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Las Américas y el Caribe

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El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe

El año de 2023 se acerca a su fin y desde IPPF expresamos nuestra más sincera gratitud por su inquebrantable trabajo los cuales han sido fundamentales para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda América y el Caribe.

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| 22 December 2023

El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe

Forjando Cambios, Tejiendo Conexiones: El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe El año de 2023 se acerca a su fin y desde IPPF expresamos nuestra más sincera gratitud por su inquebrantable trabajo los cuales han sido fundamentales para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda América y el Caribe.  Al reflexionar sobre el año, celebramos los logros colectivos en busca de un panorama más inclusivo, accesible, basado y orientado a los derechos y las personas. Ha sido un honor caminar juntas, y destacamos algunas iniciativas clave en comunidades de 30 países de la región. Después de nuestra reunión regional en Panamá, esperamos fortalecer aún más nuestras alianzas y seguir tejiendo juntes acciones duraderas para crear un cambio significativo en nuestra región, aprendiendo de las experiencias y conocimientos de cada une. De cara al futuro, esperamos continuar esta importante labor en 2024 con aún más fuerza e intercambio. ¡Uniendo esfuerzos, demos forma a un futuro en el que los derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las personas! Ampliación del acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos  Estamos presentes en 26 países en las Américas y el Caribe haciendo incidencia política y brindando servicios e información de salud sexual y reproductiva.  Brindamos más de 18,545,339 servicios de salud sexual y reproductiva a lo largo de las Américas y el Caribe. De estos un 36% fueron brindados a personas jóvenes menores de 25 años. En 2023 dimos la bienvenida a 5 Socias Colaboradoras nuevas: en Argentina, Guatemala, Guyana,  Haití y Venezuela,  y una nueva Asociación Miembro en Chile.  Con Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras elaboramos un plan de trabajo para orientar nuestras prioridades como región. Trabajamos con las Mujeres viviendo con el VIH para mejorar los servicios de salud para que aborden sus necesidades de salud sexual y reproductiva y garanticen su maternidad libre y segura. De la mano de la membresía y aliadas estratégicas lanzamos en Trinidad y Tobago en Diciembre  el Observatorio Caribeño de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para fortalecer la incidencia política basada en evidencia. Conectamos la incidencia política en los niveles regionales y globales para construir respuestas colectivas. Lanzamos junto a Amnistía Internacional, Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Redlactrans, Redtrasex, Synergistic - Iniciativa por los Derechos Humanos y Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, la alianza regional por los DDHH y la inclusión de las personas trabajadoras sexuales. Creamos y fortalecimos alianzas con colectivas y organizaciones en el Caribe cómo Feminitt Caribbean, Caribbean Vulnerable Populations Coalition y ECADE para avanzar en los derechos de las personas LGBTIQ+ y juventudes. Fortalecimos alianzas con ILGA World y AWID para discutir trans y solidaridad feminista. Articulamos con organismos y agencias como ONUSIDA, CEPAL, UNFPA, ONU Mujeres y EPF para seguir posicionando la agenda de derechos y salud sexual y reproductiva.  De la mano de Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras emitimos recomendaciones para tomadores de decisión en temas clave como uniones tempranas, trabajo sexual, aborto y juventudes. Actuando con las juventudes al centro  La nueva Red regional de jóvenes de IPPF desarrolló su primera reunión para estrategizar y elegir a su comité directivo. Aumentamos la presencia de juventudes en el equipo de lPPF ACRO para atender mejor sus necesidades.  La Red de Jóvenes de IPPF participó en el X Aniversario del Consenso de Montevideo y en la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Estamos más fuertes en las redes sociales y medios de comunicación. Ampliamos la difusión de mensajes estratégicos sobre nuestros temas prioritarios en la región. Nos posicionamos como líderes en DSDR en medios de comunicación como Subele a la Radio, Pressenza, El Soberano.org, La tercera y El Observador mundial, entre otros. Alcanzamos a más de 15k personas alrededor de la región con mayor incidencia en Perú, México, Barbados, Guyana, Surinam, Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina, Aruba y Estados Unidos 

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| 29 February 2024

El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe

Forjando Cambios, Tejiendo Conexiones: El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe El año de 2023 se acerca a su fin y desde IPPF expresamos nuestra más sincera gratitud por su inquebrantable trabajo los cuales han sido fundamentales para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda América y el Caribe.  Al reflexionar sobre el año, celebramos los logros colectivos en busca de un panorama más inclusivo, accesible, basado y orientado a los derechos y las personas. Ha sido un honor caminar juntas, y destacamos algunas iniciativas clave en comunidades de 30 países de la región. Después de nuestra reunión regional en Panamá, esperamos fortalecer aún más nuestras alianzas y seguir tejiendo juntes acciones duraderas para crear un cambio significativo en nuestra región, aprendiendo de las experiencias y conocimientos de cada une. De cara al futuro, esperamos continuar esta importante labor en 2024 con aún más fuerza e intercambio. ¡Uniendo esfuerzos, demos forma a un futuro en el que los derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las personas! Ampliación del acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos  Estamos presentes en 26 países en las Américas y el Caribe haciendo incidencia política y brindando servicios e información de salud sexual y reproductiva.  Brindamos más de 18,545,339 servicios de salud sexual y reproductiva a lo largo de las Américas y el Caribe. De estos un 36% fueron brindados a personas jóvenes menores de 25 años. En 2023 dimos la bienvenida a 5 Socias Colaboradoras nuevas: en Argentina, Guatemala, Guyana,  Haití y Venezuela,  y una nueva Asociación Miembro en Chile.  Con Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras elaboramos un plan de trabajo para orientar nuestras prioridades como región. Trabajamos con las Mujeres viviendo con el VIH para mejorar los servicios de salud para que aborden sus necesidades de salud sexual y reproductiva y garanticen su maternidad libre y segura. De la mano de la membresía y aliadas estratégicas lanzamos en Trinidad y Tobago en Diciembre  el Observatorio Caribeño de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para fortalecer la incidencia política basada en evidencia. Conectamos la incidencia política en los niveles regionales y globales para construir respuestas colectivas. Lanzamos junto a Amnistía Internacional, Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Redlactrans, Redtrasex, Synergistic - Iniciativa por los Derechos Humanos y Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, la alianza regional por los DDHH y la inclusión de las personas trabajadoras sexuales. Creamos y fortalecimos alianzas con colectivas y organizaciones en el Caribe cómo Feminitt Caribbean, Caribbean Vulnerable Populations Coalition y ECADE para avanzar en los derechos de las personas LGBTIQ+ y juventudes. Fortalecimos alianzas con ILGA World y AWID para discutir trans y solidaridad feminista. Articulamos con organismos y agencias como ONUSIDA, CEPAL, UNFPA, ONU Mujeres y EPF para seguir posicionando la agenda de derechos y salud sexual y reproductiva.  De la mano de Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras emitimos recomendaciones para tomadores de decisión en temas clave como uniones tempranas, trabajo sexual, aborto y juventudes. Actuando con las juventudes al centro  La nueva Red regional de jóvenes de IPPF desarrolló su primera reunión para estrategizar y elegir a su comité directivo. Aumentamos la presencia de juventudes en el equipo de lPPF ACRO para atender mejor sus necesidades.  La Red de Jóvenes de IPPF participó en el X Aniversario del Consenso de Montevideo y en la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Estamos más fuertes en las redes sociales y medios de comunicación. Ampliamos la difusión de mensajes estratégicos sobre nuestros temas prioritarios en la región. Nos posicionamos como líderes en DSDR en medios de comunicación como Subele a la Radio, Pressenza, El Soberano.org, La tercera y El Observador mundial, entre otros. Alcanzamos a más de 15k personas alrededor de la región con mayor incidencia en Perú, México, Barbados, Guyana, Surinam, Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina, Aruba y Estados Unidos 

Photo of representatives with the Atlas at the launch event
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| 23 October 2023

IPPF ACRO y aliados lanzan Atlas de Políticas de Anticoncepción

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

Photo of representatives with the Atlas at the launch event
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| 28 February 2024

IPPF ACRO y aliados lanzan Atlas de Políticas de Anticoncepción

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

Map of clinic services
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| 16 October 2023

IPPF ACRO expresa su preocupación por las orientaciones del Ministerio de Sanidad de Zambia, que desaconseja el uso del término "salud y derechos sexuales y reproductivos".

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

Map of clinic services
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| 28 February 2024

IPPF ACRO expresa su preocupación por las orientaciones del Ministerio de Sanidad de Zambia, que desaconseja el uso del término "salud y derechos sexuales y reproductivos".

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

Sex work Alliance
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| 07 June 2023

Presentación de la Alianza por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo

La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos. Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos. Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo. Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento. Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado. Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas. Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas. Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia. A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social. Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.

Sex work Alliance
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| 29 February 2024

Presentación de la Alianza por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo

La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos. Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos. Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo. Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento. Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado. Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas. Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas. Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia. A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social. Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.

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| 15 February 2023

Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.  

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| 28 February 2024

Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.  

Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash
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| 29 June 2022

El Tribunal Supremo de EE.UU. anula el caso Roe contra Wade en un golpe devastador para la salud y los derechos de las mujeres

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el caso Roe contra Wade, en lo que supone el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos, eliminando 50 años de protección constitucional del aborto en todo el país, lo que significa que los estados individuales decidirán ahora la legalidad del aborto dentro de su jurisdicción. Veintiséis estados, entre los que se encuentran Misisipi, Oklahoma, Texas y Georgia, están a punto de promulgar "leyes desencadenantes" que limitarán o prohibirán gravemente el aborto, poniendo a unos 40 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en riesgo de perder el acceso al aborto, siendo las personas con menores ingresos y las de color las más afectadas.  El mosaico de prohibiciones estatales del aborto significa que quienes no tienen fondos para viajar a servicios de aborto seguros y legales o para acceder a píldoras abortivas médicas se verán obligadas a recurrir a métodos inseguros y no regulados, sin garantía de calidad de la atención o de cuidados posteriores si las cosas van mal. El devastador retroceso de los derechos reproductivos fue el resultado del caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, una sentencia de 2018 que prohibió el aborto en Mississippi después de las 15 semanas de embarazo. De los nueve jueces del Tribunal Supremo federal, seis votaron a favor de la ley de Misisipi y tres en contra, anulando efectivamente el caso Roe v. Wade El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade es el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos y una conclusión indignante y devastadora de lo que ya era una eliminación inconstitucional de la asistencia sanitaria que salva vidas. "Al continuar su ataque desenfrenado contra el cuerpo de las mujeres y obligarlas a llevar los embarazos a término, el más alto tribunal del país ha alcanzado su punto más bajo, robando a millones de personas su libertad y su autonomía corporal, los mismos valores de los que se enorgullece Estados Unidos. "Sabemos de sobra que prohibir el aborto no significa que haya menos abortos y que, cuando se promulga la prohibición del aborto, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que las personas que no pueden acceder legalmente a servicios de aborto seguro, incluidas las píldoras abortivas, se verán obligadas a recurrir a métodos no regulados e inseguros, lo que puede provocar daños graves o incluso la muerte y costar vidas durante décadas. "Las consecuencias de esta calculada decisión también repercutirán en todo el mundo, envalentonando a otros movimientos antiabortistas, antimujeres y antigénero y afectando a otras libertades reproductivas. Los jueces que anteponen sus creencias personales a la voluntad, los precedentes y las leyes estadounidenses pronto tendrán las manos manchadas de sangre, y estamos desolados por los millones de personas que sufrirán este cruel juicio." La anulación del caso Roe contra Wade también va en contra de la democracia y de los valores que el Tribunal Supremo debe representar y proteger, ya que la mayoría (60%) de los estadounidenses apoya el caso Roe contra Wade y el 70% cree que la decisión de interrumpir un embarazo corresponde a la mujer o a la persona embarazada y a su médico. Elizabeth Schlachter, directora de promoción y representante en EE.UU. de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La peligrosa sentencia del Tribunal Supremo no sólo es regresiva, sino que también está muy alejada de la mayoría de los estadounidenses, que sabemos que apoyan el acceso a la atención del aborto. También está en desacuerdo con gran parte del mundo, donde el acceso al aborto se está ampliando para llegar a todos los que necesitan este servicio de salud vital. "Al anular el derecho constitucional al aborto en todo EE.UU. y dejar la decisión en manos de cada estado, muchas partes de EE.UU. se unirán ahora a El Salvador, Nicaragua y Polonia, con algunas de las prohibiciones más restrictivas, extremistas y que ponen en peligro la vida de la atención al aborto en el mundo. "Pero no se trata sólo del movimiento antiaborto en Estados Unidos; se trata de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de conservadores y religiosos anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y extremistas de la supremacía blanca, que están utilizando dinero sucio y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención sanitaria, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad. "Con los derechos de larga data bajo ataque sostenido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia está implorando a los gobiernos de todo el mundo que hagan más para proteger la democracia y las libertades de los pueblos de la interferencia y la influencia de estos grupos extremistas."   La Asociación Miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la Planned Parenthood Federation of America (PPFA), sigue prestando servicios a todas las personas que los necesitan cuando es legalmente posible, incluso a través de la telemedicina para las píldoras abortivas. La IPPF y la PPFA también seguirán trabajando sin descanso para proteger los derechos de todas las personas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, luchando contra el extremismo en su esencia y garantizando que las mujeres y las personas embarazadas no se vean obligadas a llevar un embarazo o a dar a luz en contra de su voluntad. Para ayudar a que el aborto siga siendo legal, seguro y accesible, puede donar a la International Planned Parenthood Federation or Planned Parenthood Federation of America. Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Karmen Ivey en [email protected]  o [email protected]  Acerca de la Federación Internacional de Planificación de la Familia La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es un proveedor global de servicios y defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos.   Durante más de 65 años, la IPPF, a través de sus 118 Asociaciones Miembro y 15 socios, ha prestado servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y ha ayudado a promover los derechos sexuales, especialmente para las personas con necesidades interseccionales y diversas que actualmente no están cubiertas. Nuestras Asociaciones Miembros y socios son organizaciones independientes de propiedad local, lo que significa que el apoyo y la atención que proporcionan se basan en la experiencia y el contexto locales. Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos frente a quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y la libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase. Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash

Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash
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| 27 June 2022

El Tribunal Supremo de EE.UU. anula el caso Roe contra Wade en un golpe devastador para la salud y los derechos de las mujeres

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el caso Roe contra Wade, en lo que supone el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos, eliminando 50 años de protección constitucional del aborto en todo el país, lo que significa que los estados individuales decidirán ahora la legalidad del aborto dentro de su jurisdicción. Veintiséis estados, entre los que se encuentran Misisipi, Oklahoma, Texas y Georgia, están a punto de promulgar "leyes desencadenantes" que limitarán o prohibirán gravemente el aborto, poniendo a unos 40 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en riesgo de perder el acceso al aborto, siendo las personas con menores ingresos y las de color las más afectadas.  El mosaico de prohibiciones estatales del aborto significa que quienes no tienen fondos para viajar a servicios de aborto seguros y legales o para acceder a píldoras abortivas médicas se verán obligadas a recurrir a métodos inseguros y no regulados, sin garantía de calidad de la atención o de cuidados posteriores si las cosas van mal. El devastador retroceso de los derechos reproductivos fue el resultado del caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, una sentencia de 2018 que prohibió el aborto en Mississippi después de las 15 semanas de embarazo. De los nueve jueces del Tribunal Supremo federal, seis votaron a favor de la ley de Misisipi y tres en contra, anulando efectivamente el caso Roe v. Wade El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade es el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos y una conclusión indignante y devastadora de lo que ya era una eliminación inconstitucional de la asistencia sanitaria que salva vidas. "Al continuar su ataque desenfrenado contra el cuerpo de las mujeres y obligarlas a llevar los embarazos a término, el más alto tribunal del país ha alcanzado su punto más bajo, robando a millones de personas su libertad y su autonomía corporal, los mismos valores de los que se enorgullece Estados Unidos. "Sabemos de sobra que prohibir el aborto no significa que haya menos abortos y que, cuando se promulga la prohibición del aborto, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que las personas que no pueden acceder legalmente a servicios de aborto seguro, incluidas las píldoras abortivas, se verán obligadas a recurrir a métodos no regulados e inseguros, lo que puede provocar daños graves o incluso la muerte y costar vidas durante décadas. "Las consecuencias de esta calculada decisión también repercutirán en todo el mundo, envalentonando a otros movimientos antiabortistas, antimujeres y antigénero y afectando a otras libertades reproductivas. Los jueces que anteponen sus creencias personales a la voluntad, los precedentes y las leyes estadounidenses pronto tendrán las manos manchadas de sangre, y estamos desolados por los millones de personas que sufrirán este cruel juicio." La anulación del caso Roe contra Wade también va en contra de la democracia y de los valores que el Tribunal Supremo debe representar y proteger, ya que la mayoría (60%) de los estadounidenses apoya el caso Roe contra Wade y el 70% cree que la decisión de interrumpir un embarazo corresponde a la mujer o a la persona embarazada y a su médico. Elizabeth Schlachter, directora de promoción y representante en EE.UU. de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La peligrosa sentencia del Tribunal Supremo no sólo es regresiva, sino que también está muy alejada de la mayoría de los estadounidenses, que sabemos que apoyan el acceso a la atención del aborto. También está en desacuerdo con gran parte del mundo, donde el acceso al aborto se está ampliando para llegar a todos los que necesitan este servicio de salud vital. "Al anular el derecho constitucional al aborto en todo EE.UU. y dejar la decisión en manos de cada estado, muchas partes de EE.UU. se unirán ahora a El Salvador, Nicaragua y Polonia, con algunas de las prohibiciones más restrictivas, extremistas y que ponen en peligro la vida de la atención al aborto en el mundo. "Pero no se trata sólo del movimiento antiaborto en Estados Unidos; se trata de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de conservadores y religiosos anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y extremistas de la supremacía blanca, que están utilizando dinero sucio y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención sanitaria, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad. "Con los derechos de larga data bajo ataque sostenido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia está implorando a los gobiernos de todo el mundo que hagan más para proteger la democracia y las libertades de los pueblos de la interferencia y la influencia de estos grupos extremistas."   La Asociación Miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la Planned Parenthood Federation of America (PPFA), sigue prestando servicios a todas las personas que los necesitan cuando es legalmente posible, incluso a través de la telemedicina para las píldoras abortivas. La IPPF y la PPFA también seguirán trabajando sin descanso para proteger los derechos de todas las personas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, luchando contra el extremismo en su esencia y garantizando que las mujeres y las personas embarazadas no se vean obligadas a llevar un embarazo o a dar a luz en contra de su voluntad. Para ayudar a que el aborto siga siendo legal, seguro y accesible, puede donar a la International Planned Parenthood Federation or Planned Parenthood Federation of America. Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Karmen Ivey en [email protected]  o [email protected]  Acerca de la Federación Internacional de Planificación de la Familia La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es un proveedor global de servicios y defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos.   Durante más de 65 años, la IPPF, a través de sus 118 Asociaciones Miembro y 15 socios, ha prestado servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y ha ayudado a promover los derechos sexuales, especialmente para las personas con necesidades interseccionales y diversas que actualmente no están cubiertas. Nuestras Asociaciones Miembros y socios son organizaciones independientes de propiedad local, lo que significa que el apoyo y la atención que proporcionan se basan en la experiencia y el contexto locales. Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos frente a quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y la libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase. Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash

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| 22 December 2023

El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe

Forjando Cambios, Tejiendo Conexiones: El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe El año de 2023 se acerca a su fin y desde IPPF expresamos nuestra más sincera gratitud por su inquebrantable trabajo los cuales han sido fundamentales para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda América y el Caribe.  Al reflexionar sobre el año, celebramos los logros colectivos en busca de un panorama más inclusivo, accesible, basado y orientado a los derechos y las personas. Ha sido un honor caminar juntas, y destacamos algunas iniciativas clave en comunidades de 30 países de la región. Después de nuestra reunión regional en Panamá, esperamos fortalecer aún más nuestras alianzas y seguir tejiendo juntes acciones duraderas para crear un cambio significativo en nuestra región, aprendiendo de las experiencias y conocimientos de cada une. De cara al futuro, esperamos continuar esta importante labor en 2024 con aún más fuerza e intercambio. ¡Uniendo esfuerzos, demos forma a un futuro en el que los derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las personas! Ampliación del acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos  Estamos presentes en 26 países en las Américas y el Caribe haciendo incidencia política y brindando servicios e información de salud sexual y reproductiva.  Brindamos más de 18,545,339 servicios de salud sexual y reproductiva a lo largo de las Américas y el Caribe. De estos un 36% fueron brindados a personas jóvenes menores de 25 años. En 2023 dimos la bienvenida a 5 Socias Colaboradoras nuevas: en Argentina, Guatemala, Guyana,  Haití y Venezuela,  y una nueva Asociación Miembro en Chile.  Con Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras elaboramos un plan de trabajo para orientar nuestras prioridades como región. Trabajamos con las Mujeres viviendo con el VIH para mejorar los servicios de salud para que aborden sus necesidades de salud sexual y reproductiva y garanticen su maternidad libre y segura. De la mano de la membresía y aliadas estratégicas lanzamos en Trinidad y Tobago en Diciembre  el Observatorio Caribeño de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para fortalecer la incidencia política basada en evidencia. Conectamos la incidencia política en los niveles regionales y globales para construir respuestas colectivas. Lanzamos junto a Amnistía Internacional, Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Redlactrans, Redtrasex, Synergistic - Iniciativa por los Derechos Humanos y Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, la alianza regional por los DDHH y la inclusión de las personas trabajadoras sexuales. Creamos y fortalecimos alianzas con colectivas y organizaciones en el Caribe cómo Feminitt Caribbean, Caribbean Vulnerable Populations Coalition y ECADE para avanzar en los derechos de las personas LGBTIQ+ y juventudes. Fortalecimos alianzas con ILGA World y AWID para discutir trans y solidaridad feminista. Articulamos con organismos y agencias como ONUSIDA, CEPAL, UNFPA, ONU Mujeres y EPF para seguir posicionando la agenda de derechos y salud sexual y reproductiva.  De la mano de Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras emitimos recomendaciones para tomadores de decisión en temas clave como uniones tempranas, trabajo sexual, aborto y juventudes. Actuando con las juventudes al centro  La nueva Red regional de jóvenes de IPPF desarrolló su primera reunión para estrategizar y elegir a su comité directivo. Aumentamos la presencia de juventudes en el equipo de lPPF ACRO para atender mejor sus necesidades.  La Red de Jóvenes de IPPF participó en el X Aniversario del Consenso de Montevideo y en la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Estamos más fuertes en las redes sociales y medios de comunicación. Ampliamos la difusión de mensajes estratégicos sobre nuestros temas prioritarios en la región. Nos posicionamos como líderes en DSDR en medios de comunicación como Subele a la Radio, Pressenza, El Soberano.org, La tercera y El Observador mundial, entre otros. Alcanzamos a más de 15k personas alrededor de la región con mayor incidencia en Perú, México, Barbados, Guyana, Surinam, Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina, Aruba y Estados Unidos 

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| 29 February 2024

El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe

Forjando Cambios, Tejiendo Conexiones: El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe El año de 2023 se acerca a su fin y desde IPPF expresamos nuestra más sincera gratitud por su inquebrantable trabajo los cuales han sido fundamentales para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda América y el Caribe.  Al reflexionar sobre el año, celebramos los logros colectivos en busca de un panorama más inclusivo, accesible, basado y orientado a los derechos y las personas. Ha sido un honor caminar juntas, y destacamos algunas iniciativas clave en comunidades de 30 países de la región. Después de nuestra reunión regional en Panamá, esperamos fortalecer aún más nuestras alianzas y seguir tejiendo juntes acciones duraderas para crear un cambio significativo en nuestra región, aprendiendo de las experiencias y conocimientos de cada une. De cara al futuro, esperamos continuar esta importante labor en 2024 con aún más fuerza e intercambio. ¡Uniendo esfuerzos, demos forma a un futuro en el que los derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las personas! Ampliación del acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos  Estamos presentes en 26 países en las Américas y el Caribe haciendo incidencia política y brindando servicios e información de salud sexual y reproductiva.  Brindamos más de 18,545,339 servicios de salud sexual y reproductiva a lo largo de las Américas y el Caribe. De estos un 36% fueron brindados a personas jóvenes menores de 25 años. En 2023 dimos la bienvenida a 5 Socias Colaboradoras nuevas: en Argentina, Guatemala, Guyana,  Haití y Venezuela,  y una nueva Asociación Miembro en Chile.  Con Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras elaboramos un plan de trabajo para orientar nuestras prioridades como región. Trabajamos con las Mujeres viviendo con el VIH para mejorar los servicios de salud para que aborden sus necesidades de salud sexual y reproductiva y garanticen su maternidad libre y segura. De la mano de la membresía y aliadas estratégicas lanzamos en Trinidad y Tobago en Diciembre  el Observatorio Caribeño de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para fortalecer la incidencia política basada en evidencia. Conectamos la incidencia política en los niveles regionales y globales para construir respuestas colectivas. Lanzamos junto a Amnistía Internacional, Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Redlactrans, Redtrasex, Synergistic - Iniciativa por los Derechos Humanos y Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, la alianza regional por los DDHH y la inclusión de las personas trabajadoras sexuales. Creamos y fortalecimos alianzas con colectivas y organizaciones en el Caribe cómo Feminitt Caribbean, Caribbean Vulnerable Populations Coalition y ECADE para avanzar en los derechos de las personas LGBTIQ+ y juventudes. Fortalecimos alianzas con ILGA World y AWID para discutir trans y solidaridad feminista. Articulamos con organismos y agencias como ONUSIDA, CEPAL, UNFPA, ONU Mujeres y EPF para seguir posicionando la agenda de derechos y salud sexual y reproductiva.  De la mano de Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras emitimos recomendaciones para tomadores de decisión en temas clave como uniones tempranas, trabajo sexual, aborto y juventudes. Actuando con las juventudes al centro  La nueva Red regional de jóvenes de IPPF desarrolló su primera reunión para estrategizar y elegir a su comité directivo. Aumentamos la presencia de juventudes en el equipo de lPPF ACRO para atender mejor sus necesidades.  La Red de Jóvenes de IPPF participó en el X Aniversario del Consenso de Montevideo y en la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Estamos más fuertes en las redes sociales y medios de comunicación. Ampliamos la difusión de mensajes estratégicos sobre nuestros temas prioritarios en la región. Nos posicionamos como líderes en DSDR en medios de comunicación como Subele a la Radio, Pressenza, El Soberano.org, La tercera y El Observador mundial, entre otros. Alcanzamos a más de 15k personas alrededor de la región con mayor incidencia en Perú, México, Barbados, Guyana, Surinam, Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina, Aruba y Estados Unidos 

Photo of representatives with the Atlas at the launch event
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| 23 October 2023

IPPF ACRO y aliados lanzan Atlas de Políticas de Anticoncepción

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

Photo of representatives with the Atlas at the launch event
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| 28 February 2024

IPPF ACRO y aliados lanzan Atlas de Políticas de Anticoncepción

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

Map of clinic services
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| 16 October 2023

IPPF ACRO expresa su preocupación por las orientaciones del Ministerio de Sanidad de Zambia, que desaconseja el uso del término "salud y derechos sexuales y reproductivos".

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

Map of clinic services
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| 28 February 2024

IPPF ACRO expresa su preocupación por las orientaciones del Ministerio de Sanidad de Zambia, que desaconseja el uso del término "salud y derechos sexuales y reproductivos".

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

Sex work Alliance
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| 07 June 2023

Presentación de la Alianza por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo

La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos. Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos. Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo. Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento. Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado. Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas. Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas. Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia. A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social. Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.

Sex work Alliance
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| 29 February 2024

Presentación de la Alianza por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo

La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos. Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos. Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo. Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento. Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado. Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas. Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas. Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia. A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social. Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.

dr
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| 15 February 2023

Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.  

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| 28 February 2024

Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.  

Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash
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| 29 June 2022

El Tribunal Supremo de EE.UU. anula el caso Roe contra Wade en un golpe devastador para la salud y los derechos de las mujeres

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el caso Roe contra Wade, en lo que supone el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos, eliminando 50 años de protección constitucional del aborto en todo el país, lo que significa que los estados individuales decidirán ahora la legalidad del aborto dentro de su jurisdicción. Veintiséis estados, entre los que se encuentran Misisipi, Oklahoma, Texas y Georgia, están a punto de promulgar "leyes desencadenantes" que limitarán o prohibirán gravemente el aborto, poniendo a unos 40 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en riesgo de perder el acceso al aborto, siendo las personas con menores ingresos y las de color las más afectadas.  El mosaico de prohibiciones estatales del aborto significa que quienes no tienen fondos para viajar a servicios de aborto seguros y legales o para acceder a píldoras abortivas médicas se verán obligadas a recurrir a métodos inseguros y no regulados, sin garantía de calidad de la atención o de cuidados posteriores si las cosas van mal. El devastador retroceso de los derechos reproductivos fue el resultado del caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, una sentencia de 2018 que prohibió el aborto en Mississippi después de las 15 semanas de embarazo. De los nueve jueces del Tribunal Supremo federal, seis votaron a favor de la ley de Misisipi y tres en contra, anulando efectivamente el caso Roe v. Wade El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade es el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos y una conclusión indignante y devastadora de lo que ya era una eliminación inconstitucional de la asistencia sanitaria que salva vidas. "Al continuar su ataque desenfrenado contra el cuerpo de las mujeres y obligarlas a llevar los embarazos a término, el más alto tribunal del país ha alcanzado su punto más bajo, robando a millones de personas su libertad y su autonomía corporal, los mismos valores de los que se enorgullece Estados Unidos. "Sabemos de sobra que prohibir el aborto no significa que haya menos abortos y que, cuando se promulga la prohibición del aborto, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que las personas que no pueden acceder legalmente a servicios de aborto seguro, incluidas las píldoras abortivas, se verán obligadas a recurrir a métodos no regulados e inseguros, lo que puede provocar daños graves o incluso la muerte y costar vidas durante décadas. "Las consecuencias de esta calculada decisión también repercutirán en todo el mundo, envalentonando a otros movimientos antiabortistas, antimujeres y antigénero y afectando a otras libertades reproductivas. Los jueces que anteponen sus creencias personales a la voluntad, los precedentes y las leyes estadounidenses pronto tendrán las manos manchadas de sangre, y estamos desolados por los millones de personas que sufrirán este cruel juicio." La anulación del caso Roe contra Wade también va en contra de la democracia y de los valores que el Tribunal Supremo debe representar y proteger, ya que la mayoría (60%) de los estadounidenses apoya el caso Roe contra Wade y el 70% cree que la decisión de interrumpir un embarazo corresponde a la mujer o a la persona embarazada y a su médico. Elizabeth Schlachter, directora de promoción y representante en EE.UU. de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La peligrosa sentencia del Tribunal Supremo no sólo es regresiva, sino que también está muy alejada de la mayoría de los estadounidenses, que sabemos que apoyan el acceso a la atención del aborto. También está en desacuerdo con gran parte del mundo, donde el acceso al aborto se está ampliando para llegar a todos los que necesitan este servicio de salud vital. "Al anular el derecho constitucional al aborto en todo EE.UU. y dejar la decisión en manos de cada estado, muchas partes de EE.UU. se unirán ahora a El Salvador, Nicaragua y Polonia, con algunas de las prohibiciones más restrictivas, extremistas y que ponen en peligro la vida de la atención al aborto en el mundo. "Pero no se trata sólo del movimiento antiaborto en Estados Unidos; se trata de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de conservadores y religiosos anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y extremistas de la supremacía blanca, que están utilizando dinero sucio y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención sanitaria, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad. "Con los derechos de larga data bajo ataque sostenido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia está implorando a los gobiernos de todo el mundo que hagan más para proteger la democracia y las libertades de los pueblos de la interferencia y la influencia de estos grupos extremistas."   La Asociación Miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la Planned Parenthood Federation of America (PPFA), sigue prestando servicios a todas las personas que los necesitan cuando es legalmente posible, incluso a través de la telemedicina para las píldoras abortivas. La IPPF y la PPFA también seguirán trabajando sin descanso para proteger los derechos de todas las personas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, luchando contra el extremismo en su esencia y garantizando que las mujeres y las personas embarazadas no se vean obligadas a llevar un embarazo o a dar a luz en contra de su voluntad. Para ayudar a que el aborto siga siendo legal, seguro y accesible, puede donar a la International Planned Parenthood Federation or Planned Parenthood Federation of America. Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Karmen Ivey en [email protected]  o [email protected]  Acerca de la Federación Internacional de Planificación de la Familia La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es un proveedor global de servicios y defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos.   Durante más de 65 años, la IPPF, a través de sus 118 Asociaciones Miembro y 15 socios, ha prestado servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y ha ayudado a promover los derechos sexuales, especialmente para las personas con necesidades interseccionales y diversas que actualmente no están cubiertas. Nuestras Asociaciones Miembros y socios son organizaciones independientes de propiedad local, lo que significa que el apoyo y la atención que proporcionan se basan en la experiencia y el contexto locales. Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos frente a quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y la libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase. Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash

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| 27 June 2022

El Tribunal Supremo de EE.UU. anula el caso Roe contra Wade en un golpe devastador para la salud y los derechos de las mujeres

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el caso Roe contra Wade, en lo que supone el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos, eliminando 50 años de protección constitucional del aborto en todo el país, lo que significa que los estados individuales decidirán ahora la legalidad del aborto dentro de su jurisdicción. Veintiséis estados, entre los que se encuentran Misisipi, Oklahoma, Texas y Georgia, están a punto de promulgar "leyes desencadenantes" que limitarán o prohibirán gravemente el aborto, poniendo a unos 40 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en riesgo de perder el acceso al aborto, siendo las personas con menores ingresos y las de color las más afectadas.  El mosaico de prohibiciones estatales del aborto significa que quienes no tienen fondos para viajar a servicios de aborto seguros y legales o para acceder a píldoras abortivas médicas se verán obligadas a recurrir a métodos inseguros y no regulados, sin garantía de calidad de la atención o de cuidados posteriores si las cosas van mal. El devastador retroceso de los derechos reproductivos fue el resultado del caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, una sentencia de 2018 que prohibió el aborto en Mississippi después de las 15 semanas de embarazo. De los nueve jueces del Tribunal Supremo federal, seis votaron a favor de la ley de Misisipi y tres en contra, anulando efectivamente el caso Roe v. Wade El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade es el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos y una conclusión indignante y devastadora de lo que ya era una eliminación inconstitucional de la asistencia sanitaria que salva vidas. "Al continuar su ataque desenfrenado contra el cuerpo de las mujeres y obligarlas a llevar los embarazos a término, el más alto tribunal del país ha alcanzado su punto más bajo, robando a millones de personas su libertad y su autonomía corporal, los mismos valores de los que se enorgullece Estados Unidos. "Sabemos de sobra que prohibir el aborto no significa que haya menos abortos y que, cuando se promulga la prohibición del aborto, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que las personas que no pueden acceder legalmente a servicios de aborto seguro, incluidas las píldoras abortivas, se verán obligadas a recurrir a métodos no regulados e inseguros, lo que puede provocar daños graves o incluso la muerte y costar vidas durante décadas. "Las consecuencias de esta calculada decisión también repercutirán en todo el mundo, envalentonando a otros movimientos antiabortistas, antimujeres y antigénero y afectando a otras libertades reproductivas. Los jueces que anteponen sus creencias personales a la voluntad, los precedentes y las leyes estadounidenses pronto tendrán las manos manchadas de sangre, y estamos desolados por los millones de personas que sufrirán este cruel juicio." La anulación del caso Roe contra Wade también va en contra de la democracia y de los valores que el Tribunal Supremo debe representar y proteger, ya que la mayoría (60%) de los estadounidenses apoya el caso Roe contra Wade y el 70% cree que la decisión de interrumpir un embarazo corresponde a la mujer o a la persona embarazada y a su médico. Elizabeth Schlachter, directora de promoción y representante en EE.UU. de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La peligrosa sentencia del Tribunal Supremo no sólo es regresiva, sino que también está muy alejada de la mayoría de los estadounidenses, que sabemos que apoyan el acceso a la atención del aborto. También está en desacuerdo con gran parte del mundo, donde el acceso al aborto se está ampliando para llegar a todos los que necesitan este servicio de salud vital. "Al anular el derecho constitucional al aborto en todo EE.UU. y dejar la decisión en manos de cada estado, muchas partes de EE.UU. se unirán ahora a El Salvador, Nicaragua y Polonia, con algunas de las prohibiciones más restrictivas, extremistas y que ponen en peligro la vida de la atención al aborto en el mundo. "Pero no se trata sólo del movimiento antiaborto en Estados Unidos; se trata de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de conservadores y religiosos anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y extremistas de la supremacía blanca, que están utilizando dinero sucio y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención sanitaria, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad. "Con los derechos de larga data bajo ataque sostenido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia está implorando a los gobiernos de todo el mundo que hagan más para proteger la democracia y las libertades de los pueblos de la interferencia y la influencia de estos grupos extremistas."   La Asociación Miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la Planned Parenthood Federation of America (PPFA), sigue prestando servicios a todas las personas que los necesitan cuando es legalmente posible, incluso a través de la telemedicina para las píldoras abortivas. La IPPF y la PPFA también seguirán trabajando sin descanso para proteger los derechos de todas las personas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, luchando contra el extremismo en su esencia y garantizando que las mujeres y las personas embarazadas no se vean obligadas a llevar un embarazo o a dar a luz en contra de su voluntad. Para ayudar a que el aborto siga siendo legal, seguro y accesible, puede donar a la International Planned Parenthood Federation or Planned Parenthood Federation of America. Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Karmen Ivey en [email protected]  o [email protected]  Acerca de la Federación Internacional de Planificación de la Familia La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es un proveedor global de servicios y defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos.   Durante más de 65 años, la IPPF, a través de sus 118 Asociaciones Miembro y 15 socios, ha prestado servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y ha ayudado a promover los derechos sexuales, especialmente para las personas con necesidades interseccionales y diversas que actualmente no están cubiertas. Nuestras Asociaciones Miembros y socios son organizaciones independientes de propiedad local, lo que significa que el apoyo y la atención que proporcionan se basan en la experiencia y el contexto locales. Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos frente a quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y la libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase. Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash