Centro de Medios

¡Todas las personas LGBTQI+ en Perú y en América y el Caribe tienen derecho a vidas libres de violencia! En los últimos meses, las Asociaciones Miembro, Socias Colaboradoras y el Secretariado de IPPF ACRO hemos atestiguado cómo algunos gobiernos de América y el Caribe, incluso algunos que históricamente habían actuado para proteger y avanzar los derechos humanos, se han convertido en los principales oponentes de los derechos, la libertad y la autodeterminación de las personas. Así que, después de escribir sobre nuestras inquietudes al respecto del nuevo gobierno argentino, hoy, en el Día Internacional Contra la LGBTIQ+-Fobia, queremos demostrar nuestra fuerte preocupación con las acciones del gobierno de Perú, que atentan contra los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.   La Oficina Regional de las Américas y el Caribe de IPPF se suma a INPPARES, Asociación Miembro en Perú, para manifestar su rechazo al Decreto Supremo Nº 009-2024-SA emitido el pasado 10 de mayo, por el Ministerio de Salud del Perú que al actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a partir de la 10° revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), vulnera los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.   Contexto para entender el caso: El PEAS contiene la lista de las intervenciones atendibles por las aseguradoras de salud en Perú, por lo que es de vital importancia que se mantenga actualizado con los lineamientos y estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada cierto tiempo, la OMS revisa su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para actualizarse a partir de la evidencia científica reciente y así, guiar adecuadamente la práctica clínica global. Recordemos que, en 2019, la 11° revisión de la CIE hizo historia al eliminar del capítulo sobre «Trastornos Mentales y del Comportamiento» a las identidades y expresiones trans. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Perú decidió usar una revisión desactualizada de la CIE, que patologiza la orientación sexual y la identidad de género. Esta decisión del gobierno de Perú al utilizar la CIE-10 es de mucha gravedad, pues incumple códigos y acuerdos de carácter vinculante a nivel local, regional e internacional. Por una parte, viola el derecho constitucional a la salud establecida en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, donde se establece el derecho a la salud sobre la base de la igualdad y no discriminación. Además, desestima la información, lineamientos y estándares de la OMS, la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas y, las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 2015 para detener la patologización de las personas LGBTIQ+, en particular de las personas trans e intersex. Va en contra, también, de compromisos adoptados por Perú en numerosas declaraciones regionales e internacionales, como el Consenso de Montevideo, cuya implementación y seguimiento se adoptó oficialmente desde 2016 por el Decreto Supremo N° 051-2016-PCM. Hoy, por lo tanto, es preciso reafirmar que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a vivir libres de violencia, a vivir su identidad de género y orientación sexual con libertad, a acceder a servicios de salud y reproducción donde sus identidades sean respetadas y sus necesidades específicas atendidas. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el cumplimiento de los mismos.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe