La Federación Internacional de Planificación Familiar en las Américas y el Caribe (IPPF ACRO por sus siglas en inglés), conformada por 30 organizaciones en 29 países, se reunió en la Ciudad de México con un mismo objetivo: cocrear estrategias para avanzar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y el avance de leyes y políticas públicas que garanticen bienestar integral y vidas libres de discriminación y violencia para todas las personas. Juntas ellas conforman una fuerza impresionante en ese sector. Sólo en 2023, IPPF ACRO brindó más de 17 millones de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo procedimientos de aborto seguro, atención a la fertilidad y a la violencia sexual y basada en género, e invirtió millones de dólares en la región. Globalmente, IPPF, una organización con 72 años, actúa en 152 países. En el 70% de ellos, somos la principal proveedora de servicios de salud sexual y reproductiva. Ante el avance de discursos de odio y retroceso en las políticas públicas y leyes, como dice Teresa Alarcón, directora ejecutiva de Colectivo Rebeldía, Socia Colaborativa de IPPF en Bolivia: “Son nuestras agendas las que están conectadas con la vida, con la dignidad y con la felicidad y son nuestras organizaciones y movimientos que trabajan por vidas libres de violencia, por el derecho a la salud, a la autonomía, buscando un mundo más justo, donde todas las personas puedan tener vidas sanas y plenas.” “Las organizaciones que confluyen en IPPF ACRO llevan la salud sexual y reproductiva a las personas directamente todos los días, son expertas en sus contextos en aspectos no sólo de salud, pero en el social y lo legal,” aseguró Eugenia López Uribe, directora de la oficina de las Américas y el Caribe de IPPF. “Esta semana, nos reunimos para traer lo que hemos aprendido en este año, para intercambiar puntos en común, tanto logros como retos, y crear estrategias para el avance del acceso al aborto seguro, la adopción de programas de educación integral en sexualidad, la mitigación de la crisis climática con perspectiva de género y el financiamiento para avanzar en esta agenda clave”. Además, “ lo vamos hacer con las poblaciones duramente afectada por la ausencia de los derechos sexuales y reproductivos, como las juventudes, las mujeres que viven con VIH y las personas trans.”  Este es un trabajo muy importante considerando el momento actual: en América Latina 18 millones de mujeres tienen necesidades insatisfechas de anticoncepción moderna, a pesar de que, en términos de inversión, es más eficiente cumplir con esa necesidad que con las consecuencias de la falta de acceso a ella. Más aun, 1,500 hospitales especializados en la salud materna y planificación familiar están situados en zonas costeras propensas a los riesgos naturales, lo que impedirá más y más el acceso a ellos ante la creciente crisis climática. Además solo 7% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en avance satisfactorio, lo que trae a relucir la falta de atención e inversión que los gobiernos del mundo y la región han puesto para poner fin a las desigualdades y no dejar a nadie atrás. IPPF en la región trabaja de manera prioritaria para el avance del acceso al aborto seguro, la adopción de programas de educación integral en sexualidad, la mitigación de la crisis climática con perspectiva de género y el financiamiento para avanzar en esta agenda clave. Y para lograrlo, se alían con las poblaciones clave para conectar las lecciones aprendidas con las necesidades directas de grupos como las juventudes, las mujeres que viven con VIH y las personas trans. Las organizaciones miembro de IPPF en las Américas y el Caribe se encuentran en Canadá, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Click here to read this statement in English.   Desde IPPF expresamos nuestra preocupación con la situación en Venezuela y total solidaridad con su gente, que en 28 de julio recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la noticia de que el actual mandatario, Nicolás Maduro, fue electo para un tercer periodo presidencial. Son graves las denuncias por falta de transparencia en el proceso y nos unimos a la comunidad internacional que exige la publicación de los resultados electorales, pues, hasta hoy, miércoles 31 de julio, el CNE no ha mostrado actas que prueben el triunfo de Nicolás Maduro.   Es preocupante que las fuerzas de seguridad del Estado respondan con violencia y represión desde el comienzo de las movilizaciones que continúan, con centenas de personas detenidas y números creciente de muertes. A la emergencia actual, se suman las cifras de desigualdad, inequidad de género y falta de acceso a servicios de salud, incluyendo la sexual y reproductiva, que han ido en aumento durante los últimos 25 años.   No es posible olvidar: en Venezuela, el número de feminicidios se ha duplicado en los últimos 6 años; el 28.7% de las personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de violencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado; el 91.5 % de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas; la legislación sobre aborto es sumamente restrictiva y los servicios muy limitados; además, 7.7 millones de personas han sido obligadas a desplazarse por el contexto sociopolítico.  Con extrema preocupación, IPPF en las Américas y el Caribe condena la represión y violencia del gobierno de Venezuela contra las movilizaciones ciudadanas. Es inadmisible que mientras ejercen su derecho a la protesta y libre expresión, las personas venezolanas sean víctimas de criminalización y violencia física y política.  IPPF ACRO se suma a la sociedad venezolana que desde las calles exige respeto a la democracia pues la voluntad del pueblo mediante elecciones auténticas es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.   “La situación en Venezuela exacerba aún más la escalada de autoritarismo y violencia en nuestra región,” afirmó Alessandra Nilo, directora de Relaciones Externas de IPPF ACRO. “La democracia propicia Estados que garantizan y avanzan los derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos que, sabemos, en momentos de alta tensión y crisis, son los primeros en ser violados. En este momento tan difícil, exigimos que el Estado venezolano, retome la ruta democrática, fortalezca sus instituciones y respete los derechos y deseos de su población. Es fundamental para proteger la dignidad y esperanza de todas las personas, especialmente las niñas y mujeres en su diversidad."   “IPPF ACRO y Asociaciones Miembro y Socias de la región están atentas al desarrollo de los acontecimientos, seguimos comprometidas con las personas venezolanas y su bienestar integral, y continuaremos brindando atención y servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela y, ante la proyectada intensificación de la ola migratoria, también en países circundantes como Colombia, Perú y Ecuador.”   

Click here to read this Story in English. El 12 de julio, la Corte Suprema de los Países Bajos validó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Aruba, Curazao y San Martín, enfatizando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola la prohibición constitucional de discriminación. La decisión del tribunal sostiene un fallo de septiembre de 2021, que había sido impugnado por ambos países. IPPF ACRO y FPA instan a los gobiernos de Aruba y Curazao a cumplir prontamente con la decisión de la Corte Suprema, ya que es una cuestión de derechos fundamentales. Asegurar el cumplimiento de este fallo es esencial para la protección y la igualdad de la comunidad LGBTQI+. Después de que el parlamento de Aruba rechazara el proyecto de ley de igualdad matrimonial hace casi un mes, este fallo continúa una tendencia en la región para legalizar y proteger a las poblaciones LGBTQI+. FPA y Famia Plania, miembros de IPPF en Aruba y Curazao, han defendido y apoyado durante décadas los esfuerzos hacia la igualdad LGBTQI+, proporcionando servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como articulación comunitaria. "Este resultado positivo es un gran paso hacia la visibilidad, los derechos y el acceso a la salud, como los servicios sexuales y reproductivos para todas las personas LGBTQI+ en el Caribe Neerlandés. En FPA, estamos profundamente comprometidos con la inclusión, y mientras celebramos este fallo, continuaremos usando nuestras voces para abogar por el cambio social," declara Evelyn Yarzagaray, Directora Ejecutiva de FPA, Asociación Miembro de IPPF en Aruba.

Click here to read this statement in English. Jartum, 2 de julio de 2024. Esta semana se ha producido otro horrendo ataque contra una de nuestras clínicas de salud en Sudán. Varias personas del equipo y voluntarias de la Asociación Miembro en Sudán, la Asociación Sudanesa de Planificación Familiar (SFPA), han resultado heridas o muertas a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Nuestra clínica de El Fasher ha sido destruida, lo que significa que hay una opción menos para que las mujeres y las niñas reciban atención de salud sexual y reproductiva vital en la región.     Desde hace más de un mes se suceden los combates en torno a El Fasher, la capital de Darfur Septentrional, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido, estacionadas a 10 kilómetros de la ciudad, bombardean indiscriminadamente objetivos militares y civiles.     Una de las personas voluntarias de la SFPA, Mahasen Abdul Jabbar, murió tras recibir un disparo en la clínica. Esta mañana, Dr. El Daifallah Mohammed, especialista voluntario en medicina familiar de nuestra clínica de El Fasher, también ha muerto como consecuencia de la guerra.    Los bombardeos de la RSF también han herido de gravedad a miembros de nuestro personal: La Dra. Marwa, médica del Centro Integrado de El Fasher, fue alcanzada por metralla en una pierna. Una partera del centro de Abu Shouk, Halima Abdullah Adam, fue alcanzada y cuatro de sus hijos resultaron heridos y fueron evacuados. La casa del guardia del centro de Abu Shouk fue alcanzada, matando a su hija e hiriendo a otros cuatro de sus hijos.  Una de nuestras enfermeras ha sido alcanzada por metralla y trasladada al hospital; está en estado crítico y se ha perdido todo contacto con ella. La RSF también ha estado secuestrando a nuestros pacientes, sin dar a conocer su paradero.     Este último ataque se suma a otros anteriores contra nuestras clínicas en Sudán, que destruyeron nuestras instalaciones en Jartum y El Fashir y centros de salud gestionados por SFPA entre el 7 y el 9 de septiembre de 2023.    Las mujeres y las niñas de Sudán se enfrentan a un recrudecimiento de la violencia sexual y relacionada con el conflicto. Nuestro personal ha sido testigo directo del impacto de este crimen atroz en las personas más vulnerables, incluidas mujeres, niñas y otros grupos marginados. Anteriormente informamos que las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual tienen dificultades para obtener anticonceptivos, medicamentos abortivos y antivirales postexposición. Se enfrentan a consecuencias graves y potencialmente mortales, como la pérdida del apoyo familiar y de sus hogares y refugios, y un mayor riesgo de suicidio. Las sobrevivientes temen buscar tratamiento médico debido al estigma y al miedo a las represalias por violación.     Fadoua Bakhadda, directora regional para la Región del Mundo Árabe, ha declarado:    "Condenamos inequívocamente toda violencia contra la población civil, especialmente contra los centros de salud que son atacados mientras prestan servicios esenciales a quienes los necesitan. Tales actos son una afrenta a la humanidad y a la inviolabilidad de los cuidados.   Los asesinatos, desplazamientos y destrucción en Sudán deben terminar. Es vital que las partes en conflicto recuerden sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, que incluyen garantizar la protección de los civiles y la protección de las estructuras y del personal de salud."     El Dr. Álvaro Bermejo, director general de IPPF, ha declarado:     "Estamos desolados al enterarnos de otro ataque contra una de nuestras clínicas en Sudán, y de las heridas y la pérdida de vidas de nuestro personal y voluntarios. Los centros de salud y, lo que es más importante, el personal de salud, no deben ser nunca objetivo de guerra. La salud sexual y reproductiva y la vida de 800.000 personas de Darfur septentrional -entre ellas mujeres, infancias y personas con discapacidad- penden de un hilo, ya que los bombardeos causan daños generalizados a la población civil y perturban gravemente los servicios sanitarios esenciales de los que dependen en gran medida.   Ahora, más que nunca, nuestras instalaciones de salud deben estar protegidas para que puedan seguir prestando atención a las poblaciones que sobreviven estos ataques innecesarios. Nuestra clínica, que antes podía prestar servicios de salud sexual y reproductiva vitales, como atención prenatal y anticonceptivos, ha desaparecido. ¿Dónde buscarán ahora las mujeres y las niñas estos servicios? Es urgente que haya una masa crítica de personas con conciencia que digan basta a esta crisis olvidada".    Para más información y para hablar con una persona de nuestro equipo en Darfur del Norte (Sudán) en inglés, envíe un correo electrónico a [email protected].        Acerca de la Asociación de Planificación Familiar de Sudán    La Asociación de Planificación Familiar de Sudán (SFPA) fue creada en 1965 por pioneros en obstetricia y ginecología en respuesta al aumento de la mortalidad y morbilidad materna, neonatal e infantil. Como muestran las estadísticas, Sudán es un país muy necesitado de servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) de primer contacto. La promoción y la puesta en marcha de programas de información, educación y comunicación (IEC) son fundamentales. En 2022, la SFPA prestó 26 millones de servicios a través de 24 clínicas, 261 clínicas asociadas y 37 clínicas móviles. Desde el inicio de la crisis el 15 de abril de 2023, los equipos de la asociación lograron prestar 2.500.000 servicios a través de 24 instalaciones de SFPA y 8.500.000 servicios a través de clínicas asociadas y móviles no dañadas. La SFPA pudo asistir 1.145 partos bajo bombardeo y proporcionó 167.000 tratamientos del VIH en sus clínicas estáticas.  Acerca de la Federación Internacional de Planificación Familiar La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) es una proveedora mundial de atención de salud y una de las principales defensoras de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) para todas las personas. Somos un movimiento de 150 Asociaciones Miembro y Socios Colaboradores con presencia en más de 146 países.   Sobre la base de una orgullosa historia de 70 años de logros, nos comprometemos a liderar un movimiento de la sociedad civil con arraigo local y conexión global que proporciona y posibilita servicios y defiende la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, especialmente para las más desfavorecidas.   Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, y contra quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase.  

Click here to read IPPF's statement on the Ongoing Violence in Haiti in English.   La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) está profundamente preocupada por la escalada de violencia e inestabilidad política en Haití, en particular por su impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas desde marzo de 2024. Se proyecta que esta crisis deje a 3.000 mujeres embarazadas sin atención médica esencial, lo que provocará que casi 450 de ellas sufran complicaciones de parto que pondrán en peligro sus vidas.  Con casi 580.000 personas haitianas desplazadas, las mujeres y las niñas están experimentando un alarmante aumento de la violencia sexual y de género, incluidas agresiones sexuales, torturas y violaciones colectivas por parte de grupos armados. De enero a marzo de 2024, se registraron 1.793 incidentes de violencia sexual y de género. La inseguridad relacionada con el conflicto también ha incrementado significativamente las estrategias de supervivencia negativas, contribuyendo al aumento de la violencia sexual y de género, así como de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.    La violencia continua impide el acceso a servicios esenciales de atención de salud sexual y reproductiva, poniendo en peligro la vida de madres y criaturas recién nacidas. Nuestras socias en Haití, la Asociación de Parteras de Haití, nos informó que "las bandas prohíben la circulación de motocicletas y peatones, amenazan y a veces disparan al aire para aterrorizarnos aún más. Debido a estas difíciles condiciones, cada vez acuden menos pacientes al hospital, ya sea para consultas de embarazo, partos o puerperio". Esta inaccesibilidad ha provocado un aumento significativo de la mortalidad materna e infantil.    Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF Américas y Caribe, ha declarado: "La ayuda humanitaria debe tener acceso a través de las organizaciones locales, como la Asociación de Parteras de Haití, y su bienestar debe estar garantizado en este proceso. Las mujeres y las niñas ya no pueden esperar más. Nuestra organización socia lleva 20 años proporcionando acceso a servicios de salud de emergencia, como atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como atención tras situaciones de violencia sexual. Sin embargo, desde febrero, la Asociación de Parteras de Haití ha tenido que interrumpir sus actividades debido al riesgo inminente en el que se encuentran las mujeres que viven en Puerto Príncipe y sus alrededores".  En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, IPPF hace un llamado de tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia sexual y de género y exige la protección inmediata de las mujeres haitianas en toda su diversidad, las infancias y las personas en mayor riesgo, en toda su diversidad. Es urgente que se permita el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a Haití. Esta ayuda debe ser diseñada y controlada por organizaciones y personal humanitarios locales, y cualquier fuerza de paz extranjera debe salvaguardar y proteger a las comunidades locales -en particular sus derechos y salud sexual y reproductivas- para que no se repitan los errores del pasado.    No lo olvidemos: la pobreza y la inestabilidad de Haití han sido moldeadas por décadas de ocupación extranjera y colonialismo. La comunidad internacional le debe a Haití algo más que simples condolencias; le debe un compromiso inquebrantable con un futuro en el que se respeten y protejan los derechos humanos, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva, y en el que nadie se quede atrás. 

¡Todas las personas LGBTQI+ en Perú y en América y el Caribe tienen derecho a vidas libres de violencia! En los últimos meses, las Asociaciones Miembro, Socias Colaboradoras y el Secretariado de IPPF ACRO hemos atestiguado cómo algunos gobiernos de América y el Caribe, incluso algunos que históricamente habían actuado para proteger y avanzar los derechos humanos, se han convertido en los principales oponentes de los derechos, la libertad y la autodeterminación de las personas. Así que, después de escribir sobre nuestras inquietudes al respecto del nuevo gobierno argentino, hoy, en el Día Internacional Contra la LGBTIQ+-Fobia, queremos demostrar nuestra fuerte preocupación con las acciones del gobierno de Perú, que atentan contra los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.   La Oficina Regional de las Américas y el Caribe de IPPF se suma a INPPARES, Asociación Miembro en Perú, para manifestar su rechazo al Decreto Supremo Nº 009-2024-SA emitido el pasado 10 de mayo, por el Ministerio de Salud del Perú que al actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a partir de la 10° revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), vulnera los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.   Contexto para entender el caso: El PEAS contiene la lista de las intervenciones atendibles por las aseguradoras de salud en Perú, por lo que es de vital importancia que se mantenga actualizado con los lineamientos y estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada cierto tiempo, la OMS revisa su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para actualizarse a partir de la evidencia científica reciente y así, guiar adecuadamente la práctica clínica global. Recordemos que, en 2019, la 11° revisión de la CIE hizo historia al eliminar del capítulo sobre «Trastornos Mentales y del Comportamiento» a las identidades y expresiones trans. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Perú decidió usar una revisión desactualizada de la CIE, que patologiza la orientación sexual y la identidad de género. Esta decisión del gobierno de Perú al utilizar la CIE-10 es de mucha gravedad, pues incumple códigos y acuerdos de carácter vinculante a nivel local, regional e internacional. Por una parte, viola el derecho constitucional a la salud establecida en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, donde se establece el derecho a la salud sobre la base de la igualdad y no discriminación. Además, desestima la información, lineamientos y estándares de la OMS, la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas y, las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 2015 para detener la patologización de las personas LGBTIQ+, en particular de las personas trans e intersex. Va en contra, también, de compromisos adoptados por Perú en numerosas declaraciones regionales e internacionales, como el Consenso de Montevideo, cuya implementación y seguimiento se adoptó oficialmente desde 2016 por el Decreto Supremo N° 051-2016-PCM. Hoy, por lo tanto, es preciso reafirmar que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a vivir libres de violencia, a vivir su identidad de género y orientación sexual con libertad, a acceder a servicios de salud y reproducción donde sus identidades sean respetadas y sus necesidades específicas atendidas. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el cumplimiento de los mismos.