En América Latina y el Caribe el 32,1% de la población total vive en situación de pobreza y 13,1% en pobreza extrema (datos de CEPAL, 2022). En el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, desde la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) recordamos a todas las organizaciones internacionales, nacionales y a los Estados, la urgencia en avanzar con programas que coloquen como prioridad a las mujeres, niñas y mujeres trans en l centro de las respuestas para erradicación de la pobreza. Desde 1987, el 17 de octubre nos permite reflexionar sobre los progresos internacionales en materia de erradicación de la pobreza en el mundo, la cual es una necesidad imperativa: la pobreza constituye una violación a los derechos humanos de todas las personas y es grave que lo siga existiendo, pues ya tenemos todos las tecnologías y conocimientos para erradicarla. No obstante, su eliminación requiere respuestas con perspectiva de género: en América Latina y el Caribe las mujeres tienen un 30% menos de probabilidades que los hombres de tener acceso a un empleo y una mayor probabilidad de vivir en situación de pobreza y llegar a la vejez sin una pensión digna. En ese sentido, hoy es un día para igualmente recordar que garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos a las mujeres, niñas, en toda su diversidad, es un pilar básico también en la lucha contra la pobreza. Y es por eso por lo que en la región las organizaciones de la sociedad civil seguimos trabajando para mitigar los impactos de la pobreza en las niñas y las mujeres, específicamente en todo aquello relacionado a su acceso pleno a servicios e información sobre sexualidad y reproducción. Todavía, es importante llamar atención para la responsabilidad de Estados, porque, lamentablemente, los datos indican que los gobiernos de nuestra región, en general, necesitan hacer mucho más para garantizar que las niñas, las mujeres y las personas trans se encuentren en igualdad de oportunidades económicas y, hasta que esto suceda, que tengan acceso a programas de seguridad social que les ayuden a sobrevivir. Este ha sido un esfuerzo constante por parte de todas las organizaciones miembros y colaboradoras de IPPF, presentes en más de 27 países en América Latina y el Caribe. Ellas trabajan directamente en sus comunidades suministrando de servicios médicos y de salud como acceso a la anticoncepción, tratamiento de ITS y otros servicios asociados a la salud sexual y reproductiva con enfoque de género, centrados en la persona. Y el desafío sigue siendo muy grande: en la región una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años y la mayoría queda embarazada antes de los 20 años. Esto impacta negativamente su futuro, ya que la mayoría abandona sus estudios y pasan el doble de tiempo dedicadas al trabajo no remunerado como las tareas domésticas y de cuidado. Asimismo, las necesidades son las más básicas, como por ejemplo es la falta de acceso a toallas sanitarias, tampones o copas menstruales, que agrava la situación de mujeres y niñas que no cuentan con los recursos económicos para acceder a ellos, poniendo en peligro su salud al utilizar insumos antihigiénicos. Segundo la Fundación Friedrich Ebert, apenas 9 de 31 países de la región consideran artículos de higiene menstrual como productos de primera necesidad y un 30% de niñas en América Latina y el Caribe se ausentan de la escuela cuando están menstruando, limitando sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo lo cual perpetua el ciclo de la desigualdad de género. Como recuerda, Chanelle Beatrice, co-executive director de Feminitt Caribbean “Poner fin a la pobreza es también apoyar a las personas independientemente de su género y sexualidad, garantizar que puedan existir sin barreras y que tengan la dignidad que merecen. Debe existir equidad menstrual para sostener la erradicación de la pobreza." Finalmente, también entre las poblaciones más olvidadas por las políticas públicas, hoy también necesitamos recordar que, para la comunidad trans, el impacto de la pobreza y el poco acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es aún más fuerte frente a la discriminación ejercida hacia ellas. La propria Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama la atención de que las personas trans “enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia”. O sea, con tantos datos y evidencia ante nosotros y con tantas posibilidades de avanzar, hoy es, sobre todo, un día para recordar a todos los países latinoamericanos la necesidad de cuidar mejor a su gente y acelerar acciones que nos lleven a reducir los alarmantes niveles de desigualdad y pobreza en nuestra región.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

Concientizando sobre el Día Mundial de la Salud Mental  Adoptar un enfoque integral de la salud y los derechos sexuales y reproductivos es fundamental para garantizar el bienestar sexual y reproductivo y la autonomía corporal.   La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) se une a la comunidad internacional en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y reconoce la conexión de la salud mental con la salud y el bienestar generales, que están intrínsecamente relacionados con la salud sexual y reproductiva.   Desde 1992, la Federación Mundial de Salud Mental observa el 10 de octubre como un día para mejorar el conocimiento, sensibilizar e impulsar acciones que promuevan y protejan la salud mental de todas las personas como un bien humano universal. Las asociaciones miembros de la federación y los socios colaboradores se comprometen a garantizar que todos los servicios relacionados con la atención sexual y reproductiva se lleven a cabo con un enfoque integral que se esfuerce por asegurar el bienestar sexual y reproductivo y la autonomía corporal.   La Directora Regional para las Américas y el Caribe, Eugenia López Uribe, comparte sus sentimientos sobre la importancia de la salud mental al afirmar que:  "La IPPF tiene un enfoque centrado en la persona que pretende promover una sexualidad y una reproducción sanas y satisfactorias, en las que incide la salud mental. Todas las personas sin importar su condicion merecen poder acceder a una atención de calidad que reconozca sus necesidades y dé prioridad a su bienestar general de forma holística. Como región, nos comprometemos a seguir trabajando para combatir el estigma y contribuir a la promoción de una atención y vidas dignas".  La Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos son un elemento integral del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, como lo reconoce el Relator Especial sobre el derecho a la salud de las Naciones Unidas.   Hoy, IPPF ACRO reconoce y celebra a nuestras asociaciones miembro que continúan aplicando enfoques centrados en la persona en su trabajo diario y que están trabajando para ampliar el acceso a todos en sus países de origen y a nivel regional, mientras seguimos defendiendo una atención sexual y reproductiva para todas las personas que reconozca el impacto de la salud mental en nuestra capacidad de sentir y dar placer, así como en nuestras relaciones con otras personas y seres queridos. 

La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos. Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos. Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo. Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento. Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado. Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas. Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas. Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia. A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social. Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.

Primer año de una decisión histórica: despenalización del aborto en Colombia 21 de febrero de 2023 Profamilia —como organización líder en la defensa y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos — celebra el primer año de la decisión de la Corte Constitucional que permitió la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Esta representa un paso histórico para la garantía de los derechos de las mujeres y personas gestantes en el país y Latinoamérica, así como un avance trascendental hacia el reconocimiento de su autonomía y ciudadanía plena. Gracias a la Sentencia quienes, ante un embarazo no deseado, decidan abortar no van a ser judicializadas, ni criminalizadas por acceder a lo que hoy es considerado como un servicio de salud y un asunto de justicia social. De igual forma, la organización reconoce la expedición de la Resolución 051 de 2023, con la que el Ministerio de Salud regula la atención integral para ofrecer servicios de aborto en toda Colombia. Con esta resolución se reconoce que tanto mujeres como personas gestantes (hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias, entre otras) pueden acceder al servicio sin restricciones y reitera que, el aborto es un servicio esencial y urgente de salud que debe garantizarse y no suspenderse. Desde su promulgación, Profamilia ha garantizado la implementación de la Sentencia C-055 de 2022 en su red de más de 53 clínicas especializadas en salud sexual y reproductiva a nivel nacional.  En ese sentido, la Organización comparte con la opinión pública un análisis de lo que ha evidenciado en el primer año de la Sentencia, así como recomendaciones para avanzar hacia una sociedad que respete y garantice la aplicación de la jurisprudencia vigente en pro de los derechos y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes en el país.     Lo positivo: mayor acceso y compromiso Las mujeres, hombres trans y no binarias que deciden interrumpir el embarazo lo hacen tempranamente. Durante este primer año, el 97.2% de los abortos realizados a través de Profamilia, se hicieron antes de la semana 16 de gestación y de estos, el 86% antes de la semana 12 y solo un 1,1% de los procedimientos se realizaron después de las 24 semanas, bajo alguna de las causales de la Sentencia C-355 de 2006   Después de la Sentencia C-055, el acceso al aborto seguro ha mejorado. La Organización registró un aumento del 65,9% en los procedimientos. Esta información coincide con la evidencia de otros países (Uruguay, Francia, Portugal, España, Ciudad de México, en México) en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un aumento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye.   Profamilia ha fortalecido su servicio Mía, con el que se acompañan y realizan abortos autogestionados hasta la semana 12 de gestación a través de telemedicina. Con este servicio se ha llegado a mujeres que desean interrumpir sus embarazos en municipios de difícil acceso como: Leticia, en el Amazonas, Bahía Solano, en el Chocó, San Vicente del Caguán, en el Caquetá, Dibulla, en La Guajira, entre otros.   Distintas autoridades han cumplido sus obligaciones y reiterado su compromiso con el derecho al aborto. En agosto de 2022, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó que Colombia se retiraba oficialmente de la Declaración del Consenso de Ginebra -reconocida por su contenido contrario a la autonomía reproductiva y a la diversidad familiar- y reiteró que el país reconoce, respeta y protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas y que, de acuerdo con la Constitución Política y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral e indivisible de los derechos y la salud sexual y reproductiva.   La Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud garantiza el servicio para las mujeres migrantes en Colombia y se reconoce este derecho como un servicio esencial y urgente que nunca puede suspenderse. Se eliminan además los copagos y cuotas moderadoras en las EPS y centros médicos. Se reafirma que las menores de 14 años pueden decidir autónomamente sobre un aborto, sin permiso de sus padres y aun cuando su decisión sea contraria a la de ellos. En la resolución se insta a modernizar los protocolos como un avance para el bienestar de las mujeres y personas gestantes.   El pasado 2 de febrero de 2023, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 023 que tiene como objetivo garantizar el derecho al aborto sin barreras y promover el conocimiento y acceso a información sobre derechos y prevención de la maternidad y paternidad temprana, con lo cual no solo se impacta el derecho a la salud, sino que se fortalece al sector y se convierte en un referente para otras ciudades del país en el compromiso que deben asumir para garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud.   El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2022-2026 incluyó la garantía del derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en el marco de la formulación e implementación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos que debe actualizarse para los próximos 10 años, con esto es posible asegurar recursos que permitan impulsar la materialización de todas las medidas y acciones que aseguren la garantía del derecho al aborto en Colombia. Aun preocupa: persisten las barreras y la violencia A pesar de la Sentencia C-055 de 2022, Profamilia ha recibido usuarias, con menos de 24 semanas de gestación, que refieren haber encontrado barreras en profesionales de la salud que han limitado el derecho y servicio de aborto.   Por otra parte, las estadísticas de Profamilia sobre la prestación de servicios de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en su red de clínicas en todo el país revelan un preocupante aumento de la violencia sexual contra menores de 14 años, ya que de 2021 a 2022 se identifica un aumento de 47,3%. Este dato coincide, lamentablemente, con el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que indica que hubo un aumento del 23% para el año 2022 de los delitos sexuales contra menores de edad, con respecto al año anterior.   La legalización del aborto en Colombia ha evidenciado limitaciones en la calidad de los servicios, es fundamental eliminar toda forma de discriminación y violencia, formación y sensibilización del personal de salud, la eliminación del legrado como técnica principal y la clausura definitiva de los sitios donde se practican procedimientos inseguros.   ¿Qué retos existen?   Es necesario cumplir integralmente las órdenes de la Sentencia C-055 de 2022. Por eso es fundamental apoyar la aprobación de las iniciativas legislativas y de política pública que buscan la implementación y fortalecimiento de la Educación Integral en Sexualidad en todos las instituciones de educación del país, con el fin de prevenir las violencias basadas en género, promover el ejercicio seguro y responsable de la autonomía sexual y reproductiva, el conocimiento y empoderamiento en derechos, el acceso efectivo y oportuno a métodos anticonceptivos, así como la búsqueda de una sociedad con equidad de género.   Con el manejo del aborto como un asunto de salud pública, el país tiene la posibilidad de acabar con la muerte prevenible de 70 mujeres que cada año pierden la vida por abortos inseguros, así como reducir y evitar 132.000 complicaciones derivadas de este tipo de procedimientos. La legalización del aborto representa la oportunidad de poner en el centro la protección de la salud y la vida de las niñas y mujeres como el principal objetivo de toda la política pública en salud.   La eliminación de barreras en el acceso a servicios de aborto seguro debe ser una prioridad de las autoridades locales de salud, quienes tienen a su cargo la inspección, vigilancia y control del sistema de salud en sus jurisdicciones. Es necesario implementar mecanismos intersectoriales de seguimiento y monitoreo de barreras y acompañamiento técnico de los prestadores de salud para asegurar una implementación ordenada y sistematizada de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas regulatorias que se han venido expidiendo.   Las entidades territoriales, en todos sus niveles, deben asumir la iniciativa y el liderazgo de hacer realidad los derechos sexuales y reproductivos en sus jurisdicciones. El ejemplo del Concejo de Bogotá y su acuerdo sobre la eliminación de barreras para el aborto seguro es una muestra de cómo se pueden adoptar medidas locales orientadas a facilitar la implementación de los mandatos constitucionales y reglamentarios sobre el aborto con acciones. “Luego de un año es posible ver los avances que ha logrado el país en materia de autonomía reproductiva y derechos para las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, hay que pasar del texto a los hechos, garantizando que la Sentencia 055 de 2022 sea aplicada. El compromiso de Profamilia será siempre la prestación de servicios integrales, humanizados y seguros que permitan la toma de decisiones libres e informadas, hoy lo reiteramos. Aseguró Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia. "Colombia ha marcado una pauta para la región, las mujeres y personas gestantes merecen elegir la mejor decisión para ellas y sus familias. En IPPF estamos comprometidas a hacer crecer la marea verde para asegurar que todos los países tengan los mismos derechos para todas las personas, especialmente en Centroamérica y el Caribe" dijo Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe.   Contacto prensa: SECNewgate Julián Villabona Account Manager 3004521219 [email protected] Profamilia Christian Jimenez Director Nacional de Comunicaciones 3144566759 [email protected]              

On this World Day of Social Justice, we call on States to be proactive in overcoming obstacles and ensuring social justice.  In 2022, activists won a major victory with the decriminalization of abortion in Colombia, reminding us that despite obstacles in much of the region, there is hope as the green tide spreads thanks to the activism of community base everywhere. In the Caribbean, physical and sexual violence against trans people often goes unreported, as there are no legal mechanisms to recognize different gender expressions, which in itself is a form of violence. Brazil and Mexico, despite being countries with important activists, continued to be the most violent places for trans people in 2022. The United States is the third most dangerous country, with 300 anti-LGBTQ+ laws that have been introduced in the first two months of 2023. Despite all these challenges, the region's LGBTQI+ communities continue to be at the forefront of movements and activism. Local activists in the Caribbean were rewarded for their hard work with the repeal of colonial-era laws banning same-sex intimate relationships in 3 countries: Saint Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, and Barbados by 2022. There are We need to protect these activists so they can continue their fight for rights and justice.  There are solutions that include all of us and all eyes are on the governments of our region so that they offer protection against discrimination and violence.  

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.  

La IPPF lleva 70 años promoviendo y prestando servicios de calidad y proporcionando información integral, así como luchando por leyes justas que permitan que más personas, en más lugares y en más circunstancias, puedan ejercer sus derechos y salud sexual y reproductiva (DSSR). Empezó como un acto de solidaridad internacional entre activistas de unos cuantos países y, desde entonces, la IPPF ha crecido y se ha convertido en una amplia y diversa comunidad de organizaciones proveedoras de servicios y defensoras de derechos que abarca todo el planeta. Nuestra misma existencia indica que la dignidad en los derechos y la salud sexual y reproductiva es una demanda universal en todo el mundo. Sin embargo, se trata de un mundo que cambia a gran velocidad. Debemos hacer frente a grandes desafíos, como los tóxicos legados del racismo, el sexismo y la homofobia que persisten desde hace tiempo; los efectos cada vez más profundos de la crisis climática, la violencia y las desigualdades; el creciente impacto de las nuevas tecnologías, los desplazamientos de población y la destrucción de hábitats. La IPPF sabe que en todos los lugares donde esas situaciones afectan a la vida de las personas, su salud y sus derechos sexuales y reproductivos también se ven afectados. Sabemos que cuando se vive en una situación de emergencia humanitaria, los derechos y la salud sexual y reproductiva también entran en crisis. Quienes sean objeto de prejuicios, intolerancia o exclusión, también verán erosionado su acceso a los derechos y la salud sexual y reproductiva. Sabemos que quienes sufren las peores consecuencias de esas injusticias son las personas jóvenes de las comunidades más pobres, en los lugares con mayores problemas y con acceso a menos oportunidades. A fin de tener un impacto en un mundo cambiante, la IPPF también debe cambiar. La Estrategia 2028 consiste en eso: en cambiar la IPPF de modo que esté bien equipada para defender los derechos y la salud sexual y reproductiva de las personas excluidas, de quienes tienen el acceso bloqueado o se han dejado atrás. Nuestra Estrategia 2028 establece un camino conocido, pero en una nueva dirección, sobre un terreno mucho más difícil, hacia ese destino bien definido. Recorreremos ese camino hombro con hombro con la juventud y con las personas y comunidades que llevan el peso del estigma y los prejuicios. A cada paso, defenderemos, protegeremos y celebraremos la seguridad, el placer y el bienestar en el área sexual y reproductiva. En todo momento, denunciaremos a los poderes y autoridades que, a través de políticas, prácticas y leyes, socaven la dignidad y los derechos humanos en esos espacios íntimos. En cuanto a nuestra Federación, rendiremos cuentas de lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Esa es nuestra Estrategia 2028. Para la Junta Directiva de la IPPF es un enorme orgullo dar a conocer este itinerario estratégico. Esperamos que nos acompañen en este camino, desde sus propios contextos, comunidades y realidades. Hagámoslo juntos. Unamos esfuerzos en pos de la dignidad sexual y reproductiva para todas las personas; para todas y cada una de nosotras, para que ninguna quede excluida, por el interés de todas nosotras. Kate Gilmore Presidenta de la Junta Directiva de la IPPF

The International Planned Parenthood Federation of the Americas and Caribbean Region (IPPF ACRO) was well represented at this year's International Conference on Family Planning , with representation from Mexico and Peru, as well as the IPPF ACRO team. , whose delegation joined schools from around the world in Thailand to participate.   About the ICFP Desde la primera ICFP en Kampala, Uganda, en 2009, la Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar (ICFP) ha servido como un punto de inflexión estratégico para la comunidad mundial de la salud reproductiva, proporcionando un escenario global para que los países, las organizaciones y los individuos hagan importantes compromisos y celebren los logros como la mayor conferencia científica del mundo sobre planificación familiar y salud reproductiva. La ICFP se ha convertido en mucho más que una conferencia: ha crecido hasta convertirse en una plataforma para investigadores, defensores, gobiernos y comunidades; en un movimiento para lograr el acceso a la planificación familiar para todos; y en una comunidad creciente guiada por el espíritu de colaboración, inclusión, innovación y rigor científico.     As the broader family planning community looks “beyond 2020” to reset our goals and reposition itself for the future of family planning, ICFP 2022 will be a strategic reference point as the community prepares to re-engage with the objective. of universal access by 2030.