Noticias

Click here to read this story in English   Luces neón, palomitas de maíz y una energía colectiva que se sentía desde la entrada. Así fue la noche en la que mujeres y personas gestantes celebraron junto a Profamilia cuatro años de la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación.   El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-055, con la que amplió la garantía de acceso a aborto por voluntad propia hasta la semana 24 de gestación. Este hito histórico, conocido como 21F, fue resultado de años de trabajo articulado entre activistas, colectivas y organizaciones como Profamilia, Asociación Miembro de IPPF en Colombia, para avanzar más allá del modelo de las tres causales que operaba en el país desde 2006. Hasta entonces, este modelo limitaba significativamente que mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias, permitiéndolo únicamente cuando la continuación del embarazo representaba un riesgo para la vida o salud integral de la mujer, cuando existía malformación fetal incompatible con la vida o cuando el embarazo era resultado de violencia sexual. Hoy, estas tres causales siguen siendo vigentes para aquellas personas que necesitan abortar después de las 24 semanas de gestación. Esta celebración llega en un momento clave. En la víspera del 21F el alcalde de Bogotá rechazó, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, un proyecto de Acuerdo que buscaba crear una ruta “por la vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”. La iniciativa planteaba nuevas barreras para el acceso a aborto, exponiendo a mujeres y personas gestantes a procesos de presión y manipulación que vulneran su derecho a decidir de manera libre y autónoma. Más de 140 activistas, profesionales de la salud, representantes de la cooperación internacional, la academia y organizaciones feministas se reunieron para conmemorar un hito que fortaleció la autonomía, amplió el acceso a salud y reafirmó la libertad de decidir. El corazón de la noche fue una conversación regional cercana y potente, enfocada en el panorama actual de América Latina y el Caribe y en la construcción de una agenda colectiva que impulse la autonomía y haga que la ola verde siga expandiéndose por toda la región. El panel contó con la participación de: Marta Royo, CEO de Profamilia Viviana Bohórquez, directora de Somos Jacarandas Amaila de la Torre, arquitecta de cooperación de IPPF Anabel Elizondo de la Asociación de Mujeres Ixchel La agenda también sumó cine y memoria colectiva con la proyección de Belén, una historia que encendió la chispa de la ola verde en Argentina y que sigue inspirando movimientos por la autonomía en toda la región. En América Latina y el Caribe, el aborto sigue siendo un derecho profundamente desigual. Aunque países como México, Argentina, Colombia y Chile han avanzado en la ampliación de sus marcos legales en la última década, la mayoría de los países de la región aún mantienen legislaciones restrictivas que limitan el acceso al aborto a causales específicas como en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela; o lo prohíben en todas las circunstancias, exponiendo a mujeres y personas gestantes a la criminalización. La noche cerró en clave de celebración: cóctel neón, música, conversaciones que fluyeron y una certeza compartida: la autonomía se construye, se cuida y se celebra en colectivo. Este encuentro fue posible gracias al apoyo del Centro de Excelencia de IPPF, RIOS Rivers, El Proyecto La Lucha Sigue, el Gobierno de Canadá y la Fundación Jacarandas.  

Click here to read this story in English. El 15 de enero, le Planning Familial, afiliada de IPPF en Guadalupe, inauguró en Pointe-à-Pitre la primera tienda solidaria dedicada a la salud menstrual y al cuidado de mujeres e infancias. La apertura de este espacio responde a una realidad cada vez más visible: el aumento de la pobreza menstrual y las barreras a las que se enfrentan las mujeres y las jóvenes para acceder a productos de higiene básicos. En los últimos años, los trabajadores sociales de Planning han observado un aumento constante de las necesidades relacionadas no solo con la salud menstrual, sino también con el acceso a artículos esenciales para el cuidado personal y el bienestar infantil. «Las mujeres están rompiendo poco a poco el tabú que rodea a la menstruación y denunciando los retos sociales, económicos, sanitarios y personales relacionados con la pobreza menstrual», afirma Carol Borel, directora de Planning Familial de Guadalupe. «Cuando una mujer tiene que elegir entre comprar productos menstruales y satisfacer otras necesidades básicas, está poniendo en riesgo su salud». Ubicada en el Centro de Planificación Familiar Rago, la tienda tiene como objetivo proporcionar una respuesta concreta y sostenible a lo largo del tiempo. Allí, las usuarias podrán acceder a una amplia gama de productos de higiene menstrual a precios reducidos, en un entorno seguro y de confianza que ya forma parte de sus visitas habituales para revisiones médicas, exámenes o asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva. El espacio también estará abierto a estudiantes y mujeres jóvenes, que a menudo se enfrentan a presupuestos ajustados y deben priorizar los gastos diarios. La iniciativa nació precisamente de escuchar estas necesidades, con el objetivo de ofrecer no soluciones temporales, sino un apoyo continuo que contribuya a garantizar la dignidad y el bienestar. Con esta apertura, Planning Familial de Guadalupe reafirma su compromiso con el acceso equitativo a la salud y con el apoyo integral a las mujeres y las personas con capacidad de gestar, promoviendo respuestas comunitarias a las desigualdades estructurales que siguen limitando el pleno ejercicio de sus derechos.

Click here to read this statement in English. 8 de enero de 2026 IPPF condena la intervención imperialista de los EE. UU. en Venezuela y la violación del Derecho Internacional y la soberanía nacional. La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) condena las acciones imperialistas de la administración Trump y mantiene un compromiso inquebrantable con el pueblo venezolano. El bombardeo estadounidense de Venezuela el 3 de enero es un ejemplo más de la invasión de una nación rica en recursos por parte de los EE. UU., desestabilizando aún más a Venezuela, un país que ha sido sometido a la represión militarizada y la violencia del régimen de Maduro, y ahora a la de las fuerzas estadounidenses. Las acciones imperialistas de la administración Trump constituyen una violación flagrante de las leyes internacionales, los acuerdos de convivencia global y la soberanía nacional de un Estado soberano, agravada además por amenazas de acciones militares que profundizan el riesgo para la población civil. Imponer el control político, económico o territorial mediante la fuerza es un uso colonial y racista del poder que nos aleja aún más de la paz, la justicia y la liberación. En este contexto, recordamos que la lucha por la salud, los derechos y la justicia sexual y reproductiva (SRHRJ) no puede separarse de la lucha contra la militarización, el imperialismo y la violencia en todas sus formas. IPPF se mantiene firmemente al lado de defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que han trabajado para responder a la crisis política, migratoria, económica y social que afecta a Venezuela. Las mujeres, las niñas y las comunidades más marginadas han soportado la carga más pesada del régimen de Maduro y de esta crisis. Silenciar la disidencia, gobernar a través del miedo y concentrar el poder en manos del régimen han desmantelado la democracia, alimentado la violencia y conducido al país al colapso económico. Según el ACNUR, aproximadamente 7,9 millones de personas han huido del país (casi un tercio de su población total), causando una crisis migratoria sin precedentes. También hemos visto el asombroso aumento de la desigualdad de género, el feminicidio y la violencia contra las mujeres y las personas LGBTQI+ y otras poblaciones marginadas. La falta de acceso a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y servicios de aborto restrictivos, resalta que el mantenimiento del régimen se ha priorizado sobre el bienestar de una población sumergida en una crisis humanitaria. En IPPF, hemos destacado sistemáticamente el grave descuido de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela y denunciado todas las formas de violación de derechos. Por lo tanto, en este momento, no debemos desviar nuestra atención de las necesidades continuas de SRHR de la nación, derechos que corren el riesgo de erosionar aún más bajo la intervención militarizada y colonial de la administración Trump, que ha revertido activamente los derechos sexuales y reproductivos y ha cometido violaciones de los derechos humanos dentro de sus propias fronteras y ha apoyado y permitido tales violaciones a través de intervenciones fuera de la ley en otros países. No se puede confiar en que este gobierno proteja estos derechos en Venezuela y en otros lugares. El control externo y los resultados políticos impuestos sólo profundizarán la crisis interna y restringirán aún más el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. Nos unimos a la comunidad internacional que se opone a esa invasión y: - Expresamos nuestra más enérgica condena y oposición radical a la invasión de las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano para la detención violenta y el secuestro/detención extraterritorial del presidente en funciones, que ya se ha cobrado vidas humanas, generado daños irreparables y sembrado un clima de miedo e incertidumbre entre la población. - Nos oponemos con vehemencia a este acto de fuerza del gobierno de los Estados Unidos. Como Federación que opera en 30 países de América Latina y el Caribe y en más de 150 países a nivel mundial, hemos brindado asistencia humanitaria directa en crisis devastadoras en Asia, África y el Medio Oriente, incluidos Gaza y Sudán. Hoy, la región de las Américas, considerada históricamente como una zona de paz por la comunidad internacional, sirve de escenario para intervenciones imperialistas que la comunidad internacional ya debería haber superado, como las derivadas de la Doctrina Monroe, poniendo en peligro los avances logrados hacia la justicia y la equidad. - Alertamos a la comunidad internacional sobre los evidentes intereses geopolíticos y económicos que subyacen a esta intervención y pedir la unidad de los países de la región para enfrentar esta crisis. Bajo ninguna circunstancia debe prevalecer la regla de la fuerza o la ambición por los recursos sobre la soberanía y la dignidad de un pueblo. El derecho a la autodeterminación de Venezuela no debe estar subordinado a agendas geopolíticas externas. - Expresamos una profunda solidaridad con el pueblo venezolano, que no debe seguir siendo víctima de este sufrimiento prolongado. Exigimos la reversión inmediata de esta situación y hacemos un llamado a los Estados Unidos y a quienes están en espacios de decisión para que detengan las acciones que ponen en riesgo la vidas civiles y permitan que las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil brinden atención médica ininterrumpida, incluida la SRHRJ. La vida y la dignidad de las mujeres, las niñas y las comunidades marginadas no deben ser puestas en peligro por lógicas históricas de dominación. - Exigimos una reconfiguración de la política exterior de los EE. UU. que priorice la diplomacia concertada y el respeto a la soberanía de todos los pueblos y Estados. La IPPF hace un llamado a un replanteamiento inmediato de los ataques contra Venezuela a favor de una solución institucional y dialogada en el marco del derecho internacional y los derechos humanos. IPPF está comprometida con el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia y a garantizar que se satisfagan la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las niñas, las personas en movimiento y las comunidades marginadas. Para lograr esto, debemos confrontar y desmantelar los legados y las manifestaciones actuales del colonialismo y el imperialismo. Reiteramos que debe ser el propio pueblo de Venezuela quien, en el ejercicio de su plena libertad y sin tutela extranjera, tome las decisiones respecto a su presente y futuro, incluido su derecho constitucional a que su Vicepresidenta convoque a nuevas elecciones democráticas.

En el espíritu de la fuerza colectiva y los valores compartidos, durante la Asamblea General de IPPF 2025 se entregaron los Premios IPPF a la Valentía, reconociendo a Asociaciones Miembro, socias estratégicas, líderes juveniles y personas voluntarias cuya valentía, liderazgo y compromiso siguen impulsando cambios en toda nuestra Federación. Entre ellas, Jeffthanie Mathurin, de la Asociación de Parteras de Haití, recibió el Premio a la Valentía en la categoría del Personal de Asociación Miembro. Partera y defensora incansable, brinda servicios esenciales de salud materna y reproductiva en uno de los sistemas de salud con menos recursos del mundo, al mismo tiempo que lidera esfuerzos para fortalecer la calidad de la atención desde dentro de la respuesta sanitaria de Haití. Su trabajo refleja la resiliencia, el compromiso y el liderazgo arraigado en la comunidad que sostienen los servicios de salud sexual y reproductiva incluso en los contextos más frágiles y complejos. Al igual que Jeffthanie, las Asociaciones Miembro de IPPF ACRO y el Secretariado se mantienen unidas apoyando, amplificando y protegiendo el trabajo que se realiza en la primera línea, a pesar de que el contexto en el que operamos sigue siendo profundamente disputado. En las Américas y en el mundo, las libertades civiles y los derechos sexuales y reproductivos enfrentan presiones renovadas debido a cambios políticos y de políticas públicas que amenazan los avances logrados durante décadas. En nuestra región, acontecimientos como la expansión de la Regla Mordaza Global para cubrir no solo servicios relacionados con el aborto, sino también programas vinculados con diversidad, equidad, inclusión y derechos de identidad de género, indican que este no será un año fácil. Desde la intervención imperialista de EE. UU. en Venezuela y las amenazas a la soberanía de algunos Estados del Caribe, incluido Haití; hasta elecciones en Chile, Honduras y Bolivia que han resultado en nuevos gobiernos de ultraderecha o conservadores; todos estos factores plantean serios desafíos para el desarrollo global y para el derecho de las personas a vivir con salud y libres de violencia. Estos acontecimientos generan decisiones imposibles para quienes prestan servicios en primera línea y ponen en riesgo la atención esencial para las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, en 2026 seguimos comprometidas y comprometidos con avanzar los derechos con valentía, profundizar los programas humanitarios de salud sexual y reproductiva, y construir narrativas que conecten con los valores y las realidades vividas por las comunidades en 30 países de las Américas y el Caribe. Como se afirmó en nuestra reciente Asamblea General, aunque las amenazas que enfrentamos —desde desigualdades crecientes hasta la reducción del espacio cívico— son reales y están en aumento, también lo es nuestra capacidad de determinación. Juntas, juntos y juntes avanzamos con mayor claridad de propósito, más fortaleza como federación y más determinación que nunca para defender la dignidad humana y ser una fuente de esperanza y acción para el cambio.