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IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos. Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos. Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo. Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento. Esta Alianza lucha por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado debido a legislaciones anacrónicas, sin tener en cuenta la voz de les protagonistas y condena enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado. Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas. Nuestras organizaciones son redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas. Dentro de estos numerosos campos de especialización, las organizaciones han llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución. Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger. La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia. A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para "abolir la prostitución" con el fin de "proteger" y "rescatar" a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social. Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.