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¡Todas las personas LGBTQI+ en Perú y en América y el Caribe tienen derecho a vidas libres de violencia! En los últimos meses, las Asociaciones Miembro, Socias Colaboradoras y el Secretariado de IPPF ACRO hemos atestiguado cómo algunos gobiernos de América y el Caribe, incluso algunos que históricamente habían actuado para proteger y avanzar los derechos humanos, se han convertido en los principales oponentes de los derechos, la libertad y la autodeterminación de las personas. Así que, después de escribir sobre nuestras inquietudes al respecto del nuevo gobierno argentino, hoy, en el Día Internacional Contra la LGBTIQ+-Fobia, queremos demostrar nuestra fuerte preocupación con las acciones del gobierno de Perú, que atentan contra los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.   La Oficina Regional de las Américas y el Caribe de IPPF se suma a INPPARES, Asociación Miembro en Perú, para manifestar su rechazo al Decreto Supremo Nº 009-2024-SA emitido el pasado 10 de mayo, por el Ministerio de Salud del Perú que al actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a partir de la 10° revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), vulnera los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.   Contexto para entender el caso: El PEAS contiene la lista de las intervenciones atendibles por las aseguradoras de salud en Perú, por lo que es de vital importancia que se mantenga actualizado con los lineamientos y estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada cierto tiempo, la OMS revisa su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para actualizarse a partir de la evidencia científica reciente y así, guiar adecuadamente la práctica clínica global. Recordemos que, en 2019, la 11° revisión de la CIE hizo historia al eliminar del capítulo sobre «Trastornos Mentales y del Comportamiento» a las identidades y expresiones trans. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Perú decidió usar una revisión desactualizada de la CIE, que patologiza la orientación sexual y la identidad de género. Esta decisión del gobierno de Perú al utilizar la CIE-10 es de mucha gravedad, pues incumple códigos y acuerdos de carácter vinculante a nivel local, regional e internacional. Por una parte, viola el derecho constitucional a la salud establecida en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, donde se establece el derecho a la salud sobre la base de la igualdad y no discriminación. Además, desestima la información, lineamientos y estándares de la OMS, la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas y, las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 2015 para detener la patologización de las personas LGBTIQ+, en particular de las personas trans e intersex. Va en contra, también, de compromisos adoptados por Perú en numerosas declaraciones regionales e internacionales, como el Consenso de Montevideo, cuya implementación y seguimiento se adoptó oficialmente desde 2016 por el Decreto Supremo N° 051-2016-PCM. Hoy, por lo tanto, es preciso reafirmar que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a vivir libres de violencia, a vivir su identidad de género y orientación sexual con libertad, a acceder a servicios de salud y reproducción donde sus identidades sean respetadas y sus necesidades específicas atendidas. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el cumplimiento de los mismos.

Click here to read this statement in English. Puerto España, 8 de mayo.- La Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA), la Asociación de Planificación de la Familia de St. Vincent (SVGPPA) y la Oficina Regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia en las Américas y el Caribe celebran que Belice, Jamaica y St. Vincent y las Granadinas hayan recibido la certificación de la Organización Mundial de la Salud para eliminar la transmisión perinatal* del VIH y la Sífilis, un hito histórico para las mujeres y las infancias en el Caribe. Este importante logro hace avanzar los esfuerzos para prevenir eficazmente la transmisión del VIH en nuestra región.   Elogiamos el compromiso de los gobiernos, las personas profesionales de la salud, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, incluidas la Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA) y la Asociación de Planificación Familiar de St. Vincent (SVGPPA), ambas Asociaciones Miembro de IPPF, de invertir en la atención adecuada para la prevención del VIH y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.    Para Eugenia López Uribe - Directora Regional para las Américas y el Caribe de la IPPF, «esta coyuntura presenta una excelente oportunidad para mejorar las estrategias de prevención del VIH y mostrar cómo funciona una atención prenatal bien hecha, donde las mujeres tienen acceso a todas las pruebas y tratamientos necesarios, incluidas las pruebas y medicamentos para el VIH. Es una victoria colectiva: para la ciencia, que ha avanzado y muestra su eficacia, y para los responsables de la toma de decisiones que adoptan respuestas al VIH basadas en evidencia.»    La JFPA y la SVGPPA han sido clave en la respuesta al VIH en sus países, ya que han trabajado para integrar los servicios de VIH e ITS en su oferta general de planificación familiar. La JFPA ofrece asesoramiento, pruebas de detección y derivación de mujeres embarazadas en su primera visita prenatal, mientras que la SVGPPA ofrece pruebas de detección y asesoramiento sobre el VIH y las ITS, y ambas colaboran con sólidas organizaciones locales que trabajan en la respuesta al VIH.  

Presentación del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro, en el ISSSTE Hidalgo Pachuca de Soto, Hidalgo. 5 de marzo de 2024. • La Subdelegación Médica del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Hidalgo, cumple con la obligación, de garante de derechos, al brindar servicios de aborto seguro a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo requieran. • En marzo de 2023 inició un trabajo colaborativo intersectorial entre el ISSSTE, Hidalgo y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. (MEXFAM), con el objetivo de avanzar en la garantía del derecho a la salud al transformar los servicios de salud sexual y reproductiva, en consonancia con el cambio legislativo que despenalizó el aborto por libre decisión hasta la semana 12 de gestación en el estado de Hidalgo (junio de 2021). • Como resultado de esta colaboración se han capacitado y sensibilizado 93 profesionales de la salud del Hospital General de Pachuca, de las Clínicas-Hospitales de Ixmiquilpan y Huejutla de Reyes, de la Clínica de Tulancingo y las Unidades de Medicina Familiar de Pachuca y Tepeji del Río; se diseñó una campaña con narrativas transformadoras para promover los servicios de aborto seguro y para contribuir a la eliminación del estigma hacia las personas que eligen abortar y hacia el personal de salud que practica abortos seguros; se creó el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en el ISSSTE, Hidalgo; y se han atendido 11 solicitudes de interrupción del embarazo. • El Lineamiento que se presenta se construyó considerando la evidencia científica más actualizada, el modelo de atención centrado en la persona, las perspectivas de derechos humanos y de género, los enfoques de interculturalidad y juventudes, y el Lineamiento Técnico para la atención de Aborto Seguro en México (Gobierno de México 2022). Este trabajo tuvo su origen antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, por lo que la Subdelegación Médica del ISSSTE en Hidalgo se convierte en la primera representación estatal del ISSSTE a nivel nacional en garantizar el acceso a servicios de aborto seguro. • La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el aborto seguro constituye uno de los derechos humanos más importantes alcanzado por las mujeres y personas con capacidad de gestar. En México la interrupción del embarazo se encuentra sustentada en los artículos 1ro y 4to Constitucional, que establecen el reconocimiento a los derechos humanos, al derecho a la salud y a los derechos reproductivos y con ello a decidir de manera libre e informada sobre el ejercicio o no de la maternidad. • Del 19 de mayo de 2023 al 29 de febrero del año en curso, la representación estatal del ISSSTE en Hidalgo ha brindado 11 servicios de interrupción del embarazo a personas usuarias de entre 15 y 42 años de edad; 8 son derechohabientes y 3 no lo son; 10 fueron atendidas en el Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio” y 1 en la Clínica Hospital de Ixmiquilpan “Dr. Horacio Luque Pérez”; 9 interrupciones se realizaron con medicamentos y 2 con Aspiración Manual Endouterina (AMEU. Todas las interrupciones se realizaron sin complicaciones. • Por otra parte, los registros de la Secretaría de Salud de Hidalgo, dan cuenta de que, del 8 de julio de 2021 al 18 de diciembre de 2023, se han realizado en el estado 2 mil 699 procedimientos de aborto seguro. ¡Acompáñanos!  Martes 5 de marzo de 2024 Horario: 11:00 a 13:00 horas Auditorio del Hospital General del ISSSTE "Dra. Columba Rivera Osorio", Carretera México - Pachuca km 87.8 Colonia Venta Prieta C.p. 42080, Pachuca, Hidalgo Medios de contacto: • Psic. Gloria Contreras Jiménez, Enlace de la Gerencia de Incidencia de MEXFAM en Hidalgo, 771 11 22 324. • E. E. P. Sarai Martínez Llergo, Coordinadora de Programas Preventivos de la Mujer de la Subdelegación Médica del ISSSTE en Hidalgo, 993 147 9759.

Forjando Cambios, Tejiendo Conexiones: El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe El año de 2023 se acerca a su fin y desde IPPF expresamos nuestra más sincera gratitud por su inquebrantable trabajo los cuales han sido fundamentales para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda América y el Caribe.  Al reflexionar sobre el año, celebramos los logros colectivos en busca de un panorama más inclusivo, accesible, basado y orientado a los derechos y las personas. Ha sido un honor caminar juntas, y destacamos algunas iniciativas clave en comunidades de 30 países de la región. Después de nuestra reunión regional en Panamá, esperamos fortalecer aún más nuestras alianzas y seguir tejiendo juntes acciones duraderas para crear un cambio significativo en nuestra región, aprendiendo de las experiencias y conocimientos de cada une. De cara al futuro, esperamos continuar esta importante labor en 2024 con aún más fuerza e intercambio. ¡Uniendo esfuerzos, demos forma a un futuro en el que los derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las personas! Ampliación del acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos  Estamos presentes en 26 países en las Américas y el Caribe haciendo incidencia política y brindando servicios e información de salud sexual y reproductiva.  Brindamos más de 18,545,339 servicios de salud sexual y reproductiva a lo largo de las Américas y el Caribe. De estos un 36% fueron brindados a personas jóvenes menores de 25 años. En 2023 dimos la bienvenida a 5 Socias Colaboradoras nuevas: en Argentina, Guatemala, Guyana,  Haití y Venezuela,  y una nueva Asociación Miembro en Chile.  Con Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras elaboramos un plan de trabajo para orientar nuestras prioridades como región. Trabajamos con las Mujeres viviendo con el VIH para mejorar los servicios de salud para que aborden sus necesidades de salud sexual y reproductiva y garanticen su maternidad libre y segura. De la mano de la membresía y aliadas estratégicas lanzamos en Trinidad y Tobago en Diciembre  el Observatorio Caribeño de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para fortalecer la incidencia política basada en evidencia. Conectamos la incidencia política en los niveles regionales y globales para construir respuestas colectivas. Lanzamos junto a Amnistía Internacional, Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Redlactrans, Redtrasex, Synergistic - Iniciativa por los Derechos Humanos y Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, la alianza regional por los DDHH y la inclusión de las personas trabajadoras sexuales. Creamos y fortalecimos alianzas con colectivas y organizaciones en el Caribe cómo Feminitt Caribbean, Caribbean Vulnerable Populations Coalition y ECADE para avanzar en los derechos de las personas LGBTIQ+ y juventudes. Fortalecimos alianzas con ILGA World y AWID para discutir trans y solidaridad feminista. Articulamos con organismos y agencias como ONUSIDA, CEPAL, UNFPA, ONU Mujeres y EPF para seguir posicionando la agenda de derechos y salud sexual y reproductiva.  De la mano de Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras emitimos recomendaciones para tomadores de decisión en temas clave como uniones tempranas, trabajo sexual, aborto y juventudes. Actuando con las juventudes al centro  La nueva Red regional de jóvenes de IPPF desarrolló su primera reunión para estrategizar y elegir a su comité directivo. Aumentamos la presencia de juventudes en el equipo de lPPF ACRO para atender mejor sus necesidades.  La Red de Jóvenes de IPPF participó en el X Aniversario del Consenso de Montevideo y en la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Estamos más fuertes en las redes sociales y medios de comunicación. Ampliamos la difusión de mensajes estratégicos sobre nuestros temas prioritarios en la región. Nos posicionamos como líderes en DSDR en medios de comunicación como Subele a la Radio, Pressenza, El Soberano.org, La tercera y El Observador mundial, entre otros. Alcanzamos a más de 15k personas alrededor de la región con mayor incidencia en Perú, México, Barbados, Guyana, Surinam, Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina, Aruba y Estados Unidos 

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe