Centro de Medios

Click here to read this statement in English.   Desde IPPF expresamos nuestra preocupación con la situación en Venezuela y total solidaridad con su gente, que en 28 de julio recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la noticia de que el actual mandatario, Nicolás Maduro, fue electo para un tercer periodo presidencial. Son graves las denuncias por falta de transparencia en el proceso y nos unimos a la comunidad internacional que exige la publicación de los resultados electorales, pues, hasta hoy, miércoles 31 de julio, el CNE no ha mostrado actas que prueben el triunfo de Nicolás Maduro.   Es preocupante que las fuerzas de seguridad del Estado respondan con violencia y represión desde el comienzo de las movilizaciones que continúan, con centenas de personas detenidas y números creciente de muertes. A la emergencia actual, se suman las cifras de desigualdad, inequidad de género y falta de acceso a servicios de salud, incluyendo la sexual y reproductiva, que han ido en aumento durante los últimos 25 años.   No es posible olvidar: en Venezuela, el número de feminicidios se ha duplicado en los últimos 6 años; el 28.7% de las personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de violencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado; el 91.5 % de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas; la legislación sobre aborto es sumamente restrictiva y los servicios muy limitados; además, 7.7 millones de personas han sido obligadas a desplazarse por el contexto sociopolítico.  Con extrema preocupación, IPPF en las Américas y el Caribe condena la represión y violencia del gobierno de Venezuela contra las movilizaciones ciudadanas. Es inadmisible que mientras ejercen su derecho a la protesta y libre expresión, las personas venezolanas sean víctimas de criminalización y violencia física y política.  IPPF ACRO se suma a la sociedad venezolana que desde las calles exige respeto a la democracia pues la voluntad del pueblo mediante elecciones auténticas es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.   “La situación en Venezuela exacerba aún más la escalada de autoritarismo y violencia en nuestra región,” afirmó Alessandra Nilo, directora de Relaciones Externas de IPPF ACRO. “La democracia propicia Estados que garantizan y avanzan los derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos que, sabemos, en momentos de alta tensión y crisis, son los primeros en ser violados. En este momento tan difícil, exigimos que el Estado venezolano, retome la ruta democrática, fortalezca sus instituciones y respete los derechos y deseos de su población. Es fundamental para proteger la dignidad y esperanza de todas las personas, especialmente las niñas y mujeres en su diversidad."   “IPPF ACRO y Asociaciones Miembro y Socias de la región están atentas al desarrollo de los acontecimientos, seguimos comprometidas con las personas venezolanas y su bienestar integral, y continuaremos brindando atención y servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela y, ante la proyectada intensificación de la ola migratoria, también en países circundantes como Colombia, Perú y Ecuador.”   

Click here to read this Story in English. El 12 de julio, la Corte Suprema de los Países Bajos validó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Aruba, Curazao y San Martín, enfatizando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola la prohibición constitucional de discriminación. La decisión del tribunal sostiene un fallo de septiembre de 2021, que había sido impugnado por ambos países. IPPF ACRO y FPA instan a los gobiernos de Aruba y Curazao a cumplir prontamente con la decisión de la Corte Suprema, ya que es una cuestión de derechos fundamentales. Asegurar el cumplimiento de este fallo es esencial para la protección y la igualdad de la comunidad LGBTQI+. Después de que el parlamento de Aruba rechazara el proyecto de ley de igualdad matrimonial hace casi un mes, este fallo continúa una tendencia en la región para legalizar y proteger a las poblaciones LGBTQI+. FPA y Famia Plania, miembros de IPPF en Aruba y Curazao, han defendido y apoyado durante décadas los esfuerzos hacia la igualdad LGBTQI+, proporcionando servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como articulación comunitaria. "Este resultado positivo es un gran paso hacia la visibilidad, los derechos y el acceso a la salud, como los servicios sexuales y reproductivos para todas las personas LGBTQI+ en el Caribe Neerlandés. En FPA, estamos profundamente comprometidos con la inclusión, y mientras celebramos este fallo, continuaremos usando nuestras voces para abogar por el cambio social," declara Evelyn Yarzagaray, Directora Ejecutiva de FPA, Asociación Miembro de IPPF en Aruba.

Click here to read IPPF's statement on the Ongoing Violence in Haiti in English.   La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) está profundamente preocupada por la escalada de violencia e inestabilidad política en Haití, en particular por su impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas desde marzo de 2024. Se proyecta que esta crisis deje a 3.000 mujeres embarazadas sin atención médica esencial, lo que provocará que casi 450 de ellas sufran complicaciones de parto que pondrán en peligro sus vidas.  Con casi 580.000 personas haitianas desplazadas, las mujeres y las niñas están experimentando un alarmante aumento de la violencia sexual y de género, incluidas agresiones sexuales, torturas y violaciones colectivas por parte de grupos armados. De enero a marzo de 2024, se registraron 1.793 incidentes de violencia sexual y de género. La inseguridad relacionada con el conflicto también ha incrementado significativamente las estrategias de supervivencia negativas, contribuyendo al aumento de la violencia sexual y de género, así como de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.    La violencia continua impide el acceso a servicios esenciales de atención de salud sexual y reproductiva, poniendo en peligro la vida de madres y criaturas recién nacidas. Nuestras socias en Haití, la Asociación de Parteras de Haití, nos informó que "las bandas prohíben la circulación de motocicletas y peatones, amenazan y a veces disparan al aire para aterrorizarnos aún más. Debido a estas difíciles condiciones, cada vez acuden menos pacientes al hospital, ya sea para consultas de embarazo, partos o puerperio". Esta inaccesibilidad ha provocado un aumento significativo de la mortalidad materna e infantil.    Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF Américas y Caribe, ha declarado: "La ayuda humanitaria debe tener acceso a través de las organizaciones locales, como la Asociación de Parteras de Haití, y su bienestar debe estar garantizado en este proceso. Las mujeres y las niñas ya no pueden esperar más. Nuestra organización socia lleva 20 años proporcionando acceso a servicios de salud de emergencia, como atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como atención tras situaciones de violencia sexual. Sin embargo, desde febrero, la Asociación de Parteras de Haití ha tenido que interrumpir sus actividades debido al riesgo inminente en el que se encuentran las mujeres que viven en Puerto Príncipe y sus alrededores".  En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, IPPF hace un llamado de tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia sexual y de género y exige la protección inmediata de las mujeres haitianas en toda su diversidad, las infancias y las personas en mayor riesgo, en toda su diversidad. Es urgente que se permita el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a Haití. Esta ayuda debe ser diseñada y controlada por organizaciones y personal humanitarios locales, y cualquier fuerza de paz extranjera debe salvaguardar y proteger a las comunidades locales -en particular sus derechos y salud sexual y reproductivas- para que no se repitan los errores del pasado.    No lo olvidemos: la pobreza y la inestabilidad de Haití han sido moldeadas por décadas de ocupación extranjera y colonialismo. La comunidad internacional le debe a Haití algo más que simples condolencias; le debe un compromiso inquebrantable con un futuro en el que se respeten y protejan los derechos humanos, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva, y en el que nadie se quede atrás. 

¡Todas las personas LGBTQI+ en Perú y en América y el Caribe tienen derecho a vidas libres de violencia! En los últimos meses, las Asociaciones Miembro, Socias Colaboradoras y el Secretariado de IPPF ACRO hemos atestiguado cómo algunos gobiernos de América y el Caribe, incluso algunos que históricamente habían actuado para proteger y avanzar los derechos humanos, se han convertido en los principales oponentes de los derechos, la libertad y la autodeterminación de las personas. Así que, después de escribir sobre nuestras inquietudes al respecto del nuevo gobierno argentino, hoy, en el Día Internacional Contra la LGBTIQ+-Fobia, queremos demostrar nuestra fuerte preocupación con las acciones del gobierno de Perú, que atentan contra los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.   La Oficina Regional de las Américas y el Caribe de IPPF se suma a INPPARES, Asociación Miembro en Perú, para manifestar su rechazo al Decreto Supremo Nº 009-2024-SA emitido el pasado 10 de mayo, por el Ministerio de Salud del Perú que al actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a partir de la 10° revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), vulnera los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.   Contexto para entender el caso: El PEAS contiene la lista de las intervenciones atendibles por las aseguradoras de salud en Perú, por lo que es de vital importancia que se mantenga actualizado con los lineamientos y estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada cierto tiempo, la OMS revisa su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para actualizarse a partir de la evidencia científica reciente y así, guiar adecuadamente la práctica clínica global. Recordemos que, en 2019, la 11° revisión de la CIE hizo historia al eliminar del capítulo sobre «Trastornos Mentales y del Comportamiento» a las identidades y expresiones trans. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Perú decidió usar una revisión desactualizada de la CIE, que patologiza la orientación sexual y la identidad de género. Esta decisión del gobierno de Perú al utilizar la CIE-10 es de mucha gravedad, pues incumple códigos y acuerdos de carácter vinculante a nivel local, regional e internacional. Por una parte, viola el derecho constitucional a la salud establecida en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, donde se establece el derecho a la salud sobre la base de la igualdad y no discriminación. Además, desestima la información, lineamientos y estándares de la OMS, la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas y, las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 2015 para detener la patologización de las personas LGBTIQ+, en particular de las personas trans e intersex. Va en contra, también, de compromisos adoptados por Perú en numerosas declaraciones regionales e internacionales, como el Consenso de Montevideo, cuya implementación y seguimiento se adoptó oficialmente desde 2016 por el Decreto Supremo N° 051-2016-PCM. Hoy, por lo tanto, es preciso reafirmar que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a vivir libres de violencia, a vivir su identidad de género y orientación sexual con libertad, a acceder a servicios de salud y reproducción donde sus identidades sean respetadas y sus necesidades específicas atendidas. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el cumplimiento de los mismos.

Click here to read this statement in English. Puerto España, 8 de mayo.- La Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA), la Asociación de Planificación de la Familia de St. Vincent (SVGPPA) y la Oficina Regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia en las Américas y el Caribe celebran que Belice, Jamaica y St. Vincent y las Granadinas hayan recibido la certificación de la Organización Mundial de la Salud para eliminar la transmisión perinatal* del VIH y la Sífilis, un hito histórico para las mujeres y las infancias en el Caribe. Este importante logro hace avanzar los esfuerzos para prevenir eficazmente la transmisión del VIH en nuestra región.   Elogiamos el compromiso de los gobiernos, las personas profesionales de la salud, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, incluidas la Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA) y la Asociación de Planificación Familiar de St. Vincent (SVGPPA), ambas Asociaciones Miembro de IPPF, de invertir en la atención adecuada para la prevención del VIH y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.    Para Eugenia López Uribe - Directora Regional para las Américas y el Caribe de la IPPF, «esta coyuntura presenta una excelente oportunidad para mejorar las estrategias de prevención del VIH y mostrar cómo funciona una atención prenatal bien hecha, donde las mujeres tienen acceso a todas las pruebas y tratamientos necesarios, incluidas las pruebas y medicamentos para el VIH. Es una victoria colectiva: para la ciencia, que ha avanzado y muestra su eficacia, y para los responsables de la toma de decisiones que adoptan respuestas al VIH basadas en evidencia.»    La JFPA y la SVGPPA han sido clave en la respuesta al VIH en sus países, ya que han trabajado para integrar los servicios de VIH e ITS en su oferta general de planificación familiar. La JFPA ofrece asesoramiento, pruebas de detección y derivación de mujeres embarazadas en su primera visita prenatal, mientras que la SVGPPA ofrece pruebas de detección y asesoramiento sobre el VIH y las ITS, y ambas colaboran con sólidas organizaciones locales que trabajan en la respuesta al VIH.  

Presentación del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro, en el ISSSTE Hidalgo Pachuca de Soto, Hidalgo. 5 de marzo de 2024. • La Subdelegación Médica del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Hidalgo, cumple con la obligación, de garante de derechos, al brindar servicios de aborto seguro a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo requieran. • En marzo de 2023 inició un trabajo colaborativo intersectorial entre el ISSSTE, Hidalgo y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. (MEXFAM), con el objetivo de avanzar en la garantía del derecho a la salud al transformar los servicios de salud sexual y reproductiva, en consonancia con el cambio legislativo que despenalizó el aborto por libre decisión hasta la semana 12 de gestación en el estado de Hidalgo (junio de 2021). • Como resultado de esta colaboración se han capacitado y sensibilizado 93 profesionales de la salud del Hospital General de Pachuca, de las Clínicas-Hospitales de Ixmiquilpan y Huejutla de Reyes, de la Clínica de Tulancingo y las Unidades de Medicina Familiar de Pachuca y Tepeji del Río; se diseñó una campaña con narrativas transformadoras para promover los servicios de aborto seguro y para contribuir a la eliminación del estigma hacia las personas que eligen abortar y hacia el personal de salud que practica abortos seguros; se creó el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en el ISSSTE, Hidalgo; y se han atendido 11 solicitudes de interrupción del embarazo. • El Lineamiento que se presenta se construyó considerando la evidencia científica más actualizada, el modelo de atención centrado en la persona, las perspectivas de derechos humanos y de género, los enfoques de interculturalidad y juventudes, y el Lineamiento Técnico para la atención de Aborto Seguro en México (Gobierno de México 2022). Este trabajo tuvo su origen antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, por lo que la Subdelegación Médica del ISSSTE en Hidalgo se convierte en la primera representación estatal del ISSSTE a nivel nacional en garantizar el acceso a servicios de aborto seguro. • La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el aborto seguro constituye uno de los derechos humanos más importantes alcanzado por las mujeres y personas con capacidad de gestar. En México la interrupción del embarazo se encuentra sustentada en los artículos 1ro y 4to Constitucional, que establecen el reconocimiento a los derechos humanos, al derecho a la salud y a los derechos reproductivos y con ello a decidir de manera libre e informada sobre el ejercicio o no de la maternidad. • Del 19 de mayo de 2023 al 29 de febrero del año en curso, la representación estatal del ISSSTE en Hidalgo ha brindado 11 servicios de interrupción del embarazo a personas usuarias de entre 15 y 42 años de edad; 8 son derechohabientes y 3 no lo son; 10 fueron atendidas en el Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio” y 1 en la Clínica Hospital de Ixmiquilpan “Dr. Horacio Luque Pérez”; 9 interrupciones se realizaron con medicamentos y 2 con Aspiración Manual Endouterina (AMEU. Todas las interrupciones se realizaron sin complicaciones. • Por otra parte, los registros de la Secretaría de Salud de Hidalgo, dan cuenta de que, del 8 de julio de 2021 al 18 de diciembre de 2023, se han realizado en el estado 2 mil 699 procedimientos de aborto seguro. ¡Acompáñanos!  Martes 5 de marzo de 2024 Horario: 11:00 a 13:00 horas Auditorio del Hospital General del ISSSTE "Dra. Columba Rivera Osorio", Carretera México - Pachuca km 87.8 Colonia Venta Prieta C.p. 42080, Pachuca, Hidalgo Medios de contacto: • Psic. Gloria Contreras Jiménez, Enlace de la Gerencia de Incidencia de MEXFAM en Hidalgo, 771 11 22 324. • E. E. P. Sarai Martínez Llergo, Coordinadora de Programas Preventivos de la Mujer de la Subdelegación Médica del ISSSTE en Hidalgo, 993 147 9759.