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IPPF ACRO y FPATT condenan la decisión de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo La decisión del Tribunal de Apelaciones de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un alarmante ataque a los derechos humanos. Este fallo, que restablece la criminalización de la intimidad privada y consensuada, es una violación directa de los derechos fundamentales de las personas LGBTQI+ y un crudo recordatorio de las leyes de la época colonial que siguen causando daño en el Caribe. La Oficina Regional de IPPF para las Américas y el Caribe (ACRO), junto con la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago (FPATT), se solidarizan de manera inequívoca con las comunidades LGBTQI+ en Trinidad y Tobago y en toda la región. Rechazamos esta decisión y cualquier legislación que niegue a las personas su derecho a amar libremente y vivir con dignidad. Este fallo refleja un sistema de justicia con normas opresivas que no tienen cabida en una sociedad justa y democrática. Según Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF ACRO, esta decisión no solo es un retroceso para los derechos LGBTQI+, sino un ataque a la dignidad humana: “Es un intento deliberado de silenciar, criminalizar y excluir a una parte de la ciudadanía y de las personas que viven en el país. Pero que quede claro: la oficina regional de IPPF en las Américas y el Caribe seguirá luchando por y con el movimiento LGBTQI+ para que no sean silenciadas. IPPF no retrocederá. Los derechos de las personas LGBTQI+ no son negociables.” La criminalización de las vidas LGBTQI+ perpetúa la violencia, la discriminación y el estigma. Alienta el odio, socava el acceso a la justicia y genera un clima de miedo en el que las personas LGBTQI+ se ven obligadas a vivir con mayor vulnerabilidad. Investigaciones publicadas en 2023 por el programa Wholeness and Justice de CAISO: Sex and Gender Justice indican que 1 de cada 3 personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago experimenta discriminación y acoso, 1 de cada 4 sufre violencia familiar y 1 de cada 4 ha sido víctima de agresión física. La profesora Rose Marie Antoine, presidenta del Consejo de Administración de FPATT, comenta que “FPATT [Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago] toma nota de la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que afirma una ley antigua, anterior a la independencia, que criminaliza a personas con una orientación diferente debido a una cuestión técnica: la cláusula de 'leyes heredadas'. Curiosamente, los colonizadores británicos que redactaron esa ley la abolieron hace mucho tiempo. También observamos que esta no fue una decisión unánime del tribunal. FPATT espera el día en que nuestro sistema legal y nuestras leyes reflejen la verdadera equidad y no discriminación, sirviendo a todas las personas de nuestra nación en su acceso a derechos fundamentales y protegiendo a los grupos vulnerables del daño y la violencia. FPATT continuará acogiendo y atendiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual.” Hacemos un llamado a la acción urgente: La derogación inmediata de los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Un compromiso de los gobiernos del Caribe para despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQI+ de la discriminación y la violencia. El fin del uso de cláusulas de "leyes heredadas" de la era colonial para justificar violaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de que cada persona defensora de los derechos humanos, cada persona tomadora de decisión y cada  persona aliada se pronuncie. Las personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago—y en todo el Caribe, nuestra región y el mundo—merecen justicia, igualdad y la libertad de vivir sin miedo. IPPF no se detendrá hasta que esto sea una realidad.    

Click here to read this Story in English. El 12 de julio, la Corte Suprema de los Países Bajos validó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Aruba, Curazao y San Martín, enfatizando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola la prohibición constitucional de discriminación. La decisión del tribunal sostiene un fallo de septiembre de 2021, que había sido impugnado por ambos países. IPPF ACRO y FPA instan a los gobiernos de Aruba y Curazao a cumplir prontamente con la decisión de la Corte Suprema, ya que es una cuestión de derechos fundamentales. Asegurar el cumplimiento de este fallo es esencial para la protección y la igualdad de la comunidad LGBTQI+. Después de que el parlamento de Aruba rechazara el proyecto de ley de igualdad matrimonial hace casi un mes, este fallo continúa una tendencia en la región para legalizar y proteger a las poblaciones LGBTQI+. FPA y Famia Plania, miembros de IPPF en Aruba y Curazao, han defendido y apoyado durante décadas los esfuerzos hacia la igualdad LGBTQI+, proporcionando servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como articulación comunitaria. "Este resultado positivo es un gran paso hacia la visibilidad, los derechos y el acceso a la salud, como los servicios sexuales y reproductivos para todas las personas LGBTQI+ en el Caribe Neerlandés. En FPA, estamos profundamente comprometidos con la inclusión, y mientras celebramos este fallo, continuaremos usando nuestras voces para abogar por el cambio social," declara Evelyn Yarzagaray, Directora Ejecutiva de FPA, Asociación Miembro de IPPF en Aruba.

Click here to read this statement in English. Puerto España, 8 de mayo.- La Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA), la Asociación de Planificación de la Familia de St. Vincent (SVGPPA) y la Oficina Regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia en las Américas y el Caribe celebran que Belice, Jamaica y St. Vincent y las Granadinas hayan recibido la certificación de la Organización Mundial de la Salud para eliminar la transmisión perinatal* del VIH y la Sífilis, un hito histórico para las mujeres y las infancias en el Caribe. Este importante logro hace avanzar los esfuerzos para prevenir eficazmente la transmisión del VIH en nuestra región.   Elogiamos el compromiso de los gobiernos, las personas profesionales de la salud, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, incluidas la Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA) y la Asociación de Planificación Familiar de St. Vincent (SVGPPA), ambas Asociaciones Miembro de IPPF, de invertir en la atención adecuada para la prevención del VIH y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.    Para Eugenia López Uribe - Directora Regional para las Américas y el Caribe de la IPPF, «esta coyuntura presenta una excelente oportunidad para mejorar las estrategias de prevención del VIH y mostrar cómo funciona una atención prenatal bien hecha, donde las mujeres tienen acceso a todas las pruebas y tratamientos necesarios, incluidas las pruebas y medicamentos para el VIH. Es una victoria colectiva: para la ciencia, que ha avanzado y muestra su eficacia, y para los responsables de la toma de decisiones que adoptan respuestas al VIH basadas en evidencia.»    La JFPA y la SVGPPA han sido clave en la respuesta al VIH en sus países, ya que han trabajado para integrar los servicios de VIH e ITS en su oferta general de planificación familiar. La JFPA ofrece asesoramiento, pruebas de detección y derivación de mujeres embarazadas en su primera visita prenatal, mientras que la SVGPPA ofrece pruebas de detección y asesoramiento sobre el VIH y las ITS, y ambas colaboran con sólidas organizaciones locales que trabajan en la respuesta al VIH.  

15 de febrero de 2023  Para publicación inmediata: Declaración sobre el Código Penal de la República Dominicana  Federación Internacional de Planificación de la Familia - Oficina Regional para las Américas y el Caribe (IPPF ACRO) A pesar de contar con uno de los movimientos feministas más fuertes de la región, dos décadas de intentos para reformar el Código Penal de la República Dominicana han fracasado. El país caribeño es uno de los cinco países del mundo donde la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia y donde el aborto ha ascendido a la tercera causa de muerte materna en el país, el artículo 37 de la Constitución dominicana establece: "El derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción y hasta la muerte". A pesar de las palabras del presidente Luis Abinader - "Durante mucho tiempo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, al igual que la mayoría de la población, no sólo de la República Dominicana, sino del mundo, en contra del aborto, sí creo que deben existir causales que permitan la interrupción del embarazo." - El país se enfrenta una vez más a la barrera total para acceder a sus derechos reproductivos.  Eugenia López Uribe - Directora Regional de IPPF para las Américas y el Caribe dijo: " Durante veinte años los fuertes movimientos feministas de la República Dominicana han luchado para reformar el alarmante Código Penal  que niega a las personas embarazadas el acceso al aborto seguro y legal. El Código Penal tiene 140 años, no le sirvió a la población entonces y no le sirve ahora. La IPPF seguirá al lado del movimiento en la República Dominicana para luchar por la reforma, la libertad y la justicia. Todas las personas deben tener la libertad de decidir lo que ocurre con su cuerpo y eso incluye poder interrumpir un embarazo de forma segura. Nadie debería tener que morir a causa de este Código Penal que ha causado tanto daño y muerte." La IPPF - Oficina Regional para las Américas y el Caribe se solidariza con el pueblo de República Dominicana y los movimientos feministas al mismo tiempo que continuamos luchando por el derecho a decidir y por la justicia reproductiva. Reconocemos la enorme contribución de las y les líderes dominicanas a los movimientos sociales de la región, incluyendo la lucha por la justicia racial.  

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el caso Roe contra Wade, en lo que supone el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos, eliminando 50 años de protección constitucional del aborto en todo el país, lo que significa que los estados individuales decidirán ahora la legalidad del aborto dentro de su jurisdicción. Veintiséis estados, entre los que se encuentran Misisipi, Oklahoma, Texas y Georgia, están a punto de promulgar "leyes desencadenantes" que limitarán o prohibirán gravemente el aborto, poniendo a unos 40 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en riesgo de perder el acceso al aborto, siendo las personas con menores ingresos y las de color las más afectadas.  El mosaico de prohibiciones estatales del aborto significa que quienes no tienen fondos para viajar a servicios de aborto seguros y legales o para acceder a píldoras abortivas médicas se verán obligadas a recurrir a métodos inseguros y no regulados, sin garantía de calidad de la atención o de cuidados posteriores si las cosas van mal. El devastador retroceso de los derechos reproductivos fue el resultado del caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, una sentencia de 2018 que prohibió el aborto en Mississippi después de las 15 semanas de embarazo. De los nueve jueces del Tribunal Supremo federal, seis votaron a favor de la ley de Misisipi y tres en contra, anulando efectivamente el caso Roe v. Wade El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade es el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos y una conclusión indignante y devastadora de lo que ya era una eliminación inconstitucional de la asistencia sanitaria que salva vidas. "Al continuar su ataque desenfrenado contra el cuerpo de las mujeres y obligarlas a llevar los embarazos a término, el más alto tribunal del país ha alcanzado su punto más bajo, robando a millones de personas su libertad y su autonomía corporal, los mismos valores de los que se enorgullece Estados Unidos. "Sabemos de sobra que prohibir el aborto no significa que haya menos abortos y que, cuando se promulga la prohibición del aborto, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que las personas que no pueden acceder legalmente a servicios de aborto seguro, incluidas las píldoras abortivas, se verán obligadas a recurrir a métodos no regulados e inseguros, lo que puede provocar daños graves o incluso la muerte y costar vidas durante décadas. "Las consecuencias de esta calculada decisión también repercutirán en todo el mundo, envalentonando a otros movimientos antiabortistas, antimujeres y antigénero y afectando a otras libertades reproductivas. Los jueces que anteponen sus creencias personales a la voluntad, los precedentes y las leyes estadounidenses pronto tendrán las manos manchadas de sangre, y estamos desolados por los millones de personas que sufrirán este cruel juicio." La anulación del caso Roe contra Wade también va en contra de la democracia y de los valores que el Tribunal Supremo debe representar y proteger, ya que la mayoría (60%) de los estadounidenses apoya el caso Roe contra Wade y el 70% cree que la decisión de interrumpir un embarazo corresponde a la mujer o a la persona embarazada y a su médico. Elizabeth Schlachter, directora de promoción y representante en EE.UU. de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La peligrosa sentencia del Tribunal Supremo no sólo es regresiva, sino que también está muy alejada de la mayoría de los estadounidenses, que sabemos que apoyan el acceso a la atención del aborto. También está en desacuerdo con gran parte del mundo, donde el acceso al aborto se está ampliando para llegar a todos los que necesitan este servicio de salud vital. "Al anular el derecho constitucional al aborto en todo EE.UU. y dejar la decisión en manos de cada estado, muchas partes de EE.UU. se unirán ahora a El Salvador, Nicaragua y Polonia, con algunas de las prohibiciones más restrictivas, extremistas y que ponen en peligro la vida de la atención al aborto en el mundo. "Pero no se trata sólo del movimiento antiaborto en Estados Unidos; se trata de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de conservadores y religiosos anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y extremistas de la supremacía blanca, que están utilizando dinero sucio y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención sanitaria, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad. "Con los derechos de larga data bajo ataque sostenido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia está implorando a los gobiernos de todo el mundo que hagan más para proteger la democracia y las libertades de los pueblos de la interferencia y la influencia de estos grupos extremistas."   La Asociación Miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la Planned Parenthood Federation of America (PPFA), sigue prestando servicios a todas las personas que los necesitan cuando es legalmente posible, incluso a través de la telemedicina para las píldoras abortivas. La IPPF y la PPFA también seguirán trabajando sin descanso para proteger los derechos de todas las personas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, luchando contra el extremismo en su esencia y garantizando que las mujeres y las personas embarazadas no se vean obligadas a llevar un embarazo o a dar a luz en contra de su voluntad. Para ayudar a que el aborto siga siendo legal, seguro y accesible, puede donar a la International Planned Parenthood Federation or Planned Parenthood Federation of America. Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Karmen Ivey en [email protected]  o [email protected]  Acerca de la Federación Internacional de Planificación de la Familia La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es un proveedor global de servicios y defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos.   Durante más de 65 años, la IPPF, a través de sus 118 Asociaciones Miembro y 15 socios, ha prestado servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y ha ayudado a promover los derechos sexuales, especialmente para las personas con necesidades interseccionales y diversas que actualmente no están cubiertas. Nuestras Asociaciones Miembros y socios son organizaciones independientes de propiedad local, lo que significa que el apoyo y la atención que proporcionan se basan en la experiencia y el contexto locales. Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos frente a quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y la libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase. Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash