Un triángulo de vulnerabilidad y desigualdad

La relación entre salud sexual y reproductiva, sobrecarga de cuidados y violencia de género constituye un sistema estructural que perpetúa la desigualdad y limita la autonomía de las mujeres en Venezuela. La negación de derechos esenciales, la carga desigual de los cuidados y la dependencia económica crean un terreno fértil para la violencia, impidiendo que las mujeres puedan salir de relaciones abusivas y limitando su capacidad para tomar decisiones sobre su salud y su vida. 

Un estudio de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) revela datos alarmantes sobre la relación entre el acceso a la salud sexual y reproductiva y la violencia de género. El 61% de las mujeres sobrevivientes de violencia tienen un acceso bajo o nulo a servicios de salud sexual y reproductiva, mientras que solo el 43% de las mujeres que no han sufrido violencia presentan una situación similar. El 80% de las mujeres acude solo una vez al año o nunca a consulta ginecológica, a pesar de que 7 de cada 10 ha enfrentado alguna patología ginecológica. El 57% de los embarazos no fueron planificados, limitando la autonomía reproductiva y colocando a las mujeres en relaciones de dependencia. Además, el 32% de las mujeres sexualmente activas no usa métodos anticonceptivos, aunque el 87% de ellas no desea tener hijos/as, y en estados como Lara, las necesidades anticonceptivas insatisfechas alcanzan el 46%.   

La falta de acceso a la salud sexual y reproductiva no solo restringe la capacidad de las mujeres para ejercer control sobre su cuerpo y su vida, sino que también las expone a un mayor riesgo de violencia de género. El 58% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia basada en género, pero el 79% de ellas no se reconoce como sobreviviente, lo que evidencia la normalización de la violencia en la sociedad. El acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva es, por lo tanto, una herramienta clave para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.   

Sin embargo, la sobrecarga de cuidados refuerza estas dinámicas de desigualdad y violencia. Los diagnósticos de AVESA en comunidades vulnerables de Táchira y Zulia muestran que las mujeres invierten entre 14 y 16 horas diarias en tareas de cuidado no remunerado, incluyendo la limpieza del hogar, la preparación de alimentos, la atención a niños/as y el cuidado de personas enfermas o adultas mayores. El 75% de estas mujeres también trabaja fuera del hogar, lo que eleva sus jornadas diarias a 18 horas o más. El 68,5% de las mujeres casadas o en unión estable depende económicamente de su pareja masculina, y un 10% de las mujeres divorciadas sigue dependiendo económicamente de su expareja. Esta sobrecarga no solo limita el tiempo y la energía de las mujeres para buscar ayuda o generar ingresos propios, sino que también reduce su capacidad para salir de relaciones violentas.  

La intersección entre salud, cuidados y violencia crea un círculo vicioso difícil de romper. Las mujeres con menor acceso a servicios ginecológicos y anticonceptivos tienen un 22% más de probabilidades de ser sobrevivientes de violencia de género. Sin embargo, aquellas que participan en programas de corresponsabilidad de cuidados y tienen mayor acceso a educación sexual integral reportan un 17% menos de casos de violencia en sus vidas. En comunidades donde se han implementado programas de redistribución de los cuidados, las mujeres han reportado una mejora significativa en su calidad de vida: más tiempo para el autocuidado, mayor participación en actividades económicas, reducción del estrés y la fatiga, y mayor capacidad para reconocer y actuar ante situaciones de violencia.  

Para abordar esta problemática de manera integral, es necesario implementar medidas concretas que garanticen el acceso a la salud sexual y reproductiva y promuevan la redistribución de las tareas de cuidado. Es urgente ampliar la cobertura de servicios de anticoncepción, planificación familiar y atención ginecológica, así como implementar programas de educación sexual integral en escuelas y comunidades. Además, es necesario establecer políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados, para que el trabajo doméstico y de atención a personas dependientes no recaiga exclusivamente sobre las mujeres. La violencia basada en género no se resolverá únicamente mediante medidas de protección y apoyo a las sobrevivientes; es imprescindible una transformación estructural que garantice a las mujeres autonomía sobre su salud, su tiempo y su economía.