La semana pasada, los diputados de uno de los partidos políticos de derecha en México, Acción Nacional (PAN), aprobaron una modificación al código penal para limitar el acceso al aborto de las 12 a las 6 semanas, violando gravemente el principio de no regresividad de los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que el derecho a decidir y el acceso al aborto legal son parte de las formas en las que se garantizan la autonomía reproductiva y se defienden la esfera íntima y el derecho a la vida privada. 

Aguascalientes es un estado del bajío de México, región caracterizada por ser un bastión de grupos anti derechos, en el que el PAN ha gobernado desde 1998. Teresa Jiménez, actual gobernadora de Aguascalientes, propuso a los diputados esta modificación al código penal para limitar aún más el acceso a aborto e incrementar la criminalización de las personas que abortan. 

En México, desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que “es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta”. Declaró en unanimidad que restringir el aborto vulnera el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos. Esa fue la primera vez que la Corte en este país dio pauta para armonizar la legislación sobre aborto con su resolución.  

En 2023, a través de un amparo presentado por organizaciones feministas locales, la SCJN resolvió que el Congreso de Aguascalientes tenía que legislar para eliminar los artículos que criminalizaban el aborto en la entidad. Olvidando el carácter laico que le dicta la constitución, la gobernadora de Aguascalientes reaccionó y dijo que “en su gobierno (...) como gobernadora constitucional, somos provida”, criticando que las y los diputados de Aguascalientes tuvieron que acatar la orden de la Corte para no ser sometidos a sanciones administrativas. 

Hace una semana, los diputados locales discutieron la iniciativa de la gobernadora. Con 19 votos a favor, los legisladores modificaron de nueva cuenta el código penal para reducir de 12 a 6 semanas el plazo para acceder a un aborto, así como las causales por las cuales se podía solicitar el servicio. 

Entre los argumentos presentados por los legisladores está el que “las leyes establecidas (…) encuentren un equilibrio justo y razonable” entre el derecho a decidir y el derecho a la vida e, interpretando la resolución de la SCJN de 2021 a su favor, establecen el límite de las 6 semanas a su consideración: “el periodo en el cual es posible detectar el latido del corazón del concebido”.  

En el mismo dictamen, las y los diputados de Aguascalientes utilizaron como argumento una sentencia de la SCJN de 2012. En ese momento la Corte dijo que “no existen derechos humanos fundamentales absolutos”, por lo que los diputados interpretaron que la interrupción del embarazo sí puede restringirse o limitarse bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las leyes y los derechos son progresivos: aunque la SCJN hubiese dicho eso en 2012, en 2021 dijo que SÍ es un derecho absoluto, y, por lo tanto, debería preponderar ante la de 7 años atrás.  

Dejémoslo claro: esta reforma, y las estrategias y esfuerzos de los grupos anti derechos, son un atentado directo a la autonomía, los derechos y la libertad de las personas para decidir sobre sus cuerpos, sus vidas, incluyendo sus familias. Son atentados que no deberían siquiera estar ocurriendo, dado que, en México, por ejemplo, el artículo 4° de la constitución establece que todas las personas tenemos derecho a decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener.  A nivel global está respaldado por la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), Conferencia Mundial de la Población y Desarrollo (Cairo) y la Plataforma de Acción de Beijing. 

Al contrario de lo que las y los legisladores argumentan, la narrativa “provida” o mejor dicho, antiderechos, es la que coarta, la que limita, la que coerciona, la que castiga, y esta reforma es otra evidencia para demostrarlo. La imposición de un proceso de evaluación médica doble expone a las mujeres a un mayor riesgo de complicaciones médicas, procedimientos inseguros y, en última instancia, a la criminalización. El temor a ser acusados penalmente puede disuadir al personal médico de brindar atención adecuada, agravando aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

En IPPF estamos orgullosas, orgulloses y orgullosos de estar del lado de las personas, de sus decisiones, de sus sueños y su futuro. Eso es lo que significa estar a favor de la vida: respaldar nuestro derecho a la salud, la libertad de formar las familias que deseamos y a amar a quien nos haga sentir bienestar.  

¿Cómo podemos evitar que lo que ocurrió en Aguascalientes se repita en otros estados y en la región? Las y los diputados de Aguascalientes vieron un vacío legal pues las y los ministros no determinaron de manera clara un mínimo a ser incluido en la legislación sobre aborto.  El aborto debe desaparecer de los códigos penales y declararse un derecho absoluto que se garantice a todas las personas, sin importar sus circunstancias. De lo contrario, los grupos antiderechos, apoyados por los legisladores conservadores afines, encontrarán vacíos legales para restringir el acceso a aborto, como lo hicieron en este estado. 

Ninguna causal y ningún plazo será suficiente. Necesitamos dejar a un lado la criminalización como vía para garantizar derechos. Es momento de no aumentar causales, de agregar excepciones a la regla, de pensar que las vidas y los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar deben responder a los códigos penales y a las leyes ¡cuando debe ser al revés!  

Son nuestras necesidades, nuestras realidades las que deben dictar las legislaciones, y con una de cada cuatro mujeres que han abortado en sus vidas, me parece claro hacia donde debería progresar la legislación: a la despenalización total del aborto.