Centro de Medios

Click here to read this press release in English. 8 de abril de 2025 - Una nueva encuesta global a organizaciones socias realizada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) ha revelado el impacto generalizado de los recortes en el financiamiento por parte de la Administración Trump, poniendo en riesgo la atención en salud sexual y reproductiva esencial para millones de personas en todo el mundo.   De las respuestas recibidas, los hallazgos muestran:   72 Asociaciones Miembros y Socias Colaboradoras (62%) reciben actualmente financiación de una de las fuentes afectadas. De las que reciben financiación de IPPF, más de la mitad (57%) se enfrentan a recortes de financiamiento. Esto indica que una mayoría significativa de las organizaciones socias de IPPF están enfrentando interrupciones, impactando el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva en todo el mundo.   156 proyectos críticos de salud ya han finalizado o están en peligro.  Al menos 85,2 millones de dólares de financiamiento han sido directamente afectados o fueron recortados.  1.737 miembros del personal de las organizaciones afectadas podrían perder su empleo o ya lo han perdido.  3.961 puntos de prestación de servicios, incluidas clínicas y unidades móviles, corren riesgo de cierre o ya han cerrado.   8,5 millones de personas podrían perder el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas.   Se espera que estos recortes al financiamiento tengan graves consecuencias en la vida de las personas de las comunidades a las que servimos. Si efectivamente se recortan todos los fondos en riesgo, IPPF estima que esto provocará 3,844 muertes maternas adicionales, más de 3 millones de embarazos no deseados y 756,010 abortos inseguros. Estos impactos también supondrán una pesada carga financiera para los sistemas nacionales de salud.   El impacto de las acciones de la Administración Trump es muy grave, como lo pueden constatar muchas Asociaciones Miembros de IPPF que dependen de la financiación internacional para proporcionar servicios de anticoncepción, atención médica materna y prevención del VIH.   En Venezuela, los recortes de financiación de Estados Unidos podrían reducir hasta un 30% del presupuesto anual de la Asociación Miembro en 2025, con una pérdida estimada de $229,650 en fondos de proyectos. Estos recortes afectarán el 10% de los servicios de salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo al 30% del personal. Alrededor de 2.500 personas podrían perder el acceso a estos servicios, una cifra preocupante considerando que esta organización es de las pocas que aún brindan atención a sobrevivientes de violencia sexual y de género, especialmente mujeres y niñas migrantes.  En San Vicente y las Granadinas, se estima que la pérdida de $10,000 en financiación de proyectos impactará el 90% de los servicios de salud sexual y reproductiva de SVPPA. La organización enfrenta la posible pérdida de todo su personal, lo que pone en riesgo su funcionamiento. Con 8 puntos de atención amenazados, estos recortes podrían eliminar el acceso a servicios esenciales, especialmente para personas jóvenes, en una de las pocas organizaciones del país con enfoque amigable para juventudes.  En Estados Unidos, informes independientes ajenos a esta encuesta indican que la Administración Trump pretende congelar la financiación de la anticoncepción asequible y la atención a la salud reproductiva para personas con bajos ingresos que dependen de los centros de salud de Planned Parenthood.  Para hacer frente a la crisis inmediata, IPPF ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de Mitigación de Daños para evaluar la evolución de la situación y proporcionar financiación de emergencia a sus Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras más afectadas. La primera ronda de subvenciones se emitirá en abril de 2025, en un esfuerzo por garantizar que los servicios de salud críticos y el acceso a productos básicos de salud que salvan vidas puedan continuar.   «No permitiremos que las decisiones políticas determinen quién puede y quién no puede acceder a la atención de salud», dijo el Dr. Álvaro Bermejo, Director General de IPPF. «En IPPF estamos redoblando nuestros esfuerzos. Somos una Federación resistente con una larga historia de superación de retos. Ahora nos centramos en mitigar los daños, movilizar nuevos recursos y garantizar que las personas que confían en nosotros para recibir atención no se queden atrás.»    Para solicitudes de prensa y entrevistas: [email protected]    

IPPF ACRO y FPATT condenan la decisión de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo La decisión del Tribunal de Apelaciones de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un alarmante ataque a los derechos humanos. Este fallo, que restablece la criminalización de la intimidad privada y consensuada, es una violación directa de los derechos fundamentales de las personas LGBTQI+ y un crudo recordatorio de las leyes de la época colonial que siguen causando daño en el Caribe. La Oficina Regional de IPPF para las Américas y el Caribe (ACRO), junto con la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago (FPATT), se solidarizan de manera inequívoca con las comunidades LGBTQI+ en Trinidad y Tobago y en toda la región. Rechazamos esta decisión y cualquier legislación que niegue a las personas su derecho a amar libremente y vivir con dignidad. Este fallo refleja un sistema de justicia con normas opresivas que no tienen cabida en una sociedad justa y democrática. Según Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF ACRO, esta decisión no solo es un retroceso para los derechos LGBTQI+, sino un ataque a la dignidad humana: “Es un intento deliberado de silenciar, criminalizar y excluir a una parte de la ciudadanía y de las personas que viven en el país. Pero que quede claro: la oficina regional de IPPF en las Américas y el Caribe seguirá luchando por y con el movimiento LGBTQI+ para que no sean silenciadas. IPPF no retrocederá. Los derechos de las personas LGBTQI+ no son negociables.” La criminalización de las vidas LGBTQI+ perpetúa la violencia, la discriminación y el estigma. Alienta el odio, socava el acceso a la justicia y genera un clima de miedo en el que las personas LGBTQI+ se ven obligadas a vivir con mayor vulnerabilidad. Investigaciones publicadas en 2023 por el programa Wholeness and Justice de CAISO: Sex and Gender Justice indican que 1 de cada 3 personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago experimenta discriminación y acoso, 1 de cada 4 sufre violencia familiar y 1 de cada 4 ha sido víctima de agresión física. La profesora Rose Marie Antoine, presidenta del Consejo de Administración de FPATT, comenta que “FPATT [Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago] toma nota de la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que afirma una ley antigua, anterior a la independencia, que criminaliza a personas con una orientación diferente debido a una cuestión técnica: la cláusula de 'leyes heredadas'. Curiosamente, los colonizadores británicos que redactaron esa ley la abolieron hace mucho tiempo. También observamos que esta no fue una decisión unánime del tribunal. FPATT espera el día en que nuestro sistema legal y nuestras leyes reflejen la verdadera equidad y no discriminación, sirviendo a todas las personas de nuestra nación en su acceso a derechos fundamentales y protegiendo a los grupos vulnerables del daño y la violencia. FPATT continuará acogiendo y atendiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual.” Hacemos un llamado a la acción urgente: La derogación inmediata de los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Un compromiso de los gobiernos del Caribe para despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQI+ de la discriminación y la violencia. El fin del uso de cláusulas de "leyes heredadas" de la era colonial para justificar violaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de que cada persona defensora de los derechos humanos, cada persona tomadora de decisión y cada  persona aliada se pronuncie. Las personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago—y en todo el Caribe, nuestra región y el mundo—merecen justicia, igualdad y la libertad de vivir sin miedo. IPPF no se detendrá hasta que esto sea una realidad.    

Forjando Cambios, Tejiendo Conexiones: El Impacto de IPPF en Salud y derechos sexuales y reproductivos en 2023 en las Américas y el Caribe El año de 2023 se acerca a su fin y desde IPPF expresamos nuestra más sincera gratitud por su inquebrantable trabajo los cuales han sido fundamentales para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en toda América y el Caribe.  Al reflexionar sobre el año, celebramos los logros colectivos en busca de un panorama más inclusivo, accesible, basado y orientado a los derechos y las personas. Ha sido un honor caminar juntas, y destacamos algunas iniciativas clave en comunidades de 30 países de la región. Después de nuestra reunión regional en Panamá, esperamos fortalecer aún más nuestras alianzas y seguir tejiendo juntes acciones duraderas para crear un cambio significativo en nuestra región, aprendiendo de las experiencias y conocimientos de cada une. De cara al futuro, esperamos continuar esta importante labor en 2024 con aún más fuerza e intercambio. ¡Uniendo esfuerzos, demos forma a un futuro en el que los derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las personas! Ampliación del acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos  Estamos presentes en 26 países en las Américas y el Caribe haciendo incidencia política y brindando servicios e información de salud sexual y reproductiva.  Brindamos más de 18,545,339 servicios de salud sexual y reproductiva a lo largo de las Américas y el Caribe. De estos un 36% fueron brindados a personas jóvenes menores de 25 años. En 2023 dimos la bienvenida a 5 Socias Colaboradoras nuevas: en Argentina, Guatemala, Guyana,  Haití y Venezuela,  y una nueva Asociación Miembro en Chile.  Con Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras elaboramos un plan de trabajo para orientar nuestras prioridades como región. Trabajamos con las Mujeres viviendo con el VIH para mejorar los servicios de salud para que aborden sus necesidades de salud sexual y reproductiva y garanticen su maternidad libre y segura. De la mano de la membresía y aliadas estratégicas lanzamos en Trinidad y Tobago en Diciembre  el Observatorio Caribeño de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para fortalecer la incidencia política basada en evidencia. Conectamos la incidencia política en los niveles regionales y globales para construir respuestas colectivas. Lanzamos junto a Amnistía Internacional, Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Redlactrans, Redtrasex, Synergistic - Iniciativa por los Derechos Humanos y Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, la alianza regional por los DDHH y la inclusión de las personas trabajadoras sexuales. Creamos y fortalecimos alianzas con colectivas y organizaciones en el Caribe cómo Feminitt Caribbean, Caribbean Vulnerable Populations Coalition y ECADE para avanzar en los derechos de las personas LGBTIQ+ y juventudes. Fortalecimos alianzas con ILGA World y AWID para discutir trans y solidaridad feminista. Articulamos con organismos y agencias como ONUSIDA, CEPAL, UNFPA, ONU Mujeres y EPF para seguir posicionando la agenda de derechos y salud sexual y reproductiva.  De la mano de Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras emitimos recomendaciones para tomadores de decisión en temas clave como uniones tempranas, trabajo sexual, aborto y juventudes. Actuando con las juventudes al centro  La nueva Red regional de jóvenes de IPPF desarrolló su primera reunión para estrategizar y elegir a su comité directivo. Aumentamos la presencia de juventudes en el equipo de lPPF ACRO para atender mejor sus necesidades.  La Red de Jóvenes de IPPF participó en el X Aniversario del Consenso de Montevideo y en la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Estamos más fuertes en las redes sociales y medios de comunicación. Ampliamos la difusión de mensajes estratégicos sobre nuestros temas prioritarios en la región. Nos posicionamos como líderes en DSDR en medios de comunicación como Subele a la Radio, Pressenza, El Soberano.org, La tercera y El Observador mundial, entre otros. Alcanzamos a más de 15k personas alrededor de la región con mayor incidencia en Perú, México, Barbados, Guyana, Surinam, Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina, Aruba y Estados Unidos 

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos. Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos. Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo. Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento. Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado. Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas. Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas. Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia. A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social. Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.