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Click here to read this news in English.   En América Latina y el Caribe (ALC), una de cada cinco mujeres se casa o inicia una unión antes de los 18 años. Esta es la única región del mundo donde las tasas de matrimonio infantil apenas han disminuido en los últimos 25 años, y donde las uniones informales sin registro oficial son mucho más comunes que los matrimonios formales. Dada la relevancia de abordar el tema de los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF) en nuestra región, IPPF ACRO ha lanzado una serie de webinars, "Uniones Informales en Adolescentes del Caribe y América Latina", con el fin de fortalecer el diálogo interregional para promover iniciativas integrales que pongan en el centro los derechos y la autonomía de las personas adolescentes.    La primera de estas sesiones conmemoró el 30 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, analizando la situación de las uniones informales de adolescentes en la región y su vínculo con la discriminación y la violencia de género.    Como oradora principal, la Dra. Gabrielle Hosein, investigadora y académica del Instituto de Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad de las Indias Occidentales, compartió la investigación que llevó a cabo de 2021 a 2023 sobre Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en el Caribe en colaboración con UNICEF en el marco del Programa Regional del Caribe Spotlight Initiatives.    Un problema de violencia de género   La Convención de Belém do Pará es el principal instrumento regional para abordar la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. Treinta años después de su adopción, el matrimonio infantil ha sido reconocido como parte de las prácticas nocivas, siendo causa y consecuencia de la violencia de género contra niñas y adolescentes. Aún es necesario reflexionar sobre las oportunidades de integrar este tema como parte estructural de la agenda de prevención y atención a la violencia de género.    "Sigue siendo un reto porque a pesar de todos los compromisos firmados a nivel de la ONU, los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas siguen siendo una barrera para muchas niñas y mujeres jóvenes, y realmente ha impedido que sus derechos se cumplan", reflexionó Alessandra Nilo, Directora de Relaciones Externas de IPPF ACRO, al abrir la sesión.  A través del Objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los gobiernos de nuestra región se comprometieron a "Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina" para 2030, un compromiso presente y relacionado con otras declaraciones y estrategias internacionales, regionales y nacionales.    Aunque estos compromisos políticos implican numerosas intervenciones intersectoriales -garantizar el acceso de las niñas a la educación, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, acabar con los estereotipos de género y la violencia de género, y garantizar la igualdad ante la ley-, las respuestas de los gobiernos de la región se han limitado principalmente a elevar la edad del matrimonio a los 18 años y eliminar las excepciones. Esta respuesta, aunque es un paso importante, se queda corta a la hora de abordar las necesidades y situaciones por las que atraviesan las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.    Haciendo zoom en el contexto caribeño   Cada vez hay más datos regionales sobre los factores subyacentes, las manifestaciones y las repercusiones del CEFMU en las niñas y adolescentes que se casan, así como en sus familias y comunidades. Sin embargo, sigue habiendo un gran vacío de información sobre la situación en el Caribe.   A finales de 2023, la Dra. Gabrielle Hosein publicó una investigación que resume la información disponible sobre el CEFMU en el Caribe y la complementa con las conclusiones de una investigación encargada por UNICEF en el marco del Programa Regional del Caribe de la Iniciativa Spotlight, realizada en seis países caribeños.  "Es muy importante que en nuestra región tengamos siempre presente la cuestión de la agencia de las adolescentes sobre su sexualidad y su agencia en general, y que no pensemos simplemente en ellas como víctimas", dijo la Dra. Hosein.    "En nuestra región, las propias niñas y adolescentes entran a estas uniones tempranas, informales. "No son forzadas a casarse, como podría ocurrir en otros lugares, ni se venden en uniones en las mismas proporciones que en otros lugares".   "No obstante, las niñas y adolescentes se encuentran en un contexto de desventaja, caracterizado por la vulnerabilidad, y pueden entrar en uniones como un intercambio transaccional, para protección, para escapar de la violencia familiar, para asegurar el apoyo a su educación y para experimentar la intimidad".   En esta investigación, la Dr. Hosein y sus colegas encontraron claras interseccionalidades que emergen de los datos y apuntan a la necesidad de centrarse en la vulnerabilidad en la que se encuentran estas poblaciones. Cualquier enfoque debe reconocer estos factores estructurales.    Suscríbete a nuestro boletín para recibir información sobre los próximos webinarios aquí. 

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) celebra el lanzamiento del primer informe de la Comisión de Alto Nivel sobre la Cumbre de Nairobi (HLC). La comisión es una junta consultiva independiente compuesta por 26 miembros de diferentes sectores, encargada de supervisar los progresos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).  Aunque reconocemos que se ha realizado progreso, la IPPF lamenta leer que ninguna región está en camino de aplicar y cumplir plenamente sus compromisos de la CIPD.   El seguimiento de la aplicación de los servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas y que tienen en cuenta las cuestiones de género es crucial para garantizar la rendición de cuentas y los derechos humanos para todos. Por ello, la IPPF lanzó su informe de la Cumbre de Nairobi CIPD+25 - Una hoja de ruta para cumplir la promesa, y nuestra base de datos de seguimiento de los compromisos de la CIPD, la cual analiza los compromisos asumidos por los gobiernos de 137 países que participaron en la cumbre de Nairobi en 2019 para conmemorar el 25º aniversario del Programa de Acción de la CIPD.   La IPPF apoya plenamente el marco de la justicia sexual y reproductiva y está comprometida a seguir las recomendaciones del llamado a la acción del informe:  1) hacer de la justicia el objetivo final. (2) situar los derechos y el desarrollo en el centro de la acción, (3) pensar de forma diferente y buscar innovaciones en la prestación de servicios de salud, (4) llegar más lejos y dar prioridad a los grupos marginados que se enfrentan a las peores disparidades en términos de justicia sexual y reproductiva, (5) hacer seguimiento y aumentar la financiación de los SDSR, y (6) crear nuevas narrativas en torno a la justicia sexual y reproductiva que sean lo suficientemente precisas y potentes como para contrarrestar voces de oposición recurrentes. Anamaria Bejar, Directora Global de Incidencia Política, dijo: "Nos enfrentamos a una encrucijada crítica: el informe deja claro que los gobiernos tienen que actuar ahora y rápido. La salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden seguir pendiendo de un hilo; no son negociables. La pandemia nos ha mostrado lo frágil que es el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y cómo la oposición han utilizado COVID-19 para atacar derechos que tanto costaron conseguir, como el acceso a la atención del aborto seguro. Las Asociaciones Miembro de la IPPF continuarán cumpliendo con nuestros compromisos de garantizar que todas las personas, sin importar dónde estén o quiénes sean, accedan a una atención sanitaria de alta calidad y hagan realidad sus plenos derechos". El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la IPPF, añadió: "El informe es un recordatorio aleccionador de que estamos lejos de alcanzar los compromisos adquiridos en la CIPD. Cairo fue un momento histórico para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, pero más de 25 años después, seguimos sin alcanzar su visión y hemos avanzado poco desde Nairobi. Las mujeres, las niñas y las personas de comunidades marginadas no pueden esperar más, ni deben hacerlo. Los gobiernos tienen que hacer más; esto significa más inversión financiera, más voluntad política y un sentido de urgencia para que volvamos al camino."