Además, en representación del Grupo Principal de Mujeres en el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación del HLPF, Gestos instó a los gobiernos a poner en marcha iniciativas de desarrollo sostenible centradas en las personas: «A partir de la evidencia en el acceso a medicamentos y vacunas, así como en la seguridad alimentaria y las tecnologías para una transición justa frente al cambio climático, es urgente recalibrar el equilibrio de los derechos humanos y el bien público frente a los derechos privados, y para ello es necesario reescribir las normas de protección de la propiedad intelectual a nivel mundial y nacional».
Sin embargo, reescribir las normas no es sólo un llamamiento relacionado con el proceso de propiedad intelectual. Para nosotros significa cambiar las reglas económicas y programáticas que impiden a los gobiernos aplicar políticas eficaces para alcanzar los ODS. En el acceso a los servicios, por ejemplo, la IPPF tiene más de 35.000 puntos de prestación en todo el mundo, pero es muy preocupante que en el 70% de los países en los que trabajamos, la IPPF sea el principal proveedor de servicios de salud sexual y reproductiva. «Esto indica que los gobiernos no están haciendo sus deberes a la hora de llegar a quienes más lo necesitan», explicó Alessandra Nilo, Directora de Relaciones Externas en IPPF ACRO, en su intervención en la conferencia “Advancing Women's Sexual and Reproductive Agency” junto con UNFPA y los gobiernos de Colombia, Sierra Leona, Nepal, Georgia y España, así como la Universidad de Tulane, USAID y el Instituto Guttmacher.
Incluso en países con buenas leyes de salud reproductiva y sistemas de monitoreo -o países que han logrado avances en materia de aborto, como Colombia y México- «IPPF continúa enfrentando desafíos en la implementación y efectividad de esos marcos legales, debido a la escasez de recursos asignados a SDSR, y a narrativas que diseminan miedo, estigma y confusión», continuó.