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Click here to read this Story in English. El 12 de julio, la Corte Suprema de los Países Bajos validó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Aruba, Curazao y San Martín, enfatizando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola la prohibición constitucional de discriminación. La decisión del tribunal sostiene un fallo de septiembre de 2021, que había sido impugnado por ambos países. IPPF ACRO y FPA instan a los gobiernos de Aruba y Curazao a cumplir prontamente con la decisión de la Corte Suprema, ya que es una cuestión de derechos fundamentales. Asegurar el cumplimiento de este fallo es esencial para la protección y la igualdad de la comunidad LGBTQI+. Después de que el parlamento de Aruba rechazara el proyecto de ley de igualdad matrimonial hace casi un mes, este fallo continúa una tendencia en la región para legalizar y proteger a las poblaciones LGBTQI+. FPA y Famia Plania, miembros de IPPF en Aruba y Curazao, han defendido y apoyado durante décadas los esfuerzos hacia la igualdad LGBTQI+, proporcionando servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como articulación comunitaria. "Este resultado positivo es un gran paso hacia la visibilidad, los derechos y el acceso a la salud, como los servicios sexuales y reproductivos para todas las personas LGBTQI+ en el Caribe Neerlandés. En FPA, estamos profundamente comprometidos con la inclusión, y mientras celebramos este fallo, continuaremos usando nuestras voces para abogar por el cambio social," declara Evelyn Yarzagaray, Directora Ejecutiva de FPA, Asociación Miembro de IPPF en Aruba.

En un momento de crisis profundas y múltiples, es preocupante que la acción de cualquier gobierno se centre en dar marcha atrás en compromisos internacionales ya consolidados, en particular los que reconocen, basándose en pruebas, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son derechos humanos fundamentales, esenciales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y medioambiental. La SDSR -que abarca una serie de cuestiones, como el acceso universal a los servicios y suministros de SSR, la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas como el matrimonio precoz, infantil y forzado- es fundamental para que todas las personas, especialmente las mujeres, las adolescentes y los jóvenes, puedan llevar una vida plena, satisfactoria, saludable y productiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un aspecto crítico de la SDSR, pero una comprensión completa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá del acceso a las instalaciones y servicios de salud. Incluye una serie de acuerdos sociales, legales, institucionales y financieros que permiten a las personas ejercer sus derechos en general y abordar los determinantes sociales subyacentes. En este sentido, nuestra comunidad latinoamericana insta al gobierno de Zambia a revisar su posición y, por el contrario, a mejorar y ampliar los servicios de SDSR, incluyendo el aumento de la financiación en este sector, por ejemplo, invirtiendo en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, ya que la discriminación de género es uno de los principales determinantes de la mala salud y de los resultados no deseados en SDSR. También es clave abordar las desigualdades en el acceso debidas a la pobreza y a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y exclusión social y económica que afectan a diversos grupos de población. Concluimos destacando la importancia de las políticas basadas en la evidencia y, en 2023, los datos indican que las políticas eficaces no son las que se basan en el estigma y la discriminación o en la eliminación de derechos. Por el contrario, las políticas efectivas son aquellas que incluyen, atienden y tratan a todas las personas como sujetos de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva, con el apoyo de un Estado comprometido con la promoción de la ciudadanía y la dignidad humana de su población. Aquí, en IPPF ACRO, seguiremos atentos y siempre dispuestos a contribuir para que los derechos no retrocedan y nadie se quede atrás.   En solidaridad, Eugenia Lopez Uribe Directora Regional para America y el Caribe