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Click here to read this statement in English. Jartum, 2 de julio de 2024. Esta semana se ha producido otro horrendo ataque contra una de nuestras clínicas de salud en Sudán. Varias personas del equipo y voluntarias de la Asociación Miembro en Sudán, la Asociación Sudanesa de Planificación Familiar (SFPA), han resultado heridas o muertas a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Nuestra clínica de El Fasher ha sido destruida, lo que significa que hay una opción menos para que las mujeres y las niñas reciban atención de salud sexual y reproductiva vital en la región.     Desde hace más de un mes se suceden los combates en torno a El Fasher, la capital de Darfur Septentrional, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido, estacionadas a 10 kilómetros de la ciudad, bombardean indiscriminadamente objetivos militares y civiles.     Una de las personas voluntarias de la SFPA, Mahasen Abdul Jabbar, murió tras recibir un disparo en la clínica. Esta mañana, Dr. El Daifallah Mohammed, especialista voluntario en medicina familiar de nuestra clínica de El Fasher, también ha muerto como consecuencia de la guerra.    Los bombardeos de la RSF también han herido de gravedad a miembros de nuestro personal: La Dra. Marwa, médica del Centro Integrado de El Fasher, fue alcanzada por metralla en una pierna. Una partera del centro de Abu Shouk, Halima Abdullah Adam, fue alcanzada y cuatro de sus hijos resultaron heridos y fueron evacuados. La casa del guardia del centro de Abu Shouk fue alcanzada, matando a su hija e hiriendo a otros cuatro de sus hijos.  Una de nuestras enfermeras ha sido alcanzada por metralla y trasladada al hospital; está en estado crítico y se ha perdido todo contacto con ella. La RSF también ha estado secuestrando a nuestros pacientes, sin dar a conocer su paradero.     Este último ataque se suma a otros anteriores contra nuestras clínicas en Sudán, que destruyeron nuestras instalaciones en Jartum y El Fashir y centros de salud gestionados por SFPA entre el 7 y el 9 de septiembre de 2023.    Las mujeres y las niñas de Sudán se enfrentan a un recrudecimiento de la violencia sexual y relacionada con el conflicto. Nuestro personal ha sido testigo directo del impacto de este crimen atroz en las personas más vulnerables, incluidas mujeres, niñas y otros grupos marginados. Anteriormente informamos que las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual tienen dificultades para obtener anticonceptivos, medicamentos abortivos y antivirales postexposición. Se enfrentan a consecuencias graves y potencialmente mortales, como la pérdida del apoyo familiar y de sus hogares y refugios, y un mayor riesgo de suicidio. Las sobrevivientes temen buscar tratamiento médico debido al estigma y al miedo a las represalias por violación.     Fadoua Bakhadda, directora regional para la Región del Mundo Árabe, ha declarado:    "Condenamos inequívocamente toda violencia contra la población civil, especialmente contra los centros de salud que son atacados mientras prestan servicios esenciales a quienes los necesitan. Tales actos son una afrenta a la humanidad y a la inviolabilidad de los cuidados.   Los asesinatos, desplazamientos y destrucción en Sudán deben terminar. Es vital que las partes en conflicto recuerden sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, que incluyen garantizar la protección de los civiles y la protección de las estructuras y del personal de salud."     El Dr. Álvaro Bermejo, director general de IPPF, ha declarado:     "Estamos desolados al enterarnos de otro ataque contra una de nuestras clínicas en Sudán, y de las heridas y la pérdida de vidas de nuestro personal y voluntarios. Los centros de salud y, lo que es más importante, el personal de salud, no deben ser nunca objetivo de guerra. La salud sexual y reproductiva y la vida de 800.000 personas de Darfur septentrional -entre ellas mujeres, infancias y personas con discapacidad- penden de un hilo, ya que los bombardeos causan daños generalizados a la población civil y perturban gravemente los servicios sanitarios esenciales de los que dependen en gran medida.   Ahora, más que nunca, nuestras instalaciones de salud deben estar protegidas para que puedan seguir prestando atención a las poblaciones que sobreviven estos ataques innecesarios. Nuestra clínica, que antes podía prestar servicios de salud sexual y reproductiva vitales, como atención prenatal y anticonceptivos, ha desaparecido. ¿Dónde buscarán ahora las mujeres y las niñas estos servicios? Es urgente que haya una masa crítica de personas con conciencia que digan basta a esta crisis olvidada".    Para más información y para hablar con una persona de nuestro equipo en Darfur del Norte (Sudán) en inglés, envíe un correo electrónico a [email protected].        Acerca de la Asociación de Planificación Familiar de Sudán    La Asociación de Planificación Familiar de Sudán (SFPA) fue creada en 1965 por pioneros en obstetricia y ginecología en respuesta al aumento de la mortalidad y morbilidad materna, neonatal e infantil. Como muestran las estadísticas, Sudán es un país muy necesitado de servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) de primer contacto. La promoción y la puesta en marcha de programas de información, educación y comunicación (IEC) son fundamentales. En 2022, la SFPA prestó 26 millones de servicios a través de 24 clínicas, 261 clínicas asociadas y 37 clínicas móviles. Desde el inicio de la crisis el 15 de abril de 2023, los equipos de la asociación lograron prestar 2.500.000 servicios a través de 24 instalaciones de SFPA y 8.500.000 servicios a través de clínicas asociadas y móviles no dañadas. La SFPA pudo asistir 1.145 partos bajo bombardeo y proporcionó 167.000 tratamientos del VIH en sus clínicas estáticas.  Acerca de la Federación Internacional de Planificación Familiar La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) es una proveedora mundial de atención de salud y una de las principales defensoras de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) para todas las personas. Somos un movimiento de 150 Asociaciones Miembro y Socios Colaboradores con presencia en más de 146 países.   Sobre la base de una orgullosa historia de 70 años de logros, nos comprometemos a liderar un movimiento de la sociedad civil con arraigo local y conexión global que proporciona y posibilita servicios y defiende la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, especialmente para las más desfavorecidas.   Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, y contra quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase.  

Click here to read this statement in English. Puerto España, 8 de mayo.- La Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA), la Asociación de Planificación de la Familia de St. Vincent (SVGPPA) y la Oficina Regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia en las Américas y el Caribe celebran que Belice, Jamaica y St. Vincent y las Granadinas hayan recibido la certificación de la Organización Mundial de la Salud para eliminar la transmisión perinatal* del VIH y la Sífilis, un hito histórico para las mujeres y las infancias en el Caribe. Este importante logro hace avanzar los esfuerzos para prevenir eficazmente la transmisión del VIH en nuestra región.   Elogiamos el compromiso de los gobiernos, las personas profesionales de la salud, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, incluidas la Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA) y la Asociación de Planificación Familiar de St. Vincent (SVGPPA), ambas Asociaciones Miembro de IPPF, de invertir en la atención adecuada para la prevención del VIH y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.    Para Eugenia López Uribe - Directora Regional para las Américas y el Caribe de la IPPF, «esta coyuntura presenta una excelente oportunidad para mejorar las estrategias de prevención del VIH y mostrar cómo funciona una atención prenatal bien hecha, donde las mujeres tienen acceso a todas las pruebas y tratamientos necesarios, incluidas las pruebas y medicamentos para el VIH. Es una victoria colectiva: para la ciencia, que ha avanzado y muestra su eficacia, y para los responsables de la toma de decisiones que adoptan respuestas al VIH basadas en evidencia.»    La JFPA y la SVGPPA han sido clave en la respuesta al VIH en sus países, ya que han trabajado para integrar los servicios de VIH e ITS en su oferta general de planificación familiar. La JFPA ofrece asesoramiento, pruebas de detección y derivación de mujeres embarazadas en su primera visita prenatal, mientras que la SVGPPA ofrece pruebas de detección y asesoramiento sobre el VIH y las ITS, y ambas colaboran con sólidas organizaciones locales que trabajan en la respuesta al VIH.  

IPPF Américas y el Caribe, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y Fòs Feminista lanzaron el pasado mes de septiembre el primer Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, que evalúa a 33 países en materia de liderazgo político, acceso a anticonceptivos, políticas nacionales e internacionales y financiación. Alvaro Bermejo, Director General de la IPPF asistió al evento con varias asociaciones miembros de las Américas y el Caribe para celebrar el lanzamiento del documento que, según él, es una necesidad en nuestra región.  "Somos un continente diverso. Dentro de esta diversidad que nos hace únicos, también hay problemas que deben ser abordados colectivamente". - Alvaro Bermejo, Director General El documento arroja luz sobre el estado del marco político de SDSR en toda la región y destaca las necesidades clave: 17 de 33 países afirman el derecho fundamental a elegir el tamaño de la familia, el momento y el espaciamiento de los hijos; sin embargo, sólo 7 regulan la objeción de conciencia. 26 países carecen de sitios web gubernamentales de fácil uso sobre anticoncepción. 21 países carecen de transparencia en los presupuestos públicos para anticonceptivos, mientras que la falta de provisión de anticonceptivos de emergencia en los sistemas públicos de salud afecta a 12 países de la región. El Atlas muestra que, si bien la mayoría de los países han adoptado medidas concretas en el ámbito de las políticas para garantizar el acceso de todos a la salud sexual y reproductiva, aún queda mucho por hacer para reforzar los mecanismos existentes y alcanzar los principios enumerados en el Consenso de Montevideo.   En vista de ello, el Atlas pretende orientar las políticas implicando a los responsables de la toma de decisiones, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público. Hace hincapié en el impacto de la política sobre los resultados reales, fomentando mejoras para obtener mejores servicios de SDSR. Puede descargar los documentos tanto en español como en inglés aquí.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.