y la política para vivir bien.   Están cerca de entrar en la tercera década, el Colectivo Rebeldía sigue siendo un poderoso frente del movimiento de mujeres y feminista a nivel local y nacional en Bolivia. Y una institución consistente en su lucha por el ejercicio de los derechos de las mujeres y la justicia social y reproductiva. Colectivo se convirtió en Asociación Miembro de la IPPF en noviembre de 2022    

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) celebra el lanzamiento del primer informe de la Comisión de Alto Nivel sobre la Cumbre de Nairobi (HLC). La comisión es una junta consultiva independiente compuesta por 26 miembros de diferentes sectores, encargada de supervisar los progresos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).  Aunque reconocemos que se ha realizado progreso, la IPPF lamenta leer que ninguna región está en camino de aplicar y cumplir plenamente sus compromisos de la CIPD.   El seguimiento de la aplicación de los servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas y que tienen en cuenta las cuestiones de género es crucial para garantizar la rendición de cuentas y los derechos humanos para todos. Por ello, la IPPF lanzó su informe de la Cumbre de Nairobi CIPD+25 - Una hoja de ruta para cumplir la promesa, y nuestra base de datos de seguimiento de los compromisos de la CIPD, la cual analiza los compromisos asumidos por los gobiernos de 137 países que participaron en la cumbre de Nairobi en 2019 para conmemorar el 25º aniversario del Programa de Acción de la CIPD.   La IPPF apoya plenamente el marco de la justicia sexual y reproductiva y está comprometida a seguir las recomendaciones del llamado a la acción del informe:  1) hacer de la justicia el objetivo final. (2) situar los derechos y el desarrollo en el centro de la acción, (3) pensar de forma diferente y buscar innovaciones en la prestación de servicios de salud, (4) llegar más lejos y dar prioridad a los grupos marginados que se enfrentan a las peores disparidades en términos de justicia sexual y reproductiva, (5) hacer seguimiento y aumentar la financiación de los SDSR, y (6) crear nuevas narrativas en torno a la justicia sexual y reproductiva que sean lo suficientemente precisas y potentes como para contrarrestar voces de oposición recurrentes. Anamaria Bejar, Directora Global de Incidencia Política, dijo: "Nos enfrentamos a una encrucijada crítica: el informe deja claro que los gobiernos tienen que actuar ahora y rápido. La salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden seguir pendiendo de un hilo; no son negociables. La pandemia nos ha mostrado lo frágil que es el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y cómo la oposición han utilizado COVID-19 para atacar derechos que tanto costaron conseguir, como el acceso a la atención del aborto seguro. Las Asociaciones Miembro de la IPPF continuarán cumpliendo con nuestros compromisos de garantizar que todas las personas, sin importar dónde estén o quiénes sean, accedan a una atención sanitaria de alta calidad y hagan realidad sus plenos derechos". El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la IPPF, añadió: "El informe es un recordatorio aleccionador de que estamos lejos de alcanzar los compromisos adquiridos en la CIPD. Cairo fue un momento histórico para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, pero más de 25 años después, seguimos sin alcanzar su visión y hemos avanzado poco desde Nairobi. Las mujeres, las niñas y las personas de comunidades marginadas no pueden esperar más, ni deben hacerlo. Los gobiernos tienen que hacer más; esto significa más inversión financiera, más voluntad política y un sentido de urgencia para que volvamos al camino."

The International Planned Parenthood Federation regional office for the Americas and The Caribbean celebrates this huge win for LGBTQ+ rights in the Caribbean. We stand with our allies - especially SKNAFE and ECADE, in strong solidarity with the ongoing fight for decriminalization in other Caribbean countries and advocate through our Member Associations for much-needed access to healthcare services free from stigma and discrimination.   In a statement released yesterday Executive Director of ECADE, Kenita Placide said of the ruling, “[Of] the seven Caribbean and 34 Commonwealth countries that criminalised same sex intimacy, this is the second to strike down these discriminatory laws in 2022. Our strategy has been multilayered; working with activists on the ground, our colleagues, friends, allies and family. This win is part of the transformative journey to full recognition of LGBTQ persons across the OECS. It is a definitive yes to change, yes to privacy, yes to freedom of expression, and we are happy to be part of this historic moment.”  Today Saint Kitts and Nevis Eastern Caribbean Supreme Court ruled that sections 56 and 57 of the Offences Against the Person Act were unconstitutional. This has made Saint Kitts and Nevis the second Caribbean territory this year to decriminalize same-sex intimacy after a similar ruling in Antigua and Barbuda.     Looking to the decriminalization cases which have been launched in St. Vincent & Grenadines, Jamaica, Barbados, and Dominica, IPPF strongly urges these states - and others around the region to do their part and protect the rights of LGBTQ+ citizens.     We expect and look forward to more courts standing in defense of their citizen's human rights and dignity.    

Blog in el Comercio of Irma Ramos executive director of INPPARES La Educación Sexual Integral (ESI) desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar de todas las personas. Contar con la ESI en las escuelas les proporcionará a las niñas, niños y adolescentes una educación cimentada en la promoción, la protección y el ejercicio de sus derechos humanos. Pese a los esfuerzos y a la implementación de estrategias de diversos organismos estatales, no hay una significativa disminución del embarazo durante la adolescencia. Durante los dos años de confinamiento, hemos presentado casos de violencia sexual y uniones forzadas, especialmente en adolescentes que requerían de orientación sobre su salud sexual y reproductiva. Solo en el 2020, el año más crítico de la pandemia en el Perú, 1.158 adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, según el INEI. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes, 2021) revela que, del 8,9% de embarazos registrados en mujeres de 15 a 19 años, solo el 33,6% culminó la primaria. La misma fuente señala que el 6,9% de las mujeres entre 15 a 49 años ha sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses y, de esa cifra, el 1,8% reconoce haber sido abusada sexualmente por su pareja. Además, en el 2021, se perpetraron 146 feminicidios y 123 tentativas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Es por ello que, si empoderamos a las mujeres desde niñas con educación, apoyo y acceso a servicios para que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, avanzaremos en la construcción de la igualdad de género con un enfoque de derechos. Los Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica Regular (RVM-169-2021-MINEDU) fueron aprobados hace casi un año. Desde el Inppares, hemos promovido la primera red de docentes defensores de la ESI a nivel nacional, a fin de contribuir a través de ellos con el fortalecimiento de estudiantes, colaborando en su autoconocimiento, autocuidado, relacionamiento y sexualidad; ayudándoles a desenvolverse en un mundo en el que la violencia, las desigualdades basadas en género, los embarazos adolescentes no planificados, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar. Como sociedad civil, lamentamos que las infancias y adolescencias continúen siendo víctimas recurrentes de diversas formas de violencia. Las experiencias por las que atraviesan son desgarradoras y en la mayor parte de los casos son afrontadas de manera solitaria. Estas les afectan física, psicológica y socialmente y, en su mayoría, les impide cumplir con sus sueños y proyectos de vida. Respecto al marco legal, en comparación con otros países de la región, nos encontramos rezagados. En Latinoamérica, seis países tienen leyes que promueven la Educación Sexual Integral (México, Colombia, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Uruguay). Mientras que, en nuestro país, conseguir una norma con rango de ley parece alejarse cada vez más con iniciativas como el reciente proyecto de ley 904-2021-CR que busca que determinados grupos agremiados de padres de familia fiscalicen textos y materiales educativos sin tener requisitos técnicos y pedagógicos para el desempeño de tan importante tarea. Es debido a esta ingrata realidad que abogamos por la igualdad de género, las relaciones saludables, el comportamiento sexual saludable y la prevención de infecciones de transmisión sexual desde una perspectiva positiva, científica, desde la educación, promoviendo una cultura de prevención y poniendo énfasis en valores como el respeto, la inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad. Desde la sociedad civil, incidimos política y públicamente en favor de la ESI, mediante alianzas y el diálogo constante con los involucrados, autoridades, organizaciones, periodistas, docentes y adolescentes y jóvenes, con el objetivo de incidir en las políticas públicas, impulsar el bienestar sexual y reproductivo de las personas residentes en el Perú, así como el libre ejercicio de sus derechos. Irma Ramos Directora ejecutiva de Inppares  

Sobre el proyecto de opinión del Tribunal Supremo de EE.UU, sobre el caso Roe v Wade, el Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la IPPF, dijo: "Si los informes son ciertos, el más alto tribunal del país ha tocado su punto más bajo. Si siguen por el camino de anular el caso Roe v Wade robarán a millones de personas su libertad, su autonomía corporal y su libertad, los mismos valores de los que se enorgullece Estados Unidos". "Esta decisión también influenciará otros movimientos extremistas conservadores de todo el mundo, que buscan negar a las mujeres su libertad reproductiva. No se equivoquen, este fallo costará millones de vidas en los próximos años. "El Tribunal Supremo todavía está a tiempo de hacer lo correcto y mantener el caso Roe contra Wade. La IPPF hará todo lo posible para garantizar que las personas puedan interrumpir su embarazo de forma segura."  Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Karmen Ivey en [email protected] o [email protected]    Acerca de la Federación Internacional de Planificación de la Familia La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es un proveedor de servicios mundial y defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas.   Durante más de 65 años, la IPPF, a través de sus 118 Asociaciones Miembro y 15 socios, ha prestado servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y ha ayudado a promover los derechos sexuales, especialmente para las personas con necesidades interseccionales y diversas que actualmente no están cubiertas. Nuestras Asociaciones Miembros y socios son organizaciones independientes de propiedad local, lo que significa que el apoyo y la atención que proporcionan se basan en la experiencia y el contexto locales. Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, y contra quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y la libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase.   Imagen principal: Protesta por el derecho al aborto en Washington DC, EE.UU. - foto de Gayatri Malhotra, Unsplash