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IPPF ACRO y FPATT condenan la decisión de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo La decisión del Tribunal de Apelaciones de Trinidad y Tobago de mantener la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un alarmante ataque a los derechos humanos. Este fallo, que restablece la criminalización de la intimidad privada y consensuada, es una violación directa de los derechos fundamentales de las personas LGBTQI+ y un crudo recordatorio de las leyes de la época colonial que siguen causando daño en el Caribe. La Oficina Regional de IPPF para las Américas y el Caribe (ACRO), junto con la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago (FPATT), se solidarizan de manera inequívoca con las comunidades LGBTQI+ en Trinidad y Tobago y en toda la región. Rechazamos esta decisión y cualquier legislación que niegue a las personas su derecho a amar libremente y vivir con dignidad. Este fallo refleja un sistema de justicia con normas opresivas que no tienen cabida en una sociedad justa y democrática. Según Eugenia López Uribe, Directora Regional de IPPF ACRO, esta decisión no solo es un retroceso para los derechos LGBTQI+, sino un ataque a la dignidad humana: “Es un intento deliberado de silenciar, criminalizar y excluir a una parte de la ciudadanía y de las personas que viven en el país. Pero que quede claro: la oficina regional de IPPF en las Américas y el Caribe seguirá luchando por y con el movimiento LGBTQI+ para que no sean silenciadas. IPPF no retrocederá. Los derechos de las personas LGBTQI+ no son negociables.” La criminalización de las vidas LGBTQI+ perpetúa la violencia, la discriminación y el estigma. Alienta el odio, socava el acceso a la justicia y genera un clima de miedo en el que las personas LGBTQI+ se ven obligadas a vivir con mayor vulnerabilidad. Investigaciones publicadas en 2023 por el programa Wholeness and Justice de CAISO: Sex and Gender Justice indican que 1 de cada 3 personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago experimenta discriminación y acoso, 1 de cada 4 sufre violencia familiar y 1 de cada 4 ha sido víctima de agresión física. La profesora Rose Marie Antoine, presidenta del Consejo de Administración de FPATT, comenta que “FPATT [Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago] toma nota de la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que afirma una ley antigua, anterior a la independencia, que criminaliza a personas con una orientación diferente debido a una cuestión técnica: la cláusula de 'leyes heredadas'. Curiosamente, los colonizadores británicos que redactaron esa ley la abolieron hace mucho tiempo. También observamos que esta no fue una decisión unánime del tribunal. FPATT espera el día en que nuestro sistema legal y nuestras leyes reflejen la verdadera equidad y no discriminación, sirviendo a todas las personas de nuestra nación en su acceso a derechos fundamentales y protegiendo a los grupos vulnerables del daño y la violencia. FPATT continuará acogiendo y atendiendo a todas las personas, sin importar su orientación sexual.” Hacemos un llamado a la acción urgente: La derogación inmediata de los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Un compromiso de los gobiernos del Caribe para despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQI+ de la discriminación y la violencia. El fin del uso de cláusulas de "leyes heredadas" de la era colonial para justificar violaciones de derechos humanos. Ahora es el momento de que cada persona defensora de los derechos humanos, cada persona tomadora de decisión y cada  persona aliada se pronuncie. Las personas LGBTQI+ en Trinidad y Tobago—y en todo el Caribe, nuestra región y el mundo—merecen justicia, igualdad y la libertad de vivir sin miedo. IPPF no se detendrá hasta que esto sea una realidad.    

Presentación del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro, en el ISSSTE Hidalgo Pachuca de Soto, Hidalgo. 5 de marzo de 2024. • La Subdelegación Médica del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Hidalgo, cumple con la obligación, de garante de derechos, al brindar servicios de aborto seguro a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo requieran. • En marzo de 2023 inició un trabajo colaborativo intersectorial entre el ISSSTE, Hidalgo y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. (MEXFAM), con el objetivo de avanzar en la garantía del derecho a la salud al transformar los servicios de salud sexual y reproductiva, en consonancia con el cambio legislativo que despenalizó el aborto por libre decisión hasta la semana 12 de gestación en el estado de Hidalgo (junio de 2021). • Como resultado de esta colaboración se han capacitado y sensibilizado 93 profesionales de la salud del Hospital General de Pachuca, de las Clínicas-Hospitales de Ixmiquilpan y Huejutla de Reyes, de la Clínica de Tulancingo y las Unidades de Medicina Familiar de Pachuca y Tepeji del Río; se diseñó una campaña con narrativas transformadoras para promover los servicios de aborto seguro y para contribuir a la eliminación del estigma hacia las personas que eligen abortar y hacia el personal de salud que practica abortos seguros; se creó el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en el ISSSTE, Hidalgo; y se han atendido 11 solicitudes de interrupción del embarazo. • El Lineamiento que se presenta se construyó considerando la evidencia científica más actualizada, el modelo de atención centrado en la persona, las perspectivas de derechos humanos y de género, los enfoques de interculturalidad y juventudes, y el Lineamiento Técnico para la atención de Aborto Seguro en México (Gobierno de México 2022). Este trabajo tuvo su origen antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, por lo que la Subdelegación Médica del ISSSTE en Hidalgo se convierte en la primera representación estatal del ISSSTE a nivel nacional en garantizar el acceso a servicios de aborto seguro. • La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el aborto seguro constituye uno de los derechos humanos más importantes alcanzado por las mujeres y personas con capacidad de gestar. En México la interrupción del embarazo se encuentra sustentada en los artículos 1ro y 4to Constitucional, que establecen el reconocimiento a los derechos humanos, al derecho a la salud y a los derechos reproductivos y con ello a decidir de manera libre e informada sobre el ejercicio o no de la maternidad. • Del 19 de mayo de 2023 al 29 de febrero del año en curso, la representación estatal del ISSSTE en Hidalgo ha brindado 11 servicios de interrupción del embarazo a personas usuarias de entre 15 y 42 años de edad; 8 son derechohabientes y 3 no lo son; 10 fueron atendidas en el Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio” y 1 en la Clínica Hospital de Ixmiquilpan “Dr. Horacio Luque Pérez”; 9 interrupciones se realizaron con medicamentos y 2 con Aspiración Manual Endouterina (AMEU. Todas las interrupciones se realizaron sin complicaciones. • Por otra parte, los registros de la Secretaría de Salud de Hidalgo, dan cuenta de que, del 8 de julio de 2021 al 18 de diciembre de 2023, se han realizado en el estado 2 mil 699 procedimientos de aborto seguro. ¡Acompáñanos!  Martes 5 de marzo de 2024 Horario: 11:00 a 13:00 horas Auditorio del Hospital General del ISSSTE "Dra. Columba Rivera Osorio", Carretera México - Pachuca km 87.8 Colonia Venta Prieta C.p. 42080, Pachuca, Hidalgo Medios de contacto: • Psic. Gloria Contreras Jiménez, Enlace de la Gerencia de Incidencia de MEXFAM en Hidalgo, 771 11 22 324. • E. E. P. Sarai Martínez Llergo, Coordinadora de Programas Preventivos de la Mujer de la Subdelegación Médica del ISSSTE en Hidalgo, 993 147 9759.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe