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Click here to read this statement in English. Jartum, 2 de julio de 2024. Esta semana se ha producido otro horrendo ataque contra una de nuestras clínicas de salud en Sudán. Varias personas del equipo y voluntarias de la Asociación Miembro en Sudán, la Asociación Sudanesa de Planificación Familiar (SFPA), han resultado heridas o muertas a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Nuestra clínica de El Fasher ha sido destruida, lo que significa que hay una opción menos para que las mujeres y las niñas reciban atención de salud sexual y reproductiva vital en la región.     Desde hace más de un mes se suceden los combates en torno a El Fasher, la capital de Darfur Septentrional, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido, estacionadas a 10 kilómetros de la ciudad, bombardean indiscriminadamente objetivos militares y civiles.     Una de las personas voluntarias de la SFPA, Mahasen Abdul Jabbar, murió tras recibir un disparo en la clínica. Esta mañana, Dr. El Daifallah Mohammed, especialista voluntario en medicina familiar de nuestra clínica de El Fasher, también ha muerto como consecuencia de la guerra.    Los bombardeos de la RSF también han herido de gravedad a miembros de nuestro personal: La Dra. Marwa, médica del Centro Integrado de El Fasher, fue alcanzada por metralla en una pierna. Una partera del centro de Abu Shouk, Halima Abdullah Adam, fue alcanzada y cuatro de sus hijos resultaron heridos y fueron evacuados. La casa del guardia del centro de Abu Shouk fue alcanzada, matando a su hija e hiriendo a otros cuatro de sus hijos.  Una de nuestras enfermeras ha sido alcanzada por metralla y trasladada al hospital; está en estado crítico y se ha perdido todo contacto con ella. La RSF también ha estado secuestrando a nuestros pacientes, sin dar a conocer su paradero.     Este último ataque se suma a otros anteriores contra nuestras clínicas en Sudán, que destruyeron nuestras instalaciones en Jartum y El Fashir y centros de salud gestionados por SFPA entre el 7 y el 9 de septiembre de 2023.    Las mujeres y las niñas de Sudán se enfrentan a un recrudecimiento de la violencia sexual y relacionada con el conflicto. Nuestro personal ha sido testigo directo del impacto de este crimen atroz en las personas más vulnerables, incluidas mujeres, niñas y otros grupos marginados. Anteriormente informamos que las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual tienen dificultades para obtener anticonceptivos, medicamentos abortivos y antivirales postexposición. Se enfrentan a consecuencias graves y potencialmente mortales, como la pérdida del apoyo familiar y de sus hogares y refugios, y un mayor riesgo de suicidio. Las sobrevivientes temen buscar tratamiento médico debido al estigma y al miedo a las represalias por violación.     Fadoua Bakhadda, directora regional para la Región del Mundo Árabe, ha declarado:    "Condenamos inequívocamente toda violencia contra la población civil, especialmente contra los centros de salud que son atacados mientras prestan servicios esenciales a quienes los necesitan. Tales actos son una afrenta a la humanidad y a la inviolabilidad de los cuidados.   Los asesinatos, desplazamientos y destrucción en Sudán deben terminar. Es vital que las partes en conflicto recuerden sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, que incluyen garantizar la protección de los civiles y la protección de las estructuras y del personal de salud."     El Dr. Álvaro Bermejo, director general de IPPF, ha declarado:     "Estamos desolados al enterarnos de otro ataque contra una de nuestras clínicas en Sudán, y de las heridas y la pérdida de vidas de nuestro personal y voluntarios. Los centros de salud y, lo que es más importante, el personal de salud, no deben ser nunca objetivo de guerra. La salud sexual y reproductiva y la vida de 800.000 personas de Darfur septentrional -entre ellas mujeres, infancias y personas con discapacidad- penden de un hilo, ya que los bombardeos causan daños generalizados a la población civil y perturban gravemente los servicios sanitarios esenciales de los que dependen en gran medida.   Ahora, más que nunca, nuestras instalaciones de salud deben estar protegidas para que puedan seguir prestando atención a las poblaciones que sobreviven estos ataques innecesarios. Nuestra clínica, que antes podía prestar servicios de salud sexual y reproductiva vitales, como atención prenatal y anticonceptivos, ha desaparecido. ¿Dónde buscarán ahora las mujeres y las niñas estos servicios? Es urgente que haya una masa crítica de personas con conciencia que digan basta a esta crisis olvidada".    Para más información y para hablar con una persona de nuestro equipo en Darfur del Norte (Sudán) en inglés, envíe un correo electrónico a [email protected].        Acerca de la Asociación de Planificación Familiar de Sudán    La Asociación de Planificación Familiar de Sudán (SFPA) fue creada en 1965 por pioneros en obstetricia y ginecología en respuesta al aumento de la mortalidad y morbilidad materna, neonatal e infantil. Como muestran las estadísticas, Sudán es un país muy necesitado de servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) de primer contacto. La promoción y la puesta en marcha de programas de información, educación y comunicación (IEC) son fundamentales. En 2022, la SFPA prestó 26 millones de servicios a través de 24 clínicas, 261 clínicas asociadas y 37 clínicas móviles. Desde el inicio de la crisis el 15 de abril de 2023, los equipos de la asociación lograron prestar 2.500.000 servicios a través de 24 instalaciones de SFPA y 8.500.000 servicios a través de clínicas asociadas y móviles no dañadas. La SFPA pudo asistir 1.145 partos bajo bombardeo y proporcionó 167.000 tratamientos del VIH en sus clínicas estáticas.  Acerca de la Federación Internacional de Planificación Familiar La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) es una proveedora mundial de atención de salud y una de las principales defensoras de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) para todas las personas. Somos un movimiento de 150 Asociaciones Miembro y Socios Colaboradores con presencia en más de 146 países.   Sobre la base de una orgullosa historia de 70 años de logros, nos comprometemos a liderar un movimiento de la sociedad civil con arraigo local y conexión global que proporciona y posibilita servicios y defiende la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, especialmente para las más desfavorecidas.   Abogamos por un mundo en el que las personas reciban la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su cuerpo. Defendemos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, y contra quienes pretenden negar a las personas su derecho humano a la autonomía y libertad corporales. Prestamos una atención basada en los derechos, el respeto y la dignidad, pase lo que pase.  

¡Todas las personas LGBTQI+ en Perú y en América y el Caribe tienen derecho a vidas libres de violencia! En los últimos meses, las Asociaciones Miembro, Socias Colaboradoras y el Secretariado de IPPF ACRO hemos atestiguado cómo algunos gobiernos de América y el Caribe, incluso algunos que históricamente habían actuado para proteger y avanzar los derechos humanos, se han convertido en los principales oponentes de los derechos, la libertad y la autodeterminación de las personas. Así que, después de escribir sobre nuestras inquietudes al respecto del nuevo gobierno argentino, hoy, en el Día Internacional Contra la LGBTIQ+-Fobia, queremos demostrar nuestra fuerte preocupación con las acciones del gobierno de Perú, que atentan contra los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+.   La Oficina Regional de las Américas y el Caribe de IPPF se suma a INPPARES, Asociación Miembro en Perú, para manifestar su rechazo al Decreto Supremo Nº 009-2024-SA emitido el pasado 10 de mayo, por el Ministerio de Salud del Perú que al actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a partir de la 10° revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), vulnera los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.   Contexto para entender el caso: El PEAS contiene la lista de las intervenciones atendibles por las aseguradoras de salud en Perú, por lo que es de vital importancia que se mantenga actualizado con los lineamientos y estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada cierto tiempo, la OMS revisa su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para actualizarse a partir de la evidencia científica reciente y así, guiar adecuadamente la práctica clínica global. Recordemos que, en 2019, la 11° revisión de la CIE hizo historia al eliminar del capítulo sobre «Trastornos Mentales y del Comportamiento» a las identidades y expresiones trans. Sin embargo, la semana pasada, el gobierno de Perú decidió usar una revisión desactualizada de la CIE, que patologiza la orientación sexual y la identidad de género. Esta decisión del gobierno de Perú al utilizar la CIE-10 es de mucha gravedad, pues incumple códigos y acuerdos de carácter vinculante a nivel local, regional e internacional. Por una parte, viola el derecho constitucional a la salud establecida en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, donde se establece el derecho a la salud sobre la base de la igualdad y no discriminación. Además, desestima la información, lineamientos y estándares de la OMS, la agencia especializada en salud de las Naciones Unidas y, las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 2015 para detener la patologización de las personas LGBTIQ+, en particular de las personas trans e intersex. Va en contra, también, de compromisos adoptados por Perú en numerosas declaraciones regionales e internacionales, como el Consenso de Montevideo, cuya implementación y seguimiento se adoptó oficialmente desde 2016 por el Decreto Supremo N° 051-2016-PCM. Hoy, por lo tanto, es preciso reafirmar que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a vivir libres de violencia, a vivir su identidad de género y orientación sexual con libertad, a acceder a servicios de salud y reproducción donde sus identidades sean respetadas y sus necesidades específicas atendidas. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el cumplimiento de los mismos.

Click here to read this statement in English. Puerto España, 8 de mayo.- La Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA), la Asociación de Planificación de la Familia de St. Vincent (SVGPPA) y la Oficina Regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia en las Américas y el Caribe celebran que Belice, Jamaica y St. Vincent y las Granadinas hayan recibido la certificación de la Organización Mundial de la Salud para eliminar la transmisión perinatal* del VIH y la Sífilis, un hito histórico para las mujeres y las infancias en el Caribe. Este importante logro hace avanzar los esfuerzos para prevenir eficazmente la transmisión del VIH en nuestra región.   Elogiamos el compromiso de los gobiernos, las personas profesionales de la salud, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, incluidas la Asociación de Planificación Familiar de Jamaica (JFPA) y la Asociación de Planificación Familiar de St. Vincent (SVGPPA), ambas Asociaciones Miembro de IPPF, de invertir en la atención adecuada para la prevención del VIH y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.    Para Eugenia López Uribe - Directora Regional para las Américas y el Caribe de la IPPF, «esta coyuntura presenta una excelente oportunidad para mejorar las estrategias de prevención del VIH y mostrar cómo funciona una atención prenatal bien hecha, donde las mujeres tienen acceso a todas las pruebas y tratamientos necesarios, incluidas las pruebas y medicamentos para el VIH. Es una victoria colectiva: para la ciencia, que ha avanzado y muestra su eficacia, y para los responsables de la toma de decisiones que adoptan respuestas al VIH basadas en evidencia.»    La JFPA y la SVGPPA han sido clave en la respuesta al VIH en sus países, ya que han trabajado para integrar los servicios de VIH e ITS en su oferta general de planificación familiar. La JFPA ofrece asesoramiento, pruebas de detección y derivación de mujeres embarazadas en su primera visita prenatal, mientras que la SVGPPA ofrece pruebas de detección y asesoramiento sobre el VIH y las ITS, y ambas colaboran con sólidas organizaciones locales que trabajan en la respuesta al VIH.