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La lucha por los derechos reproductivos continúa Hoy reconocemos a las personas defensoras de derechos, en particular de los derechos reproductivos, que participaron en las elecciones de EE. UU., ejerciendo su poder para afirmar la autonomía corporal y defender la libertad. En Arizona, Colorado, Maryland, Misuri, Montana, Nevada y Nueva York, las personas votantes respaldaron la libertad reproductiva. Sus votos son un testimonio de un compromiso duradero para salvaguardar los derechos reproductivos y la autonomía personal sobre nuestros propios cuerpos, vidas y futuros. También reconocemos el tremendo trabajo de la Planned Parenthood Federation of America, nuestra Asociación Miembro en los EE. UU., cuya campaña incansable destacó lo que estaba en juego en estas elecciones cruciales. Su defensa inquebrantable ha empoderado a innumerables personas para proteger y avanzar en nuestros valores compartidos. Sabemos que este es un momento de preocupación. El resultado de esta elección asesta un golpe severo al Movimiento de Derechos Sexuales y Reproductivos. IPPF anticipa importantes retrocesos, incluyendo recortes de fondos y reducción de personal que afectarán a personas defensoras de los DSSR a nivel mundial. Este resultado electoral es devastador para las millones de personas que dependerán de la atención en salud sexual y reproductiva en los próximos años y más allá. Pero es precisamente por esto que debemos ser más fuertes que nunca: muchas más personas nos necesitarán. Por lo tanto, asegurémosle al mundo que las Asociaciones Miembro y los Socios Colaboradores de IPPF en las Américas y el Caribe permanecen firmes en nuestra misión de garantizar derechos y salud sexual y reproductiva integrales para todos. Que no quede duda: continuaremos luchando por nuestro derecho a tomar decisiones autónomas sobre nuestras vidas reproductivas, a vivir nuestra sexualidad libremente y a acceder a servicios de salud inclusivos que respondan a las diversas necesidades de nuestras comunidades, ya sea en anticoncepción, fertilidad, atención para personas trans, prevención y atención del VIH, y más allá. Y seguiremos fortaleciendo nuestras alianzas con movimientos sociales progresistas en la región y el mundo. En este momento crítico, hacemos un llamado a todos los gobiernos, donantes y agencias internacionales a intensificar sus esfuerzos ante los próximos ataques a los derechos humanos que traerá la administración de Trump, porque las personas activistas, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil están en la primera línea, pero no deberían luchar solas. Esta es una elección que afecta particularmente a la región de América Latina y el Caribe. Somos parte de la Marea Verde y no nos rendiremos. Por lo tanto, es hora de intensificar los esfuerzos y exigir que necesitamos un movimiento social completamente financiado, incluido un financiamiento sostenido para nuestros defensores de los DSSR y sus esfuerzos inquebrantables para contrarrestar los ataques continuos a los derechos. Ahora más que nunca, es imperativo apoyar a quienes defienden la autonomía corporal y la libertad, asegurando que cuenten con los recursos y el respaldo necesarios para resistir, persistir y avanzar en los derechos de todas las personas. No nos dejaremos vencer. Nuestro compromiso con los millones de personas a las que asistimos y apoyamos, las comunidades y aliadas se mantiene firme. Juntas, juntes y juntos, continuaremos resistiendo y construyendo un mundo donde todas las personas podamos vivir libres de violencia y ejercer plenamente nuestro derecho a moldear nuestro presente y futuro.   Image credit: BBC

¡Todas las personas LGBTQI+ en Perú y en América y el Caribe tienen derecho a vidas libres de violencia! En los últimos meses, las Asociaciones Miembro, Socias Colaboradoras y el Secretariado de IPPF ACRO hemos atestiguado cómo algunos gobiernos de América y el Caribe, incluso algunos que históricamente habían actuado para proteger y avanzar los derechos humanos, se han convertido en los principales oponentes de los derechos, la libertad y la autodeterminación de las personas. Así que, después de escribir sobre nuestras inquietudes al respecto del nuevo gobierno argentino, hoy, en el Día Internacional Contra la LGBTIQ+-Fobia, queremos demostrar nuestra fuerte preocupación con las acciones del gobierno de Perú, que atentan contra los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.   La Oficina Regional de las Américas y el Caribe de IPPF se suma a INPPARES, Asociación Miembro en Perú, para manifestar su rechazo al Decreto Supremo Nº 009-2024-SA emitido el pasado 10 de mayo, por el Ministerio de Salud del Perú que al actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a partir de la 10° revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), vulnera los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.   Contexto para entender el caso: El PEAS contiene la lista de las intervenciones atendibles por las aseguradoras de salud en Perú, por lo que es de vital importancia que se mantenga actualizado con los lineamientos y estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada cierto tiempo, la OMS revisa su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para actualizarse a partir de la evidencia científica reciente y así, guiar adecuadamente la práctica clínica global. Recordemos que, en 2019, la 11° revisión de la CIE hizo historia al eliminar del capítulo sobre «Trastornos Mentales y del Comportamiento» a las identidades y expresiones trans. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Perú decidió usar una revisión desactualizada de la CIE, que patologiza la orientación sexual y la identidad de género. Esta decisión del gobierno de Perú al utilizar la CIE-10 es de mucha gravedad, pues incumple códigos y acuerdos de carácter vinculante a nivel local, regional e internacional. Por una parte, viola el derecho constitucional a la salud establecida en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, donde se establece el derecho a la salud sobre la base de la igualdad y no discriminación. Además, desestima la información, lineamientos y estándares de la OMS, la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas y, las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 2015 para detener la patologización de las personas LGBTIQ+, en particular de las personas trans e intersex. Va en contra, también, de compromisos adoptados por Perú en numerosas declaraciones regionales e internacionales, como el Consenso de Montevideo, cuya implementación y seguimiento se adoptó oficialmente desde 2016 por el Decreto Supremo N° 051-2016-PCM. Hoy, por lo tanto, es preciso reafirmar que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a vivir libres de violencia, a vivir su identidad de género y orientación sexual con libertad, a acceder a servicios de salud y reproducción donde sus identidades sean respetadas y sus necesidades específicas atendidas. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el cumplimiento de los mismos.