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Click here to read this press release in English. 8 de abril de 2025 - Una nueva encuesta global a organizaciones socias realizada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) ha revelado el impacto generalizado de los recortes en el financiamiento por parte de la Administración Trump, poniendo en riesgo la atención en salud sexual y reproductiva esencial para millones de personas en todo el mundo.   De las respuestas recibidas, los hallazgos muestran:   72 Asociaciones Miembros y Socias Colaboradoras (62%) reciben actualmente financiación de una de las fuentes afectadas. De las que reciben financiación de IPPF, más de la mitad (57%) se enfrentan a recortes de financiamiento. Esto indica que una mayoría significativa de las organizaciones socias de IPPF están enfrentando interrupciones, impactando el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva en todo el mundo.   156 proyectos críticos de salud ya han finalizado o están en peligro.  Al menos 85,2 millones de dólares de financiamiento han sido directamente afectados o fueron recortados.  1.737 miembros del personal de las organizaciones afectadas podrían perder su empleo o ya lo han perdido.  3.961 puntos de prestación de servicios, incluidas clínicas y unidades móviles, corren riesgo de cierre o ya han cerrado.   8,5 millones de personas podrían perder el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas.   Se espera que estos recortes al financiamiento tengan graves consecuencias en la vida de las personas de las comunidades a las que servimos. Si efectivamente se recortan todos los fondos en riesgo, IPPF estima que esto provocará 3,844 muertes maternas adicionales, más de 3 millones de embarazos no deseados y 756,010 abortos inseguros. Estos impactos también supondrán una pesada carga financiera para los sistemas nacionales de salud.   El impacto de las acciones de la Administración Trump es muy grave, como lo pueden constatar muchas Asociaciones Miembros de IPPF que dependen de la financiación internacional para proporcionar servicios de anticoncepción, atención médica materna y prevención del VIH.   En Venezuela, los recortes de financiación de Estados Unidos podrían reducir hasta un 30% del presupuesto anual de la Asociación Miembro en 2025, con una pérdida estimada de $229,650 en fondos de proyectos. Estos recortes afectarán el 10% de los servicios de salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo al 30% del personal. Alrededor de 2.500 personas podrían perder el acceso a estos servicios, una cifra preocupante considerando que esta organización es de las pocas que aún brindan atención a sobrevivientes de violencia sexual y de género, especialmente mujeres y niñas migrantes.  En San Vicente y las Granadinas, se estima que la pérdida de $10,000 en financiación de proyectos impactará el 90% de los servicios de salud sexual y reproductiva de SVPPA. La organización enfrenta la posible pérdida de todo su personal, lo que pone en riesgo su funcionamiento. Con 8 puntos de atención amenazados, estos recortes podrían eliminar el acceso a servicios esenciales, especialmente para personas jóvenes, en una de las pocas organizaciones del país con enfoque amigable para juventudes.  En Estados Unidos, informes independientes ajenos a esta encuesta indican que la Administración Trump pretende congelar la financiación de la anticoncepción asequible y la atención a la salud reproductiva para personas con bajos ingresos que dependen de los centros de salud de Planned Parenthood.  Para hacer frente a la crisis inmediata, IPPF ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de Mitigación de Daños para evaluar la evolución de la situación y proporcionar financiación de emergencia a sus Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras más afectadas. La primera ronda de subvenciones se emitirá en abril de 2025, en un esfuerzo por garantizar que los servicios de salud críticos y el acceso a productos básicos de salud que salvan vidas puedan continuar.   «No permitiremos que las decisiones políticas determinen quién puede y quién no puede acceder a la atención de salud», dijo el Dr. Álvaro Bermejo, Director General de IPPF. «En IPPF estamos redoblando nuestros esfuerzos. Somos una Federación resistente con una larga historia de superación de retos. Ahora nos centramos en mitigar los daños, movilizar nuevos recursos y garantizar que las personas que confían en nosotros para recibir atención no se queden atrás.»    Para solicitudes de prensa y entrevistas: [email protected]    

IPPF ACRO y FPATT condenan la decisión de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo La decisión del Tribunal de Apelaciones de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un alarmante ataque a los derechos humanos. Este fallo, que restablece la criminalización de la intimidad privada y consensuada, es una violación directa de los derechos fundamentales de las personas LGBTQI+ y un crudo recordatorio de las leyes de la época colonial que siguen causando daño en el Caribe. La Oficina Regional de IPPF para las Américas y el Caribe (ACRO), junto con la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago (FPATT), se solidarizan de manera inequívoca con las comunidades LGBTQI+ en Trinidad y Tobago y en toda la región. Rechazamos esta decisión y cualquier legislación que niegue a las personas su derecho a amar libremente y vivir con dignidad. Este fallo refleja un sistema de justicia con normas opresivas que no tienen cabida en una sociedad justa y democrática. Según Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF ACRO, esta decisión no solo es un retroceso para los derechos LGBTQI+, sino un ataque a la dignidad humana: “Es un intento deliberado de silenciar, criminalizar y excluir a una parte de la ciudadanía y de las personas que viven en el país. Pero que quede claro: la oficina regional de IPPF en las Américas y el Caribe seguirá luchando por y con el movimiento LGBTQI+ para que no sean silenciadas. IPPF no retrocederá. Los derechos de las personas LGBTQI+ no son negociables.” La criminalización de las vidas LGBTQI+ perpetúa la violencia, la discriminación y el estigma. Alienta el odio, socava el acceso a la justicia y genera un clima de miedo en el que las personas LGBTQI+ se ven obligadas a vivir con mayor vulnerabilidad. Investigaciones publicadas en 2023 por el programa Wholeness and Justice de CAISO: Sex and Gender Justice indican que 1 de cada 3 personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago experimenta discriminación y acoso, 1 de cada 4 sufre violencia familiar y 1 de cada 4 ha sido víctima de agresión física. La profesora Rose Marie Antoine, presidenta del Consejo de Administración de FPATT, comenta que “FPATT [Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago] toma nota de la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que afirma una ley antigua, anterior a la independencia, que criminaliza a personas con una orientación diferente debido a una cuestión técnica: la cláusula de 'leyes heredadas'. Curiosamente, los colonizadores británicos que redactaron esa ley la abolieron hace mucho tiempo. También observamos que esta no fue una decisión unánime del tribunal. FPATT espera el día en que nuestro sistema legal y nuestras leyes reflejen la verdadera equidad y no discriminación, sirviendo a todas las personas de nuestra nación en su acceso a derechos fundamentales y protegiendo a los grupos vulnerables del daño y la violencia. FPATT continuará acogiendo y atendiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual.” Hacemos un llamado a la acción urgente: La derogación inmediata de los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Un compromiso de los gobiernos del Caribe para despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQI+ de la discriminación y la violencia. El fin del uso de cláusulas de "leyes heredadas" de la era colonial para justificar violaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de que cada persona defensora de los derechos humanos, cada persona tomadora de decisión y cada  persona aliada se pronuncie. Las personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago—y en todo el Caribe, nuestra región y el mundo—merecen justicia, igualdad y la libertad de vivir sin miedo. IPPF no se detendrá hasta que esto sea una realidad.