En 2022, organizaciones miembros en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile de IPPF Américas y el Caribe (IPPF ACRO) desarrollaron un corredor humanitario para brindar acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva a personas en situación de movilidad en cinco países de la región. Esta iniciativa surgió como respuesta urgente ante la creciente crisis migratoria, agravada por los efectos del cambio climático, la pandemia de COVID-19 y la violencia generalizada. El corredor ofrecía un pasaje más seguro para quienes cruzaban fronteras en busca de protección y condiciones de vida más dignas.
Tres años después, la necesidad de retomar y fortalecer esta iniciativa es más urgente que nunca. A pesar de que los flujos migratorios desde algunos países han disminuido, como lo muestran los datos más recientes de Naciones Unidas y de la actualización trimestral sobre migración mixta en América Latina y el Caribe, las causas estructurales del desplazamiento persisten e incluso se han agravado en 2025: las crisis económicas, la inseguridad, la violencia estatal y las condiciones climáticas extremas siguen empujando a miles de personas a migrar, situación que se ha visto agravada por la política de expulsión de migrantes de Estados Unidos.
En los últimos años no hemos registrado mejoras en las condiciones para las personas migrantes, sino un incremento en los riesgos, la vulnerabilidad y la violencia que viven las personas en movimiento. Un informe publicado en marzo de 2025 reveló que la violencia sexual contra mujeres migrantes en el Tapón del Darién tuvo un alarmante incremento: subió 17 puntos porcentuales en comparación con 2023 y 31 puntos porcentuales respecto al periodo de julio a septiembre de 2022.
Las respuestas de gobiernos de ultra-derecha, como los de Estados Unidos y El Salvador, hacia las personas en movimiento en la región se vuelven cada vez más alarmantes. En Estados Unidos, las recientes redadas de ICE en escuelas, hoteles y centros de trabajo, sumadas a las condiciones inhumanas en los centros de detención, evidencian una política migratoria abiertamente punitiva y excluyente.
Por su parte, en El Salvador, las prisiones han comenzado a recibir deportaciones arbitrarias desde Estados Unidos sin el debido proceso, mientras que el régimen de Bukele ha impuesto condiciones de detención que han encendido alertas entre organismos internacionales por su cercanía con prácticas de desaparición forzada. En ambos casos, la comunidad internacional es testigo de la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes, sin que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas ni garantías mínimas de protección.
En este contexto, y frente al retiro progresivo de muchas organizaciones humanitarias por limitaciones de financiamiento, las organizaciones miembros de IPPF en América Latina y el Caribe (ACRO) sostienen su compromiso de brindar servicios que salvan vidas. A través del corredor migratorio que implementarán Mexfam, Crisálidas, Llaves, Profamilia, AVESA, CEMOPLAF, INPPARES, y APROFA buscan garantizar el acceso a anticonceptivos, atención prenatal y postnatal, atención en casos de violencia sexual y otros servicios clave, con énfasis en puntos críticos como el Darién y la frontera sur de México.
IPPF ACRO está y seguirá firmemente comprometida con brindar atención a todas las personas, en todos los contextos. Sabemos que las necesidades de salud sexual y reproductiva, no se detienen en situaciones de crisis. Las personas en tránsito merecen servicios de salud dignos, accesibles y de calidad. Ahí estará IPPF: presente, solidaria y activa, garantizando derechos donde más se necesitan.
when
region
Americas & the Caribbean
Subject
Climate Crisis, Emergencies
