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Venezuela: Un espejo de la realidad latinoamericana
por Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF ACRO
El quiebre democrático en Venezuela, que obviamente no empezó este año, refleja las crisis políticas, económicas, ambientales y sociales que se viven en nuestra región. Como es público, el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, electo por mayoría para su tercer periodo presidencial. A partir de la noticia, se ha desencadenado una situación de violencia y represión con violaciones a derechos humanos.
Lo que sucede hoy en Venezuela, con la falta de transparencia en el proceso electoral, las protestas sociales, la represión violenta y severas violaciones estatales a derechos humanos también afecta a los otros gobiernos de la región, independientemente de sus posiciones ideológicas de derecha o izquierda.
Latinoamérica ha visto un resurgimiento de líderes autoritarios que han debilitado fuertemente los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos. Nicaragua, El Salvador, Argentina y, hasta hace poco, Brasil, son algunos ejemplos. Hay patrones y dinámicas que, en la última década, hemos visto replicadas y normalizadas, como la influencia de modelos políticos antidemocráticos y la polarización social como herramienta para justificar medidas extremas y autoritarias.
when
country
Venezuela
region
Las Américas y el Caribe
Subject
Conflict
Debemos cuestionarnos cómo los regímenes latinoamericanos, con sus omisiones, ataques a derechos, corrupción, negación o inacción frente a la emergencia climática y retrocesos, han legitimado lo que hoy sucede en Venezuela. Y, por otra parte, adelantarnos a comprender cómo esta crisis afectará, a su vez, al resto de la región.
Además de la actual respuesta violenta, represiva y criminalizadora del estado venezolano ante las protestas sociales, ya se observa la exacerbación de la crisis humanitaria que se vive en el país desde mediados de la década pasada, con una creciente crisis migratoria que se ha vuelto una problemática regional. Aproximadamente 7.7 millones de personas se han visto obligadas a dejar Venezuela debido al contexto social, político y económico.
Desde IPPF hemos puesto en marcha estrategias de mitigación de riesgos y atención a personas desplazadas en conjunto con las Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras de la región - Profamilia en Colombia, CEMOPLAF en Ecuador e INPPARES en Perú - para atender las necesidades de salud sexual y reproductiva en la ruta migratoria. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes.
En una crisis humanitaria, un contexto donde las necesidades básicas como la alimentación, salud o educación tienen respuestas limitadas, el estado de derecho sufre quiebres que permiten que la violencia sexual y basada en género se perpetúe sin consecuencias. Los cuerpos de las niñas y mujeres, en toda su diversidad, siguen siendo parte de estrategias políticas de coerción, violación, humillación y dominación.
Es preocupante que el 55.8% de las mujeres y niñas venezolanas embarazadas no tienen acceso a una atención médica adecuada y que 95 de cada 1,000 embarazos se dan en mujeres de entre 15 y 19 años. Además, la legislación nacional no respalda sus derechos, con una fuerte criminalización al aborto que limita sus opciones y pone en riesgo sus vidas. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos locales y la cooperación internacional, hay poco o nulo avance en la garantía y protección de estos derechos.
Lo que se vive hoy en Venezuela afecta a toda la región y requiere una respuesta colaborativa desde Latinoamérica y el Caribe, con pleno respecto a las decisiones del pueblo venezolano. Es inaceptable que algunos países financiadores bloqueen el apoyo necesario y es urgente tener acciones coordinadas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia en Venezuela y en toda la región.
Esta crisis nos recuerda que la lucha por la democracia y los derechos humanos es continua y necesita atención permanente. La solidaridad regional y el apoyo internacional son vitales para enfrentar los desafíos y construir un futuro donde los derechos de todas las personas sean respetados. Unamos fuerzas para garantizar que Venezuela retome la ruta democrática y fortalezca sus instituciones en beneficio de toda su población.