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IPPF ACRO y FPATT condenan la decisión de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo La decisión del Tribunal de Apelaciones de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un alarmante ataque a los derechos humanos. Este fallo, que restablece la criminalización de la intimidad privada y consensuada, es una violación directa de los derechos fundamentales de las personas LGBTQI+ y un crudo recordatorio de las leyes de la época colonial que siguen causando daño en el Caribe. La Oficina Regional de IPPF para las Américas y el Caribe (ACRO), junto con la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago (FPATT), se solidarizan de manera inequívoca con las comunidades LGBTQI+ en Trinidad y Tobago y en toda la región. Rechazamos esta decisión y cualquier legislación que niegue a las personas su derecho a amar libremente y vivir con dignidad. Este fallo refleja un sistema de justicia con normas opresivas que no tienen cabida en una sociedad justa y democrática. Según Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF ACRO, esta decisión no solo es un retroceso para los derechos LGBTQI+, sino un ataque a la dignidad humana: “Es un intento deliberado de silenciar, criminalizar y excluir a una parte de la ciudadanía y de las personas que viven en el país. Pero que quede claro: la oficina regional de IPPF en las Américas y el Caribe seguirá luchando por y con el movimiento LGBTQI+ para que no sean silenciadas. IPPF no retrocederá. Los derechos de las personas LGBTQI+ no son negociables.” La criminalización de las vidas LGBTQI+ perpetúa la violencia, la discriminación y el estigma. Alienta el odio, socava el acceso a la justicia y genera un clima de miedo en el que las personas LGBTQI+ se ven obligadas a vivir con mayor vulnerabilidad. Investigaciones publicadas en 2023 por el programa Wholeness and Justice de CAISO: Sex and Gender Justice indican que 1 de cada 3 personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago experimenta discriminación y acoso, 1 de cada 4 sufre violencia familiar y 1 de cada 4 ha sido víctima de agresión física. La profesora Rose Marie Antoine, presidenta del Consejo de Administración de FPATT, comenta que “FPATT [Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago] toma nota de la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que afirma una ley antigua, anterior a la independencia, que criminaliza a personas con una orientación diferente debido a una cuestión técnica: la cláusula de 'leyes heredadas'. Curiosamente, los colonizadores británicos que redactaron esa ley la abolieron hace mucho tiempo. También observamos que esta no fue una decisión unánime del tribunal. FPATT espera el día en que nuestro sistema legal y nuestras leyes reflejen la verdadera equidad y no discriminación, sirviendo a todas las personas de nuestra nación en su acceso a derechos fundamentales y protegiendo a los grupos vulnerables del daño y la violencia. FPATT continuará acogiendo y atendiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual.” Hacemos un llamado a la acción urgente: La derogación inmediata de los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Un compromiso de los gobiernos del Caribe para despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQI+ de la discriminación y la violencia. El fin del uso de cláusulas de "leyes heredadas" de la era colonial para justificar violaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de que cada persona defensora de los derechos humanos, cada persona tomadora de decisión y cada  persona aliada se pronuncie. Las personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago—y en todo el Caribe, nuestra región y el mundo—merecen justicia, igualdad y la libertad de vivir sin miedo. IPPF no se detendrá hasta que esto sea una realidad.    

Click here to read this statement in English.   Desde IPPF expresamos nuestra preocupación con la situación en Venezuela y total solidaridad con su gente, que en 28 de julio recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la noticia de que el actual mandatario, Nicolás Maduro, fue electo para un tercer periodo presidencial. Son graves las denuncias por falta de transparencia en el proceso y nos unimos a la comunidad internacional que exige la publicación de los resultados electorales, pues, hasta hoy, miércoles 31 de julio, el CNE no ha mostrado actas que prueben el triunfo de Nicolás Maduro.   Es preocupante que las fuerzas de seguridad del Estado respondan con violencia y represión desde el comienzo de las movilizaciones que continúan, con centenas de personas detenidas y números creciente de muertes. A la emergencia actual, se suman las cifras de desigualdad, inequidad de género y falta de acceso a servicios de salud, incluyendo la sexual y reproductiva, que han ido en aumento durante los últimos 25 años.   No es posible olvidar: en Venezuela, el número de feminicidios se ha duplicado en los últimos 6 años; el 28.7% de las personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de violencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado; el 91.5 % de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas; la legislación sobre aborto es sumamente restrictiva y los servicios muy limitados; además, 7.7 millones de personas han sido obligadas a desplazarse por el contexto sociopolítico.  Con extrema preocupación, IPPF en las Américas y el Caribe condena la represión y violencia del gobierno de Venezuela contra las movilizaciones ciudadanas. Es inadmisible que mientras ejercen su derecho a la protesta y libre expresión, las personas venezolanas sean víctimas de criminalización y violencia física y política.  IPPF ACRO se suma a la sociedad venezolana que desde las calles exige respeto a la democracia pues la voluntad del pueblo mediante elecciones auténticas es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.   “La situación en Venezuela exacerba aún más la escalada de autoritarismo y violencia en nuestra región,” afirmó Alessandra Nilo, directora de Relaciones Externas de IPPF ACRO. “La democracia propicia Estados que garantizan y avanzan los derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos que, sabemos, en momentos de alta tensión y crisis, son los primeros en ser violados. En este momento tan difícil, exigimos que el Estado venezolano, retome la ruta democrática, fortalezca sus instituciones y respete los derechos y deseos de su población. Es fundamental para proteger la dignidad y esperanza de todas las personas, especialmente las niñas y mujeres en su diversidad."   “IPPF ACRO y Asociaciones Miembro y Socias de la región están atentas al desarrollo de los acontecimientos, seguimos comprometidas con las personas venezolanas y su bienestar integral, y continuaremos brindando atención y servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela y, ante la proyectada intensificación de la ola migratoria, también en países circundantes como Colombia, Perú y Ecuador.”   

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.