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Click here to read this press release in English. 8 de abril de 2025 - Una nueva encuesta global a organizaciones socias realizada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) ha revelado el impacto generalizado de los recortes en el financiamiento por parte de la Administración Trump, poniendo en riesgo la atención en salud sexual y reproductiva esencial para millones de personas en todo el mundo.   De las respuestas recibidas, los hallazgos muestran:   72 Asociaciones Miembros y Socias Colaboradoras (62%) reciben actualmente financiación de una de las fuentes afectadas. De las que reciben financiación de IPPF, más de la mitad (57%) se enfrentan a recortes de financiamiento. Esto indica que una mayoría significativa de las organizaciones socias de IPPF están enfrentando interrupciones, impactando el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva en todo el mundo.   156 proyectos críticos de salud ya han finalizado o están en peligro.  Al menos 85,2 millones de dólares de financiamiento han sido directamente afectados o fueron recortados.  1.737 miembros del personal de las organizaciones afectadas podrían perder su empleo o ya lo han perdido.  3.961 puntos de prestación de servicios, incluidas clínicas y unidades móviles, corren riesgo de cierre o ya han cerrado.   8,5 millones de personas podrían perder el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas.   Se espera que estos recortes al financiamiento tengan graves consecuencias en la vida de las personas de las comunidades a las que servimos. Si efectivamente se recortan todos los fondos en riesgo, IPPF estima que esto provocará 3,844 muertes maternas adicionales, más de 3 millones de embarazos no deseados y 756,010 abortos inseguros. Estos impactos también supondrán una pesada carga financiera para los sistemas nacionales de salud.   El impacto de las acciones de la Administración Trump es muy grave, como lo pueden constatar muchas Asociaciones Miembros de IPPF que dependen de la financiación internacional para proporcionar servicios de anticoncepción, atención médica materna y prevención del VIH.   En Venezuela, los recortes de financiación de Estados Unidos podrían reducir hasta un 30% del presupuesto anual de la Asociación Miembro en 2025, con una pérdida estimada de $229,650 en fondos de proyectos. Estos recortes afectarán el 10% de los servicios de salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo al 30% del personal. Alrededor de 2.500 personas podrían perder el acceso a estos servicios, una cifra preocupante considerando que esta organización es de las pocas que aún brindan atención a sobrevivientes de violencia sexual y de género, especialmente mujeres y niñas migrantes.  En San Vicente y las Granadinas, se estima que la pérdida de $10,000 en financiación de proyectos impactará el 90% de los servicios de salud sexual y reproductiva de SVPPA. La organización enfrenta la posible pérdida de todo su personal, lo que pone en riesgo su funcionamiento. Con 8 puntos de atención amenazados, estos recortes podrían eliminar el acceso a servicios esenciales, especialmente para personas jóvenes, en una de las pocas organizaciones del país con enfoque amigable para juventudes.  En Estados Unidos, informes independientes ajenos a esta encuesta indican que la Administración Trump pretende congelar la financiación de la anticoncepción asequible y la atención a la salud reproductiva para personas con bajos ingresos que dependen de los centros de salud de Planned Parenthood.  Para hacer frente a la crisis inmediata, IPPF ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de Mitigación de Daños para evaluar la evolución de la situación y proporcionar financiación de emergencia a sus Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras más afectadas. La primera ronda de subvenciones se emitirá en abril de 2025, en un esfuerzo por garantizar que los servicios de salud críticos y el acceso a productos básicos de salud que salvan vidas puedan continuar.   «No permitiremos que las decisiones políticas determinen quién puede y quién no puede acceder a la atención de salud», dijo el Dr. Álvaro Bermejo, Director General de IPPF. «En IPPF estamos redoblando nuestros esfuerzos. Somos una Federación resistente con una larga historia de superación de retos. Ahora nos centramos en mitigar los daños, movilizar nuevos recursos y garantizar que las personas que confían en nosotros para recibir atención no se queden atrás.»    Para solicitudes de prensa y entrevistas: [email protected]    

IPPF ACRO y FPATT condenan la decisión de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo La decisión del Tribunal de Apelaciones de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un alarmante ataque a los derechos humanos. Este fallo, que restablece la criminalización de la intimidad privada y consensuada, es una violación directa de los derechos fundamentales de las personas LGBTQI+ y un crudo recordatorio de las leyes de la época colonial que siguen causando daño en el Caribe. La Oficina Regional de IPPF para las Américas y el Caribe (ACRO), junto con la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago (FPATT), se solidarizan de manera inequívoca con las comunidades LGBTQI+ en Trinidad y Tobago y en toda la región. Rechazamos esta decisión y cualquier legislación que niegue a las personas su derecho a amar libremente y vivir con dignidad. Este fallo refleja un sistema de justicia con normas opresivas que no tienen cabida en una sociedad justa y democrática. Según Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF ACRO, esta decisión no solo es un retroceso para los derechos LGBTQI+, sino un ataque a la dignidad humana: “Es un intento deliberado de silenciar, criminalizar y excluir a una parte de la ciudadanía y de las personas que viven en el país. Pero que quede claro: la oficina regional de IPPF en las Américas y el Caribe seguirá luchando por y con el movimiento LGBTQI+ para que no sean silenciadas. IPPF no retrocederá. Los derechos de las personas LGBTQI+ no son negociables.” La criminalización de las vidas LGBTQI+ perpetúa la violencia, la discriminación y el estigma. Alienta el odio, socava el acceso a la justicia y genera un clima de miedo en el que las personas LGBTQI+ se ven obligadas a vivir con mayor vulnerabilidad. Investigaciones publicadas en 2023 por el programa Wholeness and Justice de CAISO: Sex and Gender Justice indican que 1 de cada 3 personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago experimenta discriminación y acoso, 1 de cada 4 sufre violencia familiar y 1 de cada 4 ha sido víctima de agresión física. La profesora Rose Marie Antoine, presidenta del Consejo de Administración de FPATT, comenta que “FPATT [Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago] toma nota de la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que afirma una ley antigua, anterior a la independencia, que criminaliza a personas con una orientación diferente debido a una cuestión técnica: la cláusula de 'leyes heredadas'. Curiosamente, los colonizadores británicos que redactaron esa ley la abolieron hace mucho tiempo. También observamos que esta no fue una decisión unánime del tribunal. FPATT espera el día en que nuestro sistema legal y nuestras leyes reflejen la verdadera equidad y no discriminación, sirviendo a todas las personas de nuestra nación en su acceso a derechos fundamentales y protegiendo a los grupos vulnerables del daño y la violencia. FPATT continuará acogiendo y atendiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual.” Hacemos un llamado a la acción urgente: La derogación inmediata de los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Un compromiso de los gobiernos del Caribe para despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQI+ de la discriminación y la violencia. El fin del uso de cláusulas de "leyes heredadas" de la era colonial para justificar violaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de que cada persona defensora de los derechos humanos, cada persona tomadora de decisión y cada  persona aliada se pronuncie. Las personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago—y en todo el Caribe, nuestra región y el mundo—merecen justicia, igualdad y la libertad de vivir sin miedo. IPPF no se detendrá hasta que esto sea una realidad.    

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el caso Roe contra Wade, en lo que supone el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos, eliminando 50 años de protección constitucional del aborto en todo el país, lo que significa que los estados individuales decidirán ahora la legalidad del aborto dentro de su jurisdicción. Veintiséis estados, entre los que se encuentran Misisipi, Oklahoma, Texas y Georgia, están a punto de promulgar "leyes desencadenantes" que limitarán o prohibirán gravemente el aborto, poniendo a unos 40 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en riesgo de perder el acceso al aborto, siendo las personas con menores ingresos y las de color las más afectadas.  El mosaico de prohibiciones estatales del aborto significa que quienes no tienen fondos para viajar a servicios de aborto seguros y legales o para acceder a píldoras abortivas médicas se verán obligadas a recurrir a métodos inseguros y no regulados, sin garantía de calidad de la atención o de cuidados posteriores si las cosas van mal. El devastador retroceso de los derechos reproductivos fue el resultado del caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, una sentencia de 2018 que prohibió el aborto en Mississippi después de las 15 semanas de embarazo. De los nueve jueces del Tribunal Supremo federal, seis votaron a favor de la ley de Misisipi y tres en contra, anulando efectivamente el caso Roe v. Wade El Dr. Álvaro Bermejo, Director General de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade es el mayor golpe a la salud y los derechos de las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos y una conclusión indignante y devastadora de lo que ya era una eliminación inconstitucional de la asistencia sanitaria que salva vidas. "Al continuar su ataque desenfrenado contra el cuerpo de las mujeres y obligarlas a llevar los embarazos a término, el más alto tribunal del país ha alcanzado su punto más bajo, robando a millones de personas su libertad y su autonomía corporal, los mismos valores de los que se enorgullece Estados Unidos. "Sabemos de sobra que prohibir el aborto no significa que haya menos abortos y que, cuando se promulga la prohibición del aborto, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que las personas que no pueden acceder legalmente a servicios de aborto seguro, incluidas las píldoras abortivas, se verán obligadas a recurrir a métodos no regulados e inseguros, lo que puede provocar daños graves o incluso la muerte y costar vidas durante décadas. "Las consecuencias de esta calculada decisión también repercutirán en todo el mundo, envalentonando a otros movimientos antiabortistas, antimujeres y antigénero y afectando a otras libertades reproductivas. Los jueces que anteponen sus creencias personales a la voluntad, los precedentes y las leyes estadounidenses pronto tendrán las manos manchadas de sangre, y estamos desolados por los millones de personas que sufrirán este cruel juicio." La anulación del caso Roe contra Wade también va en contra de la democracia y de los valores que el Tribunal Supremo debe representar y proteger, ya que la mayoría (60%) de los estadounidenses apoya el caso Roe contra Wade y el 70% cree que la decisión de interrumpir un embarazo corresponde a la mujer o a la persona embarazada y a su médico. Elizabeth Schlachter, directora de promoción y representante en EE.UU. de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo: "La peligrosa sentencia del Tribunal Supremo no sólo es regresiva, sino que también está muy alejada de la mayoría de los estadounidenses, que sabemos que apoyan el acceso a la atención del aborto. También está en desacuerdo con gran parte del mundo, donde el acceso al aborto se está ampliando para llegar a todos los que necesitan este servicio de salud vital. "Al anular el derecho constitucional al aborto en todo EE.UU. y dejar la decisión en manos de cada estado, muchas partes de EE.UU. se unirán ahora a El Salvador, Nicaragua y Polonia, con algunas de las prohibiciones más restrictivas, extremistas y que ponen en peligro la vida de la atención al aborto en el mundo. "Pero no se trata sólo del movimiento antiaborto en Estados Unidos; se trata de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de conservadores y religiosos anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y extremistas de la supremacía blanca, que están utilizando dinero sucio y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención sanitaria, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad. "Con los derechos de larga data bajo ataque sostenido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia está implorando a los gobiernos de todo el mundo que hagan más para proteger la democracia y las libertades de los pueblos de la interferencia y la influencia de estos grupos extremistas."   La Asociación Miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la Planned Parenthood Federation of America (PPFA), sigue prestando servicios a todas las personas que los necesitan cuando es legalmente posible, incluso a través de la telemedicina para las píldoras abortivas. La IPPF y la PPFA también seguirán trabajando sin descanso para proteger los derechos de todas las personas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, luchando contra el extremismo en su esencia y garantizando que las mujeres y las personas embarazadas no se vean obligadas a llevar un embarazo o a dar a luz en contra de su voluntad. Para ayudar a que el aborto siga siendo legal, seguro y accesible, puede donar a la International Planned Parenthood Federation or Planned Parenthood Federation of America. Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con Karmen Ivey en [email protected]  o [email protected]  Acerca de la Federación Internacional de Planificación de la Familia La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es un proveedor global de servicios y defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos.   Durante más de 65 años, la IPPF, a través de sus 118 Asociaciones Miembro y 15 socios, ha prestado servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y ha ayudado a promover los derechos sexuales, especialmente para las personas con necesidades interseccionales y diversas que actualmente no están cubiertas. Nuestras Asociaciones Miembros y socios son organizaciones independientes de propiedad local, lo que significa que el apoyo y la atención que proporcionan se basan en la experiencia y el contexto locales. Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos frente a quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y la libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase. Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash