Defendiendo la Salud Sexual y Reproductiva: La Influyente Presencia de la Delegación de IPPF en la Reunión del Consenso+10 de Montevideo

En conmemoración del décimo aniversario del Consenso de Montevideo, representantes de la sociedad civil y gobiernos de toda América Latina y el Caribe se reunieron el 14 y 15 de noviembre en Santiago, Chile, para conmemorar la adopción del Consenso de Montevideo, fortalecer nuestros lazos y articular resistencia regional contra cualquier intento de retroceso en materia de derechos humanos, reafirmando nuestro compromiso con un futuro donde los derechos humanos sean inquebrantables pilares de nuestra sociedad, con un aumento en su alcance, en lugar de una disminución.

Actualmente la región se encuentra ante un desafío imperativo: preservar los logros fundamentales alcanzados en materia de derechos humanos en un contexto donde los fundamentalismos ganan terreno y la derecha extrema cobra fuerza. Es crucial que tanto las personas individualmente como la sociedad en su conjunto se unan para proteger las libertades y derechos de todas las personas, manteniendo viva la memoria histórica de las luchas por su implementación y protección.

La igualdad de género, la diversidad sexual, la erradicación de la pobreza, el acceso a la salud y la educación sexual, entre otros aspectos fundamentales, no deben ser comprometidos por ideologías extremistas que amenazan la paz y la justicia social.

Durante este encuentro, se presentó la propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo por la Secretaría técnica, y los Gobiernos compartieron sus informes nacionales voluntarios sobre la implementación de los compromisos firmados. En este contexto crucial, IPPF Américas y el Caribe y sus organizaciones miembro estuvieron presentes para demandar la garantía integral de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellos grupos en situaciones de vulnerabilidad en nuestra región, marcada por las desigualdades.

IPPF exhortó a los gobiernos de los países en América Latina y el Caribe a asegurar los recursos suficientes para llevar a cabo las medidas prioritarias enmarcadas en el Consenso de Montevideo, en específico aquellas relacionadas a los derechos y la salud sexual y reproductiva, para garantizar el bienestar y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, infancias, adolescencias y juventudes de la región.

Las estadísticas son alarmantes: en América Latina y el Caribe, el 32,1% de la población total vive en situación de pobreza y el 13,1% en pobreza extrema (según datos de CEPAL, 2022). En 2023, el 50% más pobre de la población se lleva solo el 10% de los ingresos, mientras que el 10% más rico recibe el 55%. En términos de riqueza, la concentración es aún mayor: el 10% más rico acumula el 77% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas cuenta con el 1% (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2022).

Estas cifras subrayan la urgencia de nuestra labor y nos instan a redoblar nuestros esfuerzos para proteger y expandir los derechos humanos en la región, al mismo tiempo que erradicamos toda forma de discriminación y desigualdad social.En relación a los servicios de salud, IPPF ha demostrado que es posible y efectivo implementar servicios que tengan en cuenta las necesidades específicas de hombres, mujeres, adolescentes, personas de la comunidad LGTBQ+, personas que viven con VIH, personas con discapacidad, indígenas y cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad. Los gobiernos firmantes del Consenso de Montevideo deben eliminar cualquier tipo de discriminación en los servicios y garantizar que sean accesibles para toda la población.

Tres áreas demandan nuestra atención inmediata: los matrimonios forzados y tempranos, la participación activa de los jóvenes y el acceso garantizado a educación sexual para todas las personas, permitiéndoles acceder a los servicios que necesitan. Según la UNICEF, en América Latina y el Caribe, una de cada cinco niñas se casa antes de los 18 años y la mayoría queda embarazada antes de los 20 años. Esta cifra, preocupante por su constancia durante más de 25 años, subraya que nuestros esfuerzos como sociedad no son suficientes.

En materia de derechos sexuales de las personas trabajadoras sexuales, IPPF y aliades presentaron durante esta jornada en Chile la nueva Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe donde recordamos la obligación de los Estados a comprometerse con el cumplimiento extenso de los derechos humanos de esta población y la erradicación de toda criminalización y persecución política o social que enfrentan. La Alianza, asimismo, hizo un llamado al diseño y fortalecimiento de políticas públicas relacionadas a la población de trabajadoras sexuales y su desarrollo que reconozcan que, “las trabajadoras sexuales deben viver libres de cualquier estigma y discriminación”.

Es imperativo el fortalecimiento de nuestra colaboración y compromiso con los principios del Consenso de Montevideo como región, entendiendo que solo a través de la unidad y la acción conjunta podremos proteger los derechos fundamentales de todos los habitantes de América Latina y el Caribe, asegurando un futuro donde la igualdad y la justicia sean la norma, no la excepción.

Eugenia Lopez Uribe

Directora Regional IPPF ACRO