La participación de los jóvenes ha estado en el centro de la IPPF y, desde la década de 1990, ha sido reconocida como un elemento fundamental de la gobernanza. En 1998, los jóvenes crearon un Manifiesto de la Juventud, que fue actualizado en 2008 como una llamada a la acción para mejorar los servicios de SDSR, la educación y el liderazgo. Desde entonces, los jóvenes de la Federación han asumido un papel de primera línea para abordar las deficiencias y crear un camino transformador para la SDSR. En 2024, la Red de Jóvenes ACRO continuó articulándose a través de las fronteras para cumplir con la Estrategia 2028 de la IPPF. Este documento describe la rendición de cuentas de la Red de Jóvenes ACRO de la IPPF para el año 2024. Está destinado a ser compartido con las redes de jóvenes a través de la Membresía, Socios Colaboradores y organizaciones aliadas de la Federación en las Américas y el Caribe. Más de 25 jóvenes voluntarios han trabajado este año para alcanzar las metas propuestas para avanzar los derechos sexuales y reproductivos en la región y amplificar sus voces en los espacios de incidencia. Este informe también reúne las perspectivas de jóvenes y adultos sobre el trabajo de la IPPF con la Red de Jóvenes.

Click here to read this press release in English. 8 de abril de 2025 - Una nueva encuesta global a organizaciones socias realizada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) ha revelado el impacto generalizado de los recortes en el financiamiento por parte de la Administración Trump, poniendo en riesgo la atención en salud sexual y reproductiva esencial para millones de personas en todo el mundo.   De las respuestas recibidas, los hallazgos muestran:   72 Asociaciones Miembros y Socias Colaboradoras (62%) reciben actualmente financiación de una de las fuentes afectadas. De las que reciben financiación de IPPF, más de la mitad (57%) se enfrentan a recortes de financiamiento. Esto indica que una mayoría significativa de las organizaciones socias de IPPF están enfrentando interrupciones, impactando el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva en todo el mundo.   156 proyectos críticos de salud ya han finalizado o están en peligro.  Al menos 85,2 millones de dólares de financiamiento han sido directamente afectados o fueron recortados.  1.737 miembros del personal de las organizaciones afectadas podrían perder su empleo o ya lo han perdido.  3.961 puntos de prestación de servicios, incluidas clínicas y unidades móviles, corren riesgo de cierre o ya han cerrado.   8,5 millones de personas podrían perder el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas.   Se espera que estos recortes al financiamiento tengan graves consecuencias en la vida de las personas de las comunidades a las que servimos. Si efectivamente se recortan todos los fondos en riesgo, IPPF estima que esto provocará 3,844 muertes maternas adicionales, más de 3 millones de embarazos no deseados y 756,010 abortos inseguros. Estos impactos también supondrán una pesada carga financiera para los sistemas nacionales de salud.   El impacto de las acciones de la Administración Trump es muy grave, como lo pueden constatar muchas Asociaciones Miembros de IPPF que dependen de la financiación internacional para proporcionar servicios de anticoncepción, atención médica materna y prevención del VIH.   En Venezuela, los recortes de financiación de Estados Unidos podrían reducir hasta un 30% del presupuesto anual de la Asociación Miembro en 2025, con una pérdida estimada de $229,650 en fondos de proyectos. Estos recortes afectarán el 10% de los servicios de salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo al 30% del personal. Alrededor de 2.500 personas podrían perder el acceso a estos servicios, una cifra preocupante considerando que esta organización es de las pocas que aún brindan atención a sobrevivientes de violencia sexual y de género, especialmente mujeres y niñas migrantes.  En San Vicente y las Granadinas, se estima que la pérdida de $10,000 en financiación de proyectos impactará el 90% de los servicios de salud sexual y reproductiva de SVPPA. La organización enfrenta la posible pérdida de todo su personal, lo que pone en riesgo su funcionamiento. Con 8 puntos de atención amenazados, estos recortes podrían eliminar el acceso a servicios esenciales, especialmente para personas jóvenes, en una de las pocas organizaciones del país con enfoque amigable para juventudes.  En Estados Unidos, informes independientes ajenos a esta encuesta indican que la Administración Trump pretende congelar la financiación de la anticoncepción asequible y la atención a la salud reproductiva para personas con bajos ingresos que dependen de los centros de salud de Planned Parenthood.  Para hacer frente a la crisis inmediata, IPPF ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de Mitigación de Daños para evaluar la evolución de la situación y proporcionar financiación de emergencia a sus Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras más afectadas. La primera ronda de subvenciones se emitirá en abril de 2025, en un esfuerzo por garantizar que los servicios de salud críticos y el acceso a productos básicos de salud que salvan vidas puedan continuar.   «No permitiremos que las decisiones políticas determinen quién puede y quién no puede acceder a la atención de salud», dijo el Dr. Álvaro Bermejo, Director General de IPPF. «En IPPF estamos redoblando nuestros esfuerzos. Somos una Federación resistente con una larga historia de superación de retos. Ahora nos centramos en mitigar los daños, movilizar nuevos recursos y garantizar que las personas que confían en nosotros para recibir atención no se queden atrás.»    Para solicitudes de prensa y entrevistas: [email protected]    

Click here to read this article in English.   La relación entre salud sexual y reproductiva, sobrecarga de cuidados y violencia de género constituye un sistema estructural que perpetúa la desigualdad y limita la autonomía de las mujeres en Venezuela. La negación de derechos esenciales, la carga desigual de los cuidados y la dependencia económica crean un terreno fértil para la violencia, impidiendo que las mujeres puedan salir de relaciones abusivas y limitando su capacidad para tomar decisiones sobre su salud y su vida.  Un estudio de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) revela datos alarmantes sobre la relación entre el acceso a la salud sexual y reproductiva y la violencia de género. El 61% de las mujeres sobrevivientes de violencia tienen un acceso bajo o nulo a servicios de salud sexual y reproductiva, mientras que solo el 43% de las mujeres que no han sufrido violencia presentan una situación similar. El 80% de las mujeres acude solo una vez al año o nunca a consulta ginecológica, a pesar de que 7 de cada 10 ha enfrentado alguna patología ginecológica. El 57% de los embarazos no fueron planificados, limitando la autonomía reproductiva y colocando a las mujeres en relaciones de dependencia. Además, el 32% de las mujeres sexualmente activas no usa métodos anticonceptivos, aunque el 87% de ellas no desea tener hijos/as, y en estados como Lara, las necesidades anticonceptivas insatisfechas alcanzan el 46%.    La falta de acceso a la salud sexual y reproductiva no solo restringe la capacidad de las mujeres para ejercer control sobre su cuerpo y su vida, sino que también las expone a un mayor riesgo de violencia de género. El 58% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia basada en género, pero el 79% de ellas no se reconoce como sobreviviente, lo que evidencia la normalización de la violencia en la sociedad. El acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva es, por lo tanto, una herramienta clave para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.    Sin embargo, la sobrecarga de cuidados refuerza estas dinámicas de desigualdad y violencia. Los diagnósticos de AVESA en comunidades vulnerables de Táchira y Zulia muestran que las mujeres invierten entre 14 y 16 horas diarias en tareas de cuidado no remunerado, incluyendo la limpieza del hogar, la preparación de alimentos, la atención a niños/as y el cuidado de personas enfermas o adultas mayores. El 75% de estas mujeres también trabaja fuera del hogar, lo que eleva sus jornadas diarias a 18 horas o más. El 68,5% de las mujeres casadas o en unión estable depende económicamente de su pareja masculina, y un 10% de las mujeres divorciadas sigue dependiendo económicamente de su expareja. Esta sobrecarga no solo limita el tiempo y la energía de las mujeres para buscar ayuda o generar ingresos propios, sino que también reduce su capacidad para salir de relaciones violentas.   La intersección entre salud, cuidados y violencia crea un círculo vicioso difícil de romper. Las mujeres con menor acceso a servicios ginecológicos y anticonceptivos tienen un 22% más de probabilidades de ser sobrevivientes de violencia de género. Sin embargo, aquellas que participan en programas de corresponsabilidad de cuidados y tienen mayor acceso a educación sexual integral reportan un 17% menos de casos de violencia en sus vidas. En comunidades donde se han implementado programas de redistribución de los cuidados, las mujeres han reportado una mejora significativa en su calidad de vida: más tiempo para el autocuidado, mayor participación en actividades económicas, reducción del estrés y la fatiga, y mayor capacidad para reconocer y actuar ante situaciones de violencia.   Para abordar esta problemática de manera integral, es necesario implementar medidas concretas que garanticen el acceso a la salud sexual y reproductiva y promuevan la redistribución de las tareas de cuidado. Es urgente ampliar la cobertura de servicios de anticoncepción, planificación familiar y atención ginecológica, así como implementar programas de educación sexual integral en escuelas y comunidades. Además, es necesario establecer políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados, para que el trabajo doméstico y de atención a personas dependientes no recaiga exclusivamente sobre las mujeres. La violencia basada en género no se resolverá únicamente mediante medidas de protección y apoyo a las sobrevivientes; es imprescindible una transformación estructural que garantice a las mujeres autonomía sobre su salud, su tiempo y su economía. 

Click here to read this article in English. El 28 de marzo celebramos el Día de Acción Global para la Desestigmatización del Aborto, una iniciativa promovida con Inroads y co-convocada por decenas de organizaciones alrededor del mundo, incluyendo a IPPF. En este día nos unimos para destacar la importancia de normalizar el aborto como un evento común en la vida reproductiva de mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar. Hoy, aprovechamos la oportunidad para recordar que la Marea Verde y la lucha por el acceso a aborto no solo busca garantizar que el aborto sea legal, sino accesible y libre de estigma. Para hacerlo, es fundamental abordarlo desde la Justicia Reproductiva.  La Justicia Reproductiva es un término acuñado por colectivos de mujeres negras, indígenas, latinas y trans en la víspera de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo de 1994. Buscaban reconocer que las mujeres blancas y de clase media que lideraban el movimiento de los derechos de las mujeres no lograban representar ni defender adecuadamente las necesidades de las mujeres de color y otras poblaciones que habían vivido históricamente en el margen.   Gracias al trabajo de estas mujeres, se ha definido a la Justicia Reproductiva como el derecho humano a mantener la autonomía corporal personal, a tener hijas, hijes o hijos, o no tenerlos, y criar a quienes tengamos en comunidades seguras y sostenibles.    ¿Qué tiene que ver la Justicia Reproductiva con el aborto sin estigma? En pocas palabras: todo.   La Justicia Reproductiva sirve para enmarcar las reivindicaciones de nuestro movimiento, tales como el acceso a aborto seguro, de manera que podamos reconocer que existen barreras estructurales, sociales y económicas que impiden a las mujeres y niñas a tomar las decisiones que ellas desean.    El estigma en torno al aborto refuerza desigualdades estructurales y limita la autonomía de quienes necesitan este servicio. La Justicia Reproductiva nos brinda un marco para entender cómo el aborto no es solo una decisión individual, sino una necesidad de justicia social. Desestigmatizarlo implica:  Eliminar barreras económicas y geográficas, garantizando acceso real a servicios de aborto.  Promover narrativas que reflejen el aborto como una experiencia común y no como algo excepcional o vergonzoso.  Reconocer la interseccionalidad, comprendiendo cómo el racismo, la pobreza y otras opresiones afectan el acceso al aborto y a otros derechos reproductivos.  Impulsar cambios estructurales y culturales que garanticen que todas las personas puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos sin miedo ni discriminación.  Este 28 de marzo, no solo hablamos de aborto: hablamos de derechos, de equidad y de justicia. Porque solo a través de la Justicia Reproductiva podemos garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente su autonomía y su bienestar.     

IPPF ACRO y FPATT condenan la decisión de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo La decisión del Tribunal de Apelaciones de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un alarmante ataque a los derechos humanos. Este fallo, que restablece la criminalización de la intimidad privada y consensuada, es una violación directa de los derechos fundamentales de las personas LGBTQI+ y un crudo recordatorio de las leyes de la época colonial que siguen causando daño en el Caribe. La Oficina Regional de IPPF para las Américas y el Caribe (ACRO), junto con la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago (FPATT), se solidarizan de manera inequívoca con las comunidades LGBTQI+ en Trinidad y Tobago y en toda la región. Rechazamos esta decisión y cualquier legislación que niegue a las personas su derecho a amar libremente y vivir con dignidad. Este fallo refleja un sistema de justicia con normas opresivas que no tienen cabida en una sociedad justa y democrática. Según Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF ACRO, esta decisión no solo es un retroceso para los derechos LGBTQI+, sino un ataque a la dignidad humana: “Es un intento deliberado de silenciar, criminalizar y excluir a una parte de la ciudadanía y de las personas que viven en el país. Pero que quede claro: la oficina regional de IPPF en las Américas y el Caribe seguirá luchando por y con el movimiento LGBTQI+ para que no sean silenciadas. IPPF no retrocederá. Los derechos de las personas LGBTQI+ no son negociables.” La criminalización de las vidas LGBTQI+ perpetúa la violencia, la discriminación y el estigma. Alienta el odio, socava el acceso a la justicia y genera un clima de miedo en el que las personas LGBTQI+ se ven obligadas a vivir con mayor vulnerabilidad. Investigaciones publicadas en 2023 por el programa Wholeness and Justice de CAISO: Sex and Gender Justice indican que 1 de cada 3 personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago experimenta discriminación y acoso, 1 de cada 4 sufre violencia familiar y 1 de cada 4 ha sido víctima de agresión física. La profesora Rose Marie Antoine, presidenta del Consejo de Administración de FPATT, comenta que “FPATT [Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago] toma nota de la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que afirma una ley antigua, anterior a la independencia, que criminaliza a personas con una orientación diferente debido a una cuestión técnica: la cláusula de 'leyes heredadas'. Curiosamente, los colonizadores británicos que redactaron esa ley la abolieron hace mucho tiempo. También observamos que esta no fue una decisión unánime del tribunal. FPATT espera el día en que nuestro sistema legal y nuestras leyes reflejen la verdadera equidad y no discriminación, sirviendo a todas las personas de nuestra nación en su acceso a derechos fundamentales y protegiendo a los grupos vulnerables del daño y la violencia. FPATT continuará acogiendo y atendiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual.” Hacemos un llamado a la acción urgente: La derogación inmediata de los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Un compromiso de los gobiernos del Caribe para despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQI+ de la discriminación y la violencia. El fin del uso de cláusulas de "leyes heredadas" de la era colonial para justificar violaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de que cada persona defensora de los derechos humanos, cada persona tomadora de decisión y cada  persona aliada se pronuncie. Las personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago—y en todo el Caribe, nuestra región y el mundo—merecen justicia, igualdad y la libertad de vivir sin miedo. IPPF no se detendrá hasta que esto sea una realidad.    

América Latina y el Caribe es una de las regiones donde las mujeres y las niñas siguen quedando rezagadas de manera desproporcionada. Los últimos datos de la CEPAL, en su revisión de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, revelan una realidad desoladora: para 2030, se estima que 20 millones de mujeres y niñas en la región vivirán en pobreza extrema. Pero las dificultades económicas son solo una capa dentro de una compleja red de desigualdades sistémicas que continúan negando a las mujeres sus derechos, seguridad y dignidad.  Las mujeres en América Latina y el Caribe soportan una carga desproporcionada de trabajo no remunerado de cuidados, un desafío estructural que perpetúa la desigualdad de género y limita su autonomía económica. De manera alarmante, una de cada cuatro mujeres en la región no tiene ingresos propios, lo que convierte la independencia financiera en un objetivo inalcanzable para muchas. Esta disparidad económica se cruza con la falta de acceso a la salud, ya que la tasa de reproducción en la adolescencia sigue siendo alta y afecta desproporcionadamente a las comunidades más pobres. En algunos países, más del 35% de las jóvenes en el quintil de ingresos más bajos han tenido un hijo durante la adolescencia, perpetuando ciclos de pobreza y limitadas oportunidades.  El fracaso en abordar las barreras sistémicas en el acceso a la salud ha tenido consecuencias mortales. A diferencia de otras regiones del mundo donde las tasas de mortalidad materna han mejorado, América Latina y el Caribe no han visto avances. Las complicaciones durante el parto y el posparto siguen siendo una de las tres principales causas de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años. Mientras tanto, la violencia de género sigue siendo una crisis urgente: en la región, cada dos horas una mujer muere de manera violenta. Según el informe Violencia feminicida en cifras en América Latina y el Caribe de la CEPAL, encuestas nacionales indican que entre el 63% y el 76% de las mujeres y niñas han experimentado violencia de género en algún momento de sus vidas. Es una realidad aterradora que subraya la necesidad urgente de cambio.  Estas cifras son inaceptables en una región donde los gobiernos han firmado compromisos para la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de la CEPAL. Existen estrategias y acuerdos regionales, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos, pero la voluntad política y las respuestas concretas siguen siendo insuficientes. La inacción de los Estados es una forma de violencia estructural, una que los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres han resistido durante mucho tiempo.  Durante décadas, las organizaciones lideradas por mujeres han llenado los vacíos dejados por la negligencia gubernamental, brindando servicios de salud seguros e incluyentes, abogando por cambios legislativos y acompañando a sobrevivientes de violencia. Las Asociaciones Miembro de IPPF en 30 países de la región continúan con esta labor esencial, asegurando que ninguna mujer o niña quede sin apoyo.  La próxima semana, participaremos activamente en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), donde es fundamental que los gobiernos y actores relevantes escuchen lo que tenemos que decir. Deben amplificar nuestras voces y respaldar nuestras demandas en la mesa de negociación. Esto es una cuestión de vida o muerte: no podemos sobrevivir si no priorizamos la violencia, el cambio climático y la pobreza desde una perspectiva de género. Hacemos un llamado: nuestras vidas están en juego.  En IPPF, seguimos firmes en nuestro compromiso de priorizar a las mujeres, niñas y poblaciones vulnerables en toda su diversidad. Continuaremos luchando por sus derechos, sin importar cuánto tiempo tome. Sin embargo, no podemos hacerlo solas. Los gobiernos, las agencias multilaterales y la sociedad civil deben unirse para tomar medidas decisivas. El tiempo de las promesas vacías ha terminado: es momento de un cambio urgente y significativo. 

Click here to read this entry in English.   Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei ha emprendido una serie de medidas que fragmentan el sistema de derechos construido en las últimas décadas en Argentina. Su administración conservadora ha avanzado con decisiones que afectan gravemente a la población y específicamente a sectores vulnerables.  En las últimas dos semanas, Milei anunció la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la modificación de la Ley de Identidad de Género para restringir el acceso de menores de edad a tratamientos de afirmación de género y la eliminación el delito de femicidio del código penal. IPPF y su oficina regional en las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) se suma a la comunidad internacional y a las organizaciones de la sociedad civil y activistas en Argentina en su rechazo a estas decisiones.   No hay duda: las medidas anunciadas ponen en grave riesgo a la ciudadanía argentina. Mientras que formar parte de la OMS permite a los sistemas de salud nacionales el acceso a vacunas, insumos médicos y estrategias de prevención de enfermedades, la tipificación del femicidio ha sido una herramienta clave para visibilizar y combatir la violencia de género en Argentina, un país donde los índices de violencia contra las mujeres son preocupantes. Por su parte, la Ley de Identidad de Género ha sido un mecanismo que acerca a personas trans y disidencias el derecho a la salud integral y a tener vidas libres de violencia y discriminación.   Las acciones de Javier Milei y Donald Trump no son eventos aislados; forman parte de una estrategia global para frenar el avance de derechos y poner en riesgo la vida de miles de personas. Una estrategia que prioriza los intereses oligárquicos mientras socava las posibilidades de millones de tener acceso a derechos básicos como la alimentación, educación, vivienda digna y salud. Su bandera es la desinformación y la manipulación que apuntalan mediante cambios normativos a nivel federal, erosionando los pilares de la justicia social, el desarrollo sostenible y la igualdad.  Desde el inicio de su administración, Milei ha desmantelado el sistema de derechos en Argentina, eliminando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y suprimiendo el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Ahora, en tiempo real, vemos cómo tanto él como Trump avanzan a zancadas en un mismo camino: el de la regresión en derechos humanos y equidad de género, no solo en Argentina y Estados Unidos, sino a nivel global. El aumento de estos discursos de odio y la radicalización conservadora de las políticas públicas y normativas en Argentina y en otros países de la región, a los que ahora se ha sumado Estados Unidos, son también un riesgo directo para las personas defensoras de derechos humanos. Como lo comparte FunDheg, socia colaboradora de IPPF en Argentina, en su informe Lenguas de Fuego, las llamas de odio en el tejido democrático:

El 24 de enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva reinstaurando la Ley Mordaza Global (Global Gag Rule, GGR).  La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), una red de miembros y socias en 153 países, lucha por el derecho de cada persona a decidir sobre su propia salud, bienestar y vida. IPPF nunca apoyará políticas que restrinjan o violen activamente el derecho de una persona a la autonomía corporal, incluido el derecho al aborto seguro.  La GGR, también conocida como la Política de la Ciudad de México, viola los derechos humanos al obligar a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado o recurrir a un aborto inseguro. IPPF no lo tolerará.  La GGR es una política exterior estadounidense de gran alcance y altamente destructiva, que además es profundamente impopular entre la ciudadanía estadounidense. Niega financiamiento de EE.UU. a organizaciones como IPPF si utilizan dinero de otros donantes para ofrecer servicios de aborto seguro, asesoramiento o referencias. Bloquea fondos críticos para servicios de salud esenciales, como anticoncepción, salud materna, atención del aborto y prevención y tratamiento del VIH/SIDA para organizaciones que se niegan a firmarla.  Cuando ha sido promulgada por presidentes republicanos anteriores, la evidencia ha demostrado que la GGR ha generado un aumento en muertes maternas, embarazos no planeados y abortos inseguros. Restringe el acceso a la atención médica para mujeres y poblaciones en situación vulnerable, silencia a personas defensoras de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), reduce la cobertura de personal de salud comunitario e infringe la soberanía de los países. La reinstauración de la Regla de la Mordaza Global provocará una escalada de crisis sanitarias evitables, daños físicos y emocionales innecesarios, una pérdida de dignidad para las mujeres y también muertes.  IPPF prevé perder 61 millones de dólares destinados a programas que brindan servicios de salud sexual y reproductiva a millones de mujeres y jóvenes. En total, 13 países y 16 proyectos de salud en todo el mundo se verán afectados por la Ley Mordaza Global. Sin financiamiento, las personas a las que servimos se quedarán sin estos servicios vitales, incluidas mujeres que ya enfrentan crisis de salud y humanitarias.  Donald Makwakwa, Director Ejecutivo de la Asociación de Planificación Familiar de Malawi (FPAM), expresó:   "La reinstauración de la Regla de la Mordaza Global tendrá consecuencias devastadoras para las mujeres y niñas en Malawi, donde el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ya es limitado. Los recortes proyectados al financiamiento de FPAM perjudicarán de manera desproporcionada a mujeres y niñas jóvenes en Malawi, muchas de las cuales dependen de estos servicios para evitar embarazos no planeados, abortos inseguros y muertes maternas. Es una política cruel que sacrifica vidas y autonomía corporal."  La Ley Mordaza Global se suma a otras políticas exteriores de EE.UU. que tienen un impacto catastrófico en las comunidades donde trabajan nuestros miembros. Tan solo ayer, la Oficina de Asistencia Extranjera del Departamento de Estado emitió una orden global que detiene de inmediato el gasto en nueva ayuda exterior y suspende el trabajo de subvenciones y contratos existentes. Además, la reciente orden ejecutiva que ataca a personas transgénero, no binarias e intersex ha sembrado un gran temor en nuestras comunidades.  Ya hemos visto recortes de financiamiento debido a la nueva orden ejecutiva anti-DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión). Además, EE.UU. ha anunciado su intención de renovar su membresía en la Declaración de Consenso de Ginebra, una declaración antiaborto inicialmente promovida por personas que afirmaban representar a los gobiernos de Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y Estados Unidos. Fue firmada por representantes de 34 países el 22 de octubre de 2020.  Está claro que la ayuda exterior se ha convertido en un arma política utilizada para imponer ideologías de odio a costa de las mujeres en toda su diversidad, así como de las comunidades LGBTQI+, pobres e inmigrantes.  No podemos—y no vamos a—negar servicios que salvan vidas a las personas a las que servimos. Hacemos un llamado a otros gobiernos y donantes a denunciar el daño y la destrucción causados por estas acciones. Nos solidarizamos con nuestra comunidad. Ahora es el momento de que nuestro movimiento se una, se fortalezca y luche por un mundo con salud, derechos y justicia sexual y reproductiva para TODAS las personas.  Para más información sobre la Regla de la Mordaza Global, visita: The Global Gag Rule | IPPF  Para consultas de prensa, contacta a [email protected] o +44 7918 845 944.   

Como organización dedicada a promover y proteger la salud, los derechos y la dignidad de todas las personas, debemos priorizar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad en cada espacio que ocupamos.  Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido dejar la plataforma X a partir del 20 de enero de 2025. Lamentablemente, X ya no ofrece un entorno seguro y de apoyo que nuestra comunidad merece. La creciente presencia de discursos dañinos y la falta de respuesta adecuada por parte de la plataforma han hecho que esta decisión sea necesaria.  También nos preocupa profundamente la nueva actualización de políticas de Meta, anunciada a principios de enero, ya que plantea cuestiones críticas sobre privacidad, desinformación y la seguridad de grupos vulnerables en línea, incluyendo mujeres, personas migrantes, personas trans y la comunidad LGBTQIA+. Como defensores de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, debemos asegurarnos de que los espacios digitales en los que participamos reflejen los valores de equidad, inclusión y rendición de cuentas.  Nuestro compromiso con generar conversaciones significativas e impulsar cambios positivos sigue firme. Puedes seguir conectando con IPPF y oficinas regionales a través de LinkedIn, Instagram o nuestro sitio web, donde seguiremos activas y disponibles. Para no perderte ninguna actualización, síguenos en Instagram y toca el ícono de la campana en la esquina superior derecha de nuestro perfil para activar las notificaciones.  Te agradecemos por tu continuo apoyo e invitamos a sumarte a la lucha por espacios digitales más seguros y equitativos para todas las personas. Juntas, juntes y juntos, podemos construir un mundo donde todas las personas puedan prosperar, tanto en línea como fuera de ella. 

Para leer el artículo original haz click aquí.   El 10 de diciembre del presente año y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, coincidente en Argentina con el Día de la Restauración de la Democracia, FUNDHEG llevó a cabo el webinario de presentación del informe "Lenguas de fuego: las llamas de odio en el tejido democrático", encuadrado en el proyecto “La Democracia en tu cuerpo”, el cual de desarrolla en articulación a la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF).  La presentación, con una nutrida asistencia nacional e internacional, puso el foco en el impacto de los discursos de odio en las políticas de género y las defensoras de derechos humanos. El informe destaca también los retrocesos y las crecientes amenazas que enfrentan los derechos sexuales y reproductivos, así como las estrategias necesarias para combatir estas narrativas y políticas desde enfoques democráticos e inclusivos.   Una jornada marcada por valiosos testimonios   La apertura estuvo a cargo de Leticia Gauna, presidenta de Fundheg, y Diana Cabral, directora ejecutiva de la organización, quienes subrayaron la importancia de construir una sociedad más inclusiva y equitativa en un contexto de desafíos globales.  Alessandra Nilo, directora de Relaciones Exteriores de IPPF, aportó una perspectiva internacional, destacando el papel de la cooperación global en la protección de los derechos humanos. Por su parte, Gabriela Ayala (Comunicadora Social) y Mariano Leiva (Periodista) presentaron el informe destacando los puntos más relevantes.  Entre las voces que fortalecieron la actividad se encontraron Verónica González Bonet, periodista de la Red de Periodistas con Visión de Género y de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y Lenny Cáceres, periodista feminista y directora del diario digital Femenino. de la provincia de La Pampa. Ambas compartieron valiosas experiencias y perspectivas sobre las amenazas que enfrentan las mujeres y las personas con discapacidad en los espacios públicos y digitales.  Por su parte, Manuela Calvo, periodista de La Rioja, ofreció un profundo análisis sobre la persecución judicial que sufre en su provincia para abordar casos de violencia contra niñas y adolescentes. En su intervención, destacó el papel crucial de los discursos de odio en estos ataques.  A través de un video, Silvina Molina, periodista y fundadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, subrayó la importancia de capacitarse en el uso de las redes sociales como herramienta de defensa frente a los discursos de odio, al tiempo que instó a fortalecer el trabajo colectivo en red. En la misma línea, Monique Aschult, integrante de Mujeres por la Igualdad, coincidió con Molina y propuso potenciar las alianzas con organizaciones a nivel regional como una estrategia clave para enfrentar estas problemáticas.  También participaron Lidia Pérez y Diego Cazorla, ex trabajadores de Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), recientemente eliminado por la actual gestión, quienes remarcaron que en este contexto de discursos de odio propagados desde el Estado, las funciones de INADI no tienen lugar.  El cierre estuvo a cargo de Esmeralda Alfaro, representante de la Asociación Las Crisálidas de Guatemala, quien reafirmó la importancia de la sororidad y la solidaridad regional en la defensa de los derechos humanos.   Ratificación de compromisos   El webinario fue ampliamente valorado por su contenido y la calidad de las reflexiones aportadas. Los testimonios y análisis presentados permitieron no solo identificar los retos actuales, sino también proponer estrategias transformadoras basadas en nuevas narrativas democráticas.   Fundheg e IPPF ratificaron su compromiso de continuar trabajando por una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa, especialmente en un momento crítico para los derechos humanos en Argentina y la región. Este evento se consolidó como un espacio de diálogo esencial para construir herramientas democráticas e igualitarias que permitan enfrentar las llamas de odio.