La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos.

Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos.

Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos.

Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo.

Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento.

Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado.

Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas.

Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas.

Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger.

La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia.

A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales.

Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social.

Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.