The International Planned Parenthood Federation in the Americas and the Caribbean (IPPF ACRO) celebrated the launch of its new regional office in Mexico City. This important step reaffirms IPPF's commitment to the region, adding to the existing office in Port of Spain, Trinidad and Tobago, to strengthen the articulation of the Membership and advance the sexual and reproductive rights agenda. IPPF has been present in the region for over 70 years, and these offices continue the commitment to providing sexual and reproductive health and rights to all people, regardless of their circumstances. The inauguration of the new office took place during the IPPF ACRO Regional Forum, with the full Americas & the Caribbean membership (30 organizations in 30 countries) present at the event.  The launch included the participation of key allies and actors in the region, including organizations like UN Women, the Center for Reproductive Rights, IPAS LAC, Médecins Sans Frontières, Amnesty International, and Volcánicas, all of which have been instrumental in advancing our mission as a movement. Government representatives were also present, such as the Secretariat for Women of Mexico, the National Population Council, and the Ministry of Foreign Affairs, along with other governmental entities with which IPPF ACRO collaborates to ensure a comprehensive and committed approach to defending sexual and reproductive rights both in Mexico and throughout the region.  This new office will not only facilitate better coordination between IPPF's member associations in the 30 countries of the region but also allow for closer ties with local actors, strengthened alliances, and coordinated strategy development in the realm of political advocacy. With a presence in Mexico City, IPPF ACRO will be able to participate more actively in key spaces, both nationally and regionally, expanding our capacity to advocate for access to sexual and reproductive health, bodily autonomy, and gender equality.  The opening of the regional office in Mexico is a testament to the power of collaboration and unity in advancing our shared mission. With this new base in Mexico City, IPPF ACRO is more committed than ever to working alongside governments, civil society organizations, and our member associations to face threats to rights and ensure a dignified, violence-free life for all people in the region.

La Federación Internacional de Planificación Familiar en las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) celebró el lanzamiento de su nueva oficina regional en Ciudad de México. Este importante paso reafirma el compromiso de IPPF ACRO con la región, sumándose a la oficina ya existente en Puerto España, Trinidad y Tobago, para fortalecer la articulación de la Membresía y avanzar en la agenda de derechos sexuales y reproductivos. IPPF ha estado presente en la región por más de 70 años, y estas oficinas continúan el compromiso de llevar salud y derechos sexuales y reproductivos a todas las personas, sin importar las condiciones. La inauguración de la nueva oficina se llevó a cabo durante el Foro Regional IPPF ACRO, con la presencia de la membresía completa en el evento.  El lanzamiento contó con la participación de grandes aliadas y actores clave en la región, incluyendo organizaciones como ONU Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, IPAS LAC, Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, y Volcánicas que han sido fundamentales para el avance de nuestra misión como movimiento. También estuvieron presentes actores de gobierno, como la Secretaría de las Mujeres de México, el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como otras entidades gubernamentales con las que IPPF ACRO colabora para garantizar un enfoque integral y comprometido en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, tanto en México como en toda la región.  Esta nueva oficina no solo facilitará una mejor articulación entre las asociaciones miembro de IPPF en los 30 países de la región, sino que también permitirá establecer vínculos más estrechos con actores locales, fortalecer alianzas y desarrollar estrategias coordinadas en el ámbito de la incidencia política. Al tener una presencia en Ciudad de México, IPPF ACRO podrá participar más activamente en espacios clave, tanto nacionales como regionales, ampliando nuestra capacidad de incidencia para asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva, la autonomía corporal y la igualdad de género.  La apertura de la oficina regional en México es un testimonio del poder de la colaboración y la unión para avanzar en nuestra misión compartida. Con esta nueva base en la Ciudad de México, IPPF ACRO está más comprometida que nunca a trabajar junto a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y nuestras asociaciones miembro para enfrentar las amenazas a los derechos y garantizar una vida digna y libre de violencia para todas las personas en la región. 

El Foro Regional IPPF ACRO, celebrado del 9 al 13 de septiembre en la Ciudad de México, reunió a más de 100 representantes de aliados y de la Membresía de IPPF en las Américas y el Caribe, incluyendo direcciones ejecutivas, directores/as y representaciones juveniles de 30 países de la región. Este encuentro, cerrado al público externo, fue clave para fortalecer nuestras alianzas y trazar estrategias comunes que nos permitan avanzar en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, especialmente en un contexto de crecientes amenazas a estos derechos.      La semana inició con el Foro de Juventudes ACRO dedicado especialmente a las, les y los representantes jóvenes de las organizaciones miembro y socias colaboradoras de IPPF en la región. El lunes y martes, les asistentes no sólo profundizaron en el papel de la Red de Juventudes ACRO para avanzar en la estrategia de la Federación, sino que fortalecieron capacidades de gobernanza para posicionar las necesidades de las juventudes. Además, compartieron necesidades de articulación con las Direcciones Ejecutivas de sus organizaciones para continuar centrando la provisión de servicios de salud e incidencia política en las necesidades de esta población.  Durante el Foro Regional que comenzó el miércoles 11 de septiembre, analizamos las amenazas y oportunidades y también exploramos cómo aprovechar los espacios multilaterales para hacerle frente a estos desafíos. Fue un fuerte momento para reforzar la importancia de mantenernos unidas para lograr cambios reales y sostenibles en los territorios.   En una sesión especial, tuvimos la participación de líderes de movimientos sociales como personas trans, mujeres trabajadoras sexuales y mujeres viviendo con VIH, quienes nos recordaron la importancia de unir nuestras agendas para avanzar colectivamente.   Marcela Romero, Secretaria Ejecutiva de RedLacTrans, nos inspiró: "Es momento de abrir el abanico al momento de hacer incidencia política: las mujeres trans somos madres, abuelas, tías, hermanas. Por muchos años se nos ha negado formar familias porque no teníamos leyes que nos respalden. Es ahora, juntas y juntes, que podemos soñar para sumar otros temas que nos daban miedo pero que también son parte de la vida de las personas trans.”  Mariana Iacono, de ICW Latina, nos recordó que "más allá de los derechos reproductivos, es necesario garantizar el derecho a la autonomía corporal. Y la única manera de lograrlo es siendo aliadas. ¿Cómo podemos vincularnos para asegurar el acceso a derechos para todas las mujeres y personas gestantes de nuestra región?"   Y Lucy Esquivel, Secretaria Ejecutiva de RedTraSex, nos recordó sobre la importancia de reconocer y abordar las complejas necesidades de nuestras comunidades, más allá de los aspectos de salud: "para garantizar nuestros derechos no es suficiente mirar solamente de mi cintura para abajo. Es necesario que el Estado, que las aliadas, que los gobiernos vean mi ser completo. Mi ser mujer trabajadora sexual que está compuesta por muchos aspectos".       Dedicamos, además, un espacio para planear colectivamente nuestra incidencia en eventos globales para avanzar los derechos sexuales y reproductivos. En esta sesión, las directoras ejecutivas de Fundheg, Gestos y Profamilia compartieron perspectivas clave para influir estratégicamente en la agenda de foros como el G20 (a través del C20), la 30° Conferencia de las Partes (COP30), la Conferencia Internacional de Planificación Familiar en 2025 (ICFP 2025), y otros espacios como el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. La participación en estos espacios es crucial para asegurar que nuestras prioridades – derecho a aborto seguro, educación integral en sexualidad, el cambio climático y el financiamiento para los derechos sexuales y reproductivos avancen en la agenda global. Otra sesión muy importante fueron los Diálogos para la Acción, donde las organizaciones de la Membresía mostraron su expertise, logros y aprendizajes en una variedad de temas como: la atención de aborto en contextos restringidos, el involucramiento juvenil, la sostenibilidad financiera, estrategias de comunicación y narrativas para ganar mentes y corazones, el involucramiento de poblaciones LGBTIQ+ para lograr la Educación Integral en Sexualidad, y la respuesta humanitaria.  Las organizaciones que compartieron sus experiencias - CEMOPLAF, la Asociación de Planificación Familiar de Guadalupe, Fundheg, la Asociación de Planificación Familiar de Granada, Fundación Llaves, Mexfam, la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago, Gestos, Colectivo Rebeldía, Famia Plania Aruba - nos abrieron una ventana a las realidades locales, permitiéndonos identificar puntos en común, así como desafíos comunes que seguimos enfrentando.   El Foro también incluyó una sesión sobre antirracismo para personas afrodescendientes, facilitada por Ana Barreto, directora de Planned Parenthood Global que resultó en un espacio potente de reflexión sobre cómo podemos seguir avanzando hacia una mayor equidad y justicia racial.  Así, uno de los principales resultados de este encuentro fue la cocreación de prioridades y estrategias de IPPF ACRO para el próximo año. Trabajamos juntas para definir donde, cómo y con cuales alianzas avanzaremos en nuestra incidencia política, para promoción de leyes, políticas públicas e inversión financiera que garanticen el bienestar integral y vida, los derechos sociales, económicos y ambientales – y los DSDR – libres de discriminación y violencia.   Como dijo Teresa Alarcón, directora ejecutiva de Colectivo Rebeldía, nuestra Socia Colaborativa en Bolivia: "Son nuestras agendas las que están conectadas con la vida, con la dignidad y con la felicidad y son nuestras organizaciones y movimientos que trabajan por vidas libres de violencia, por el derecho a la salud, a la autonomía, buscando un mundo más justo, donde todas las personas puedan tener vidas sanas y plenas".  Y, por eso, ese también fue nuestro espacio para celebrar la resiliencia y el impacto que nuestras organizaciones:  en 2023, IPPF ACRO brindó más de 17 millones de servicios para salud sexual y reproductiva, incluyendo procedimientos de aborto seguro, atención a la fertilidad, a las infecciones sexualmente transmitidas y a la violencia sexual y basada en género, lo que demostrar el compromiso incansable de nuestras asociaciones miembro con el bienestar de sus comunidades.  Al final, salimos de estos días juntos, revitalizadas: Estamos listas para enfrentar los desafíos de 2024 y 2025, con estrategias comunes, más fortalecidas y unidas que nunca.    

La Federación Internacional de Planificación Familiar en las Américas y el Caribe (IPPF ACRO por sus siglas en inglés), conformada por 30 organizaciones en 29 países, se reunió en la Ciudad de México con un mismo objetivo: cocrear estrategias para avanzar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y el avance de leyes y políticas públicas que garanticen bienestar integral y vidas libres de discriminación y violencia para todas las personas. Juntas ellas conforman una fuerza impresionante en ese sector. Sólo en 2023, IPPF ACRO brindó más de 17 millones de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo procedimientos de aborto seguro, atención a la fertilidad y a la violencia sexual y basada en género, e invirtió millones de dólares en la región. Globalmente, IPPF, una organización con 72 años, actúa en 152 países. En el 70% de ellos, somos la principal proveedora de servicios de salud sexual y reproductiva. Ante el avance de discursos de odio y retroceso en las políticas públicas y leyes, como dice Teresa Alarcón, directora ejecutiva de Colectivo Rebeldía, Socia Colaborativa de IPPF en Bolivia: “Son nuestras agendas las que están conectadas con la vida, con la dignidad y con la felicidad y son nuestras organizaciones y movimientos que trabajan por vidas libres de violencia, por el derecho a la salud, a la autonomía, buscando un mundo más justo, donde todas las personas puedan tener vidas sanas y plenas.” “Las organizaciones que confluyen en IPPF ACRO llevan la salud sexual y reproductiva a las personas directamente todos los días, son expertas en sus contextos en aspectos no sólo de salud, pero en el social y lo legal,” aseguró Eugenia López Uribe, directora de la oficina de las Américas y el Caribe de IPPF. “Esta semana, nos reunimos para traer lo que hemos aprendido en este año, para intercambiar puntos en común, tanto logros como retos, y crear estrategias para el avance del acceso al aborto seguro, la adopción de programas de educación integral en sexualidad, la mitigación de la crisis climática con perspectiva de género y el financiamiento para avanzar en esta agenda clave”. Además, “ lo vamos hacer con las poblaciones duramente afectada por la ausencia de los derechos sexuales y reproductivos, como las juventudes, las mujeres que viven con VIH y las personas trans.”  Este es un trabajo muy importante considerando el momento actual: en América Latina 18 millones de mujeres tienen necesidades insatisfechas de anticoncepción moderna, a pesar de que, en términos de inversión, es más eficiente cumplir con esa necesidad que con las consecuencias de la falta de acceso a ella. Más aun, 1,500 hospitales especializados en la salud materna y planificación familiar están situados en zonas costeras propensas a los riesgos naturales, lo que impedirá más y más el acceso a ellos ante la creciente crisis climática. Además solo 7% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en avance satisfactorio, lo que trae a relucir la falta de atención e inversión que los gobiernos del mundo y la región han puesto para poner fin a las desigualdades y no dejar a nadie atrás. IPPF en la región trabaja de manera prioritaria para el avance del acceso al aborto seguro, la adopción de programas de educación integral en sexualidad, la mitigación de la crisis climática con perspectiva de género y el financiamiento para avanzar en esta agenda clave. Y para lograrlo, se alían con las poblaciones clave para conectar las lecciones aprendidas con las necesidades directas de grupos como las juventudes, las mujeres que viven con VIH y las personas trans. Las organizaciones miembro de IPPF en las Américas y el Caribe se encuentran en Canadá, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

No permitiremos el retroceso de nuestros derechos por  Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF en las Américas y el Caribe   La semana pasada, los diputados de uno de los partidos políticos de derecha en México, Acción Nacional (PAN), aprobaron una modificación al código penal para limitar el acceso al aborto de las 12 a las 6 semanas, violando gravemente el principio de no regresividad de los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que el derecho a decidir y el acceso al aborto legal son parte de las formas en las que se garantizan la autonomía reproductiva y se defienden la esfera íntima y el derecho a la vida privada.  Aguascalientes es un estado del bajío de México, región caracterizada por ser un bastión de grupos anti derechos, en el que el PAN ha gobernado desde 1998. Teresa Jiménez, actual gobernadora de Aguascalientes, propuso a los diputados esta modificación al código penal para limitar aún más el acceso a aborto e incrementar la criminalización de las personas que abortan.  En México, desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que “es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta”. Declaró en unanimidad que restringir el aborto vulnera el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos. Esa fue la primera vez que la Corte en este país dio pauta para armonizar la legislación sobre aborto con su resolución.   En 2023, a través de un amparo presentado por organizaciones feministas locales, la SCJN resolvió que el Congreso de Aguascalientes tenía que legislar para eliminar los artículos que criminalizaban el aborto en la entidad. Olvidando el carácter laico que le dicta la constitución, la gobernadora de Aguascalientes reaccionó y dijo que “en su gobierno (...) como gobernadora constitucional, somos provida”, criticando que las y los diputados de Aguascalientes tuvieron que acatar la orden de la Corte para no ser sometidos a sanciones administrativas.  Hace una semana, los diputados locales discutieron la iniciativa de la gobernadora. Con 19 votos a favor, los legisladores modificaron de nueva cuenta el código penal para reducir de 12 a 6 semanas el plazo para acceder a un aborto, así como las causales por las cuales se podía solicitar el servicio.  Entre los argumentos presentados por los legisladores está el que “las leyes establecidas (…) encuentren un equilibrio justo y razonable” entre el derecho a decidir y el derecho a la vida e, interpretando la resolución de la SCJN de 2021 a su favor, establecen el límite de las 6 semanas a su consideración: “el periodo en el cual es posible detectar el latido del corazón del concebido”.   En el mismo dictamen, las y los diputados de Aguascalientes utilizaron como argumento una sentencia de la SCJN de 2012. En ese momento la Corte dijo que “no existen derechos humanos fundamentales absolutos”, por lo que los diputados interpretaron que la interrupción del embarazo sí puede restringirse o limitarse bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las leyes y los derechos son progresivos: aunque la SCJN hubiese dicho eso en 2012, en 2021 dijo que SÍ es un derecho absoluto, y, por lo tanto, debería preponderar ante la de 7 años atrás.   Dejémoslo claro: esta reforma, y las estrategias y esfuerzos de los grupos anti derechos, son un atentado directo a la autonomía, los derechos y la libertad de las personas para decidir sobre sus cuerpos, sus vidas, incluyendo sus familias. Son atentados que no deberían siquiera estar ocurriendo, dado que, en México, por ejemplo, el artículo 4° de la constitución establece que todas las personas tenemos derecho a decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener.  A nivel global está respaldado por la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), Conferencia Mundial de la Población y Desarrollo (Cairo) y la Plataforma de Acción de Beijing.  Al contrario de lo que las y los legisladores argumentan, la narrativa “provida” o mejor dicho, antiderechos, es la que coarta, la que limita, la que coerciona, la que castiga, y esta reforma es otra evidencia para demostrarlo. La imposición de un proceso de evaluación médica doble expone a las mujeres a un mayor riesgo de complicaciones médicas, procedimientos inseguros y, en última instancia, a la criminalización. El temor a ser acusados penalmente puede disuadir al personal médico de brindar atención adecuada, agravando aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.  En IPPF estamos orgullosas, orgulloses y orgullosos de estar del lado de las personas, de sus decisiones, de sus sueños y su futuro. Eso es lo que significa estar a favor de la vida: respaldar nuestro derecho a la salud, la libertad de formar las familias que deseamos y a amar a quien nos haga sentir bienestar.   ¿Cómo podemos evitar que lo que ocurrió en Aguascalientes se repita en otros estados y en la región? Las y los diputados de Aguascalientes vieron un vacío legal pues las y los ministros no determinaron de manera clara un mínimo a ser incluido en la legislación sobre aborto.  El aborto debe desaparecer de los códigos penales y declararse un derecho absoluto que se garantice a todas las personas, sin importar sus circunstancias. De lo contrario, los grupos antiderechos, apoyados por los legisladores conservadores afines, encontrarán vacíos legales para restringir el acceso a aborto, como lo hicieron en este estado.  Ninguna causal y ningún plazo será suficiente. Necesitamos dejar a un lado la criminalización como vía para garantizar derechos. Es momento de no aumentar causales, de agregar excepciones a la regla, de pensar que las vidas y los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar deben responder a los códigos penales y a las leyes ¡cuando debe ser al revés!   Son nuestras necesidades, nuestras realidades las que deben dictar las legislaciones, y con una de cada cuatro mujeres que han abortado en sus vidas, me parece claro hacia donde debería progresar la legislación: a la despenalización total del aborto. 

Hoy, el Congreso de Aguascalientes ha dado un grave paso atrás para los derechos sexuales y reproductivos al reducir el límite legal para el aborto de 12 a 6 semanas de gestación.  Esta decisión, que atenta directamente contra los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, contradice la resolución de la Suprema Corte de Justicia de México, que ordena derogar de los Códigos Penales Estatales las leyes que criminalizan al aborto voluntario.  En ese momento reafirmamos el compromiso de IPPF ACRO con los derechos sexuales y reproductivo de todas las personas por lo que reafirmamos que cuando ellas deciden abortar deben tener la libertad de hacerlo sin restricciones de tiempo.  Con profunda solidaridad abrazamos a las organizaciones, colectivas y activistas locales que han luchado para garantizar el acceso a aborto seguro en Aguascalientes y todo el país y nos sumamos a sus esfuerzos: no permitiremos que se retroceda en derechos que ya han sido reconocidos y avanzaremos juntas para que las mujeres cis, los hombres trans, personas no binarias y otras disidencias sean incluidas en las legislaciones sobre aborto.  ¡Juntas seguiremos tejiendo redes de derechos, de cuidado y resistencia!  

Tras el paso del huracán Beryl, la Asociación de Planificación Familiar de Granada (GPPA) está comprometida con la salud y el bienestar de todas las personas. Dado que las consecuencias del huracán pueden haber interrumpido el acceso a servicios esenciales y necesidades básicas, siguen ofreciendo sus servicios en este contexto humanitario. He aquí los servicios que puedes encontrar: Atención de salud sexual y reproductiva: Ofrecen una serie de servicios confidenciales, como anticoncepción, pruebas de ITS y consejería. Anticoncepción de emergencia: ¿Necesitas un Plan B? Elles pueden ayudarte. Atención prenatal: Proporcionan servicios completos de atención prenatal para garantizar la salud de la madre y el bebé. GPPA entiende que los desastres pueden afectar a la salud reproductiva. Si tienes alguna pregunta o necesitas concertar una cita, llama o envía un mensaje al 440-3341/ 403-3341.  

Click here to read this opinion piece in English.   Venezuela: Un espejo de la realidad latinoamericana por Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF ACRO   El quiebre democrático en Venezuela, que obviamente no empezó este año, refleja las crisis políticas, económicas, ambientales y sociales que se viven en nuestra región. Como es público, el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, electo por mayoría para su tercer periodo presidencial. A partir de la noticia, se ha desencadenado una situación de violencia y represión con violaciones a derechos humanos.  Lo que sucede hoy en Venezuela, con la falta de transparencia en el proceso electoral, las protestas sociales, la represión violenta y severas violaciones estatales a derechos humanos también afecta a los otros gobiernos de la región, independientemente de sus posiciones ideológicas de derecha o izquierda.  Latinoamérica ha visto un resurgimiento de líderes autoritarios que han debilitado fuertemente los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos. Nicaragua, El Salvador, Argentina y, hasta hace poco, Brasil, son algunos ejemplos. Hay patrones y dinámicas que, en la última década, hemos visto replicadas y normalizadas, como la influencia de modelos políticos antidemocráticos y la polarización social como herramienta para justificar medidas extremas y autoritarias.

Click here to read this statement in English.   Desde IPPF expresamos nuestra preocupación con la situación en Venezuela y total solidaridad con su gente, que en 28 de julio recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la noticia de que el actual mandatario, Nicolás Maduro, fue electo para un tercer periodo presidencial. Son graves las denuncias por falta de transparencia en el proceso y nos unimos a la comunidad internacional que exige la publicación de los resultados electorales, pues, hasta hoy, miércoles 31 de julio, el CNE no ha mostrado actas que prueben el triunfo de Nicolás Maduro.   Es preocupante que las fuerzas de seguridad del Estado respondan con violencia y represión desde el comienzo de las movilizaciones que continúan, con centenas de personas detenidas y números creciente de muertes. A la emergencia actual, se suman las cifras de desigualdad, inequidad de género y falta de acceso a servicios de salud, incluyendo la sexual y reproductiva, que han ido en aumento durante los últimos 25 años.   No es posible olvidar: en Venezuela, el número de feminicidios se ha duplicado en los últimos 6 años; el 28.7% de las personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de violencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado; el 91.5 % de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas; la legislación sobre aborto es sumamente restrictiva y los servicios muy limitados; además, 7.7 millones de personas han sido obligadas a desplazarse por el contexto sociopolítico.  Con extrema preocupación, IPPF en las Américas y el Caribe condena la represión y violencia del gobierno de Venezuela contra las movilizaciones ciudadanas. Es inadmisible que mientras ejercen su derecho a la protesta y libre expresión, las personas venezolanas sean víctimas de criminalización y violencia física y política.  IPPF ACRO se suma a la sociedad venezolana que desde las calles exige respeto a la democracia pues la voluntad del pueblo mediante elecciones auténticas es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.   “La situación en Venezuela exacerba aún más la escalada de autoritarismo y violencia en nuestra región,” afirmó Alessandra Nilo, directora de Relaciones Externas de IPPF ACRO. “La democracia propicia Estados que garantizan y avanzan los derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos que, sabemos, en momentos de alta tensión y crisis, son los primeros en ser violados. En este momento tan difícil, exigimos que el Estado venezolano, retome la ruta democrática, fortalezca sus instituciones y respete los derechos y deseos de su población. Es fundamental para proteger la dignidad y esperanza de todas las personas, especialmente las niñas y mujeres en su diversidad."   “IPPF ACRO y Asociaciones Miembro y Socias de la región están atentas al desarrollo de los acontecimientos, seguimos comprometidas con las personas venezolanas y su bienestar integral, y continuaremos brindando atención y servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela y, ante la proyectada intensificación de la ola migratoria, también en países circundantes como Colombia, Perú y Ecuador.”   

Click here to read this Story in English. El 12 de julio, la Corte Suprema de los Países Bajos validó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Aruba, Curazao y San Martín, enfatizando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola la prohibición constitucional de discriminación. La decisión del tribunal sostiene un fallo de septiembre de 2021, que había sido impugnado por ambos países. IPPF ACRO y FPA instan a los gobiernos de Aruba y Curazao a cumplir prontamente con la decisión de la Corte Suprema, ya que es una cuestión de derechos fundamentales. Asegurar el cumplimiento de este fallo es esencial para la protección y la igualdad de la comunidad LGBTQI+. Después de que el parlamento de Aruba rechazara el proyecto de ley de igualdad matrimonial hace casi un mes, este fallo continúa una tendencia en la región para legalizar y proteger a las poblaciones LGBTQI+. FPA y Famia Plania, miembros de IPPF en Aruba y Curazao, han defendido y apoyado durante décadas los esfuerzos hacia la igualdad LGBTQI+, proporcionando servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como articulación comunitaria. "Este resultado positivo es un gran paso hacia la visibilidad, los derechos y el acceso a la salud, como los servicios sexuales y reproductivos para todas las personas LGBTQI+ en el Caribe Neerlandés. En FPA, estamos profundamente comprometidos con la inclusión, y mientras celebramos este fallo, continuaremos usando nuestras voces para abogar por el cambio social," declara Evelyn Yarzagaray, Directora Ejecutiva de FPA, Asociación Miembro de IPPF en Aruba.