Es posible cerrar las brechas de desigualdad en Latinoamérica y el Caribe

Hoy se tiene tecnología suficiente para desagregar los datos de población y saber con mayor precisión la diversidad de personas en el mundo y estos datos son fundamentales para crear políticas públicas, leyes y programas que, verdaderamente atiendan las necesidades y fomenten el bienestar de la población.  Sin embargo, en algunas comunidades la desigualdad actúa como barrera para poder medir su composición y necesidades con detalle. Más aún, hay grupos cuyas necesidades y brechas aún siendo más que visibles, continúan sin ser priorizadas.  

Los datos no mienten: hoy, por ejemplo, en el siglo 21, las mujeres tienen un 30% menos de probabilidades que los hombres de tener un empleo, y una mayor probabilidad de ser pobres y llegar a la vejez sin una pensión decente. En cuanto a salud sexual y reproductiva, 18 millones de mujeres en América Latina y Caribe tienen necesidades insatisfechas de anticoncepción moderna. Además, 1500 hospitales especializados en la salud materna y la planificación familiar están situados en zonas costeras propensas a los riesgos naturales, lo que requiere que debatamos cada vez más el vínculo entre la emergencia climática y el acceso a la salud. En un contexto tan duro, los acuerdos firmados por nuestros países sobre Población y Desarrollo merecen la mayor atención posible y deben ser tratados con mucha más responsabilidad por los Estados miembros de las Naciones Unidas. 

A nivel global, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la ruta de acción para “para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo”. En Latinoamérica y el Caribe, desde hace 10 años tenemos uno de los documentos más progresistas para dar seguimiento a la implementación de esta Agenda: el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Con una hoja de ruta tan clara, el poco progreso en materia de derechos y desarrollo vislumbra un compromiso flojo y poco articulado por parte de los gobiernos de la región. 

Si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es urgente que los países prioricen el acceso a salud sexual y reproductiva, la respuesta a la emergencia climática y la erradicación de la pobreza poniendo en el centro a las mujeres en su diversidad y otras poblaciones en riesgo. Para continuar exhortando a los países representantes del sistema de las Naciones Unidas a priorizarlas, una delegación de IPPF ACRO participó en la 5ta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD), organizada por CEPAL entre el 30 de junio hasta el 4 de julio. 

 IPPF ACRO llegó a Cartagena, Colombia, la sede de la CRPD, con una fuerte delegación compuesta por Asociaciones Miembro y Socias Colaboradoras de toda la región.  Como parte de las delegaciones oficiales de los países miembros de la CEPAL, las integrantes del grupo IPPF ACRO exhortaron a los gobiernos a implementar el Consenso en temas prioritarios para mujeres y poblaciones vulnerables.   

La Conferencia ocurrió en un momento extremamente difícil, en el que existe una fuerte necesidad de enfocar esfuerzos y más financiamiento para revertir la triple crisis planetaria y la profundización de las desigualdades. Sin embargo, los resultados mostrados en el informe regional sobre la implementación del Consenso no muestran evidencia de un compromiso real para acelerar el desarrollo de la agenda de población y desarrollo. 

Nuestra región se enfrenta a retos sociales, fiscales y económicos que limitan el desarrollo sostenible: los niveles de pobreza y desigualdad han empeorado, los presupuestos públicos siguen bajo el impacto de la pandemia, y el crecimiento sigue por debajo de su potencial con casi el 18% de la población viviendo con menos de 3,1 dólares al día (nivel de pobreza que supera el de hace una década) y con una deuda soberana que alcanza más del 70% del PIB. ¿Dónde está el compromiso para cerrar las brechas, entonces?

Además de la situación actual preocupante, es innegable que las mujeres en su diversidad, y otras poblaciones en riesgo como personas LGBTIQ+, trabajadoras sexuales, personas viviendo con VIH, juventudes y personas desplazadas son las más afectadas por el lento avance en la implementación del Consenso de Montevideo. Cuando se trata de superar las necesidades reales que tiene la región, los gobiernos siguen reacios a la hora de asumir que deben aportar los recursos necesarios para financiar el compromiso asumido en Montevideo en 2013 y, además, deben reconocer que vivimos una emergencia climática – un tema no puede seguir pasando desapercibido en los compromisos que se firman. 

En este Día Mundial de la Población, en IPPF ACRO nos queda claro que tenemos datos de millones de personas viviendo hoy una realidad desigual, injusta y urgente. Pero, si los gobiernos deciden una y otra vez no financiar las estrategias para cambiarlos, ¿de qué sirven?